El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ahorrará una indemnización de más de 14 millones de euros tras desestimar un juzgado de lo Contencioso Administrativo de esta capital el recurso interpuesto por una empresa que reclamaba esa cantidad a la administración municipal.
Esta sociedad inmobiliaria denunció al Ayuntamiento argumentando ser la propietaria de una parcela afectada por las expropiaciones de la actuación urbanística UZR 04 Tamaraceite Sur, pero el juzgado le deniega ahora ese derecho al no poder demostrar la demandante la propiedad real de esos terrenos, asegura el Consistorio en un comunicado.
La empresa demandante reclamó en octubre de 2013 la cantidad de 14.391.683 euros al Ayuntamiento por el convenio de expropiación de terrenos que puso en marcha el Consistorio diez años antes.
En febrero de 2014, el área de Urbanismo dictó una resolución en la que no admitió a trámite la reclamación de dicha empresa por “falta de legitimación activa”, ya que no presentó ningún documento público de compra-venta de la parcela afectada, según la versión del Ayuntamiento.
Ante esta negativa, la sociedad inmobiliaria recurrió la decisión del Ayuntamiento ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4, que es el órgano que finalmente ha desestimado el recurso y dado la razón al Consistorio.
Según el fallo judicial, la empresa demandante alega que compró la parcela sobre la que pesa una expropiación, en octubre de 2007, a otra sociedad mercantil con la que el Ayuntamiento ya había negociado anteriormente el justiprecio de la finca.
Sin embargo, la empresa demandante sólo aporta un contrato privado de compraventa de los terrenos que la magistrada no considera válido.
“Resulta evidente que el contrato de compra-venta que se intenta hacer valer no reúne las condiciones necesarias para que opere formalmente frente al Ayuntamiento la subrogación de la actora en los derechos de la entidad expropiada”, afirma el fallo judicial, según ha informado el Ayuntamiento.
El responsable de Urbanismo, Javier Doreste, ha reconocido que “se trata de una buena noticia porque significa evitar el pago por parte del grupo de gobierno de una indemnización importante”.
“Confiábamos en que el resultado fuera satisfactorio porque esta reclamación de alguien que no acredita suficientemente la propiedad de un terreno a expropiar no tenía mucho recorrido, como ha demostrado el fallo de la Justicia, que se ha pronunciado en favor de los intereses de el Ayuntamiento”, ha referido Doreste.