El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 ha concedido un plazo de dos meses al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para que explique al sindicato CSI-F los criterios que ha utilizado para realizar las adscripciones del personal municipal a sus puestos de trabajo.
El sindicato CSI-F recuerda que interpuso recurso para la protección de los derechos fundamentales por la opacidad de la Institución municipal a la hora de adscribir al personal a los diferentes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
CSI-F cuestiona el porqué unas resoluciones de adscripción son “definitivas” y otras “provisionales”, que éstas se realicen “con arreglo a los criterios generales aprobados” y, además, que se hagan “de conformidad con las funciones realmente desempeñadas por el personal”.
El sindicato afirma que la Administración municipal lo ha estado realizando de “forma discrecional y sin una motivación aparente” que justifique su proceder.
En opinión de CSI-F, “no se cumplen los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad que deben regir en las administraciones públicas”.
El sindicado no encuentra “justificación” para que, tras casi dos años de estar “sometidos” a la RPT, el Ayuntamiento no haya convocado un concurso de traslados que regularice las adscripciones de los trabajadores municipales y continúe, en la actualidad, “con la mala praxis de realizar los traslados del personal de forma arbitraria”.