El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado el concurso convocado en septiembre de 2014 por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para cubrir la plaza de comisario jefe de la Policía Local. La jueza Esperanza Ramírez ha tumbado las bases de esa convocatoria al entender que el Consistorio sureño vulneró la normativa autonómica sobre la materia, que estipula que el concurso debe celebrarse por el sistema de promoción interna y no por oposición libre, la fórmula elegida por el grupo de gobierno liderado por Marco Aurelio Pérez, de la Agrupación de Vecinos de San Bartolomé-Partido Popular (AV-PP).
La sentencia, fechada el pasado 20 de abril pero conocida este miércoles, afecta al nombramiento como jefe de la Policía Local de Isidro Armas, que tomó posesión de la plaza el 5 de febrero de 2016.
Armas, que es inspector de la Policía Nacional, ya había ocupado el cargo durante poco más de un mes a principios de 2013. Con apenas 33 años, había accedido a la plaza a través de una cuestionada comisión de servicios desde la Brigada de Seguridad Ciudadana del Cuerpo Nacional de Policía. Otro comisario y la Federación de Asociaciones de Jefes de las Policías Locales de Canarias alertaron entonces de que esa vía era ilegal y ocultaba una designación a dedo, impuesta “desde la superioridad”, que eludía la obligación de dar publicidad a la vacante. Además, sostenían que Armas no cumplía con los requisitos para poder ocupar el cargo, al no disponer de una licenciatura universitaria (tiene dos diplomaturas) y formar parte de una escala de la Policía Nacional inferior a la requerida por la normativa.
Ante estas denuncias, el alcalde, Marco Aurelio Pérez, se vio obligado a recular y destituir a Armas como jefe de la Policía Local del municipio, aunque creó un nuevo cargo, el de coordinador del área de Seguridad, para reubicarlo como asesor. Unos meses después, el Ayuntamiento convocó el concurso, ahora anulado, para la provisión de la plaza de inspector, que logró el propio Armas.
En la resolución judicial conocida este miércoles, la jueza da la razón a Comisiones Obreras (CCOO). Además de reconocer el interés procesal “legítimo” del sindicato en actuaciones que afecten a procedimientos selectivos y de personal, se alinea con la tesis de CCOO de que la normativa de aplicación es la autonómica, que dispone que el acceso a la plaza de comisario debe realizarse por promoción interna, y no la estatal, que impone el sistema de oposición libre, abierto a funcionarios de otros cuerpos, como defendía el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
La sentencia recuerda que las competencias en materia de coordinación están atribuidas a las comunidades autónomas y que la ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria equipara los cuerpos de policías locales del Archipiélago al autonómico en lo relativo al sistema de acceso a los puestos. La disposición final tercera de esta norma estipula que la plaza de comisario debe ser convocada por promoción interna mediante concurso público. “Entiendo que esto no conculca de forma alguna la normativa estatal invocada por la parte actora, ya que no puede sostenerse que exista una prevalencia de esta sobre la norma autonómica dictada en el ámbito de una materia de competencia autonómica e incorporada al Estatuto (de Autonomía)”, explica la jueza.
El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Administración Pública de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, ya había advertido en febrero de 2015 al alcalde de San Bartolomé de Tirajana que esa convocatoria era nula de pleno derecho por vulneración del derecho fundamental de acceso en condiciones de igualdad.
Carlos Lemes, portavoz de la Agrupación Sindical de la Policía Canaria de CCOO, recuerda además que para poder optar a la plaza de comisario es necesario tener un mínimo de dos años de antigüedad en el empleo de subcomisario del cuerpo municipal en el que se aspire a concursar, un requisito que el actual jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, no cumplía.
El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha confirmado a este periódico que el Ayuntamiento recurrirá esta sentencia al considerar que la legislación estatal está por encima de la autonómica. La resolución judicial impone el pago de las costas procesales al Consistorio.