El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado otros diez días de plazo a Salvador Alba para que ingrese voluntariamente en prisión para cumplir los seis años y medio de cárcel a los que fue condenado por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad documental. El aún juez, suspendido de funciones y con un expediente de expulsión abierto en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha personado este martes en la sede del alto tribunal canario en la Plaza de San Agustín de la capital grancanaria, para recibir esta notificación de la letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Civil y lo Penal.
Alba recibió el lunes de manos de la Policía la citación para comparecer en sede judicial este martes, bajo el apercibimiento de que, si no lo hacía, se ordenaría su inmediata detención. Acompañado de Pedro Ayala, uno de sus abogados, Alba llegó al Palacio de Justicia a las 10.10, cincuenta minutos antes de la hora a la que había sido citado, y salió sobre las 10.35 sin querer hacer declaraciones a los periodistas que habían acudido al lugar.
El TSJC ya había dado el pasado 12 de enero diez días a Alba para que ingresara voluntariamente en prisión, pero el juez condenado pidió que se le notificara personalmente, trámite para el que hubo que recurrir a la policía judicial a fin de entregarle la citación.
La notificación de este martes concede a Alba el mismo plazo de diez días para el pago de la multa de 12.150 euros que le fue impuesta. En caso de impago en el periodo estipulado, se procederá por la vía de apremio. Es decir, se activará la ejecución forzosa de las cantidades mediante embargo. También se le ha requerido para el cumplimiento de la pena de quince años y seis meses de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo (a presentarse como candidato en procesos electorales) y de 18 años de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores concedidos por el ejercicio de su actividad, así como la incapacidad para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
Suspendido provisionalmente de funciones en julio de 2018, Alba sigue siendo, a día de hoy, juez. Más de dos meses después de que el Tribunal Supremo convirtiera en firme la sentencia del TSJC que lo condenó por conspirar contra la magistrada en excedencia Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, el órgano de gobierno de los jueces mantiene abierto su expediente de expulsión de la carrera judicial. El CGPJ lo inició el 13 de enero y ha dado audiencia, para que se pronuncian, al propio interesado y a la Fiscalía.
Desde que fuera suspendido de funciones y hasta la actualidad, Alba ha venido percibiendo una retribución de más de 1.800 euros al mes del Ministerio de Justicia. El reglamento del CGPJ determina que los jueces podrán cobrar unos emolumentos básicos, sin complementos, durante el periodo en el que estén apartados de la judicatura y hasta que la separación no sea definitiva.
La notificación recibida este martes no hace ninguna referencia a la indemnización de 60.000 euros que Alba debe pagar a su víctima, Victoria Rosell, por los daños morales que le ocasionó por este caso de lawfare, de guerra jurídica con fines partidistas. El juez suspendido ha pedido al Tribunal Supremo que sea el Estado quien asuma ese pago en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estipula que sea así cuando se produzcan errores judiciales. La aseguradora Allianz, no obstante, figura como fiadora del condenado en el procedimiento judicial, ya que Alba tenía suscrito con ella una póliza de responsabilidad civil. Allianz, que además pagó algunos gastos de la defensa en el juicio, como la periciales acústica encargadas a la familia Hellín, quería que primero se reclamara esas cantidades a su asegurado. La sala encargada de la ejecución de la sentencia rechazó esta pretensión y recordó a la compañía que ya había asumido la fianza del juez (85.000 euros) y que, por lo tanto, debe responder al pago de la indemnización.
Salvador Alba fue condenado en septiembre de 2019 por las maniobras que ejecutó durante los meses en los que sustituyó a Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de perjudicar la carrera política y profesional de su antecesora en el cargo, que se había presentado a las elecciones generales en las listas de Podemos, y contribuir al éxito de la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, a la sazón ministro de Industria, Energía y Turismo, presidente del PP de Canarias y rival de Rosell en esos comicios.
El TSJC consideró acreditado que Alba utilizó un procedimiento judicial por fraude fiscal con fines ajenos a los hechos investigados, para tratar de perjudicar a su antecesora en el cargo. Una grabación aportada por el empresario investigado, Miguel Ángel Ramírez, permitió probar las pretensiones del magistrado, que se comprometió a archivar la causa frente al entonces presidente de Seguridad Integral Canaria a cambio de obtener documentación supuestamente comprometedora contra Rosell. Esta conspiración también incluyó el envío al Supremo de informes con contenido falso que sirvieron para que el alto tribunal admitiera a trámite la querella que Soria había presentado en campaña contra su rival política, finalmente archivada.