Han pasado 250 días desde que el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que dos años antes, en septiembre de 2019, había dictado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenando severamente al entonces juez Salvador Alba Mesa. La sentencia le impuso seis años y medio de cárcel, 18 de inhabilitación, 12.500 euros de multa y 60.000 de indemnización a su víctima, la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. 250 días después de que la condena se convirtiera en firme en noviembre de 2021, la justicia sigue sin poder meter en prisión al penado, que disfruta de plena libertad en su casa costera del municipio de Telde, donde hace vida absolutamente normal, la que corresponde a un ciudadano libre.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la que lo condenó en 2019, no ha sido capaz de meterlo en la cárcel desde que en noviembre de 2021 su sentencia adquirió firmeza. Y esto ha sido así, como explicó ante el Parlamento su presidente Juan Luis Lorenzo Bragado, porque los jueces que la componen están siendo exquisitos en las respuestas a cada una de las escaramuzas legales que presenta el penado y su abogado, el madrileño Nicolás González-Cuéllar Serrano. La última de esas escaramuzas tiene fecha 7 de junio pasado, cuando se interpuso un incidente de recusación precisamente contra Lorenzo Bragado por haber dicho en el Parlamento de Canarias que se estaban observando todas las prevenciones frente a las peticiones de Salvador Alba para que jamás pueda alegar indefensión en alguna instancia posterior.
Nicolás González-Cuéllar, el letrado, firmó entonces una alambicada recusación consistente en acusar al presidente del tribunal de una suerte de pérdida de independencia por haberse expresado así en respuesta a una pregunta del portavoz del grupo parlamentario Sí Podemos Canarias en un acto formal de la Cámara regional. La pérdida de independencia alegada por parte del condenado vendría dada por que el partido político Podemos se encuentra aún personado como acusación popular en la causa que condujo a la condena.
La recusación tenía tan poco sentido que no solo las partes la rechazaron, sino que el Ministerio Fiscal, representado en esta causa por quien fuera su máximo responsable en el Archipiélago, Vicente Garrido, calificó tal intento de “abusivo” por estar únicamente encaminado a continuar dilatando la ejecución plena de la sentencia, a la que solo le falta la entrada en prisión del penado, una vez se ha tornado firme la expulsión de Alba de la carrera judicial, que también recurrió dos veces ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ
Pese a la oposición del fiscal y de las partes, el TSJC admitió a trámite el incidente de recusación contra Lorenzo Bragado, lo que obliga a la formación de un nuevo tribunal que lo resuelva en unos meses complicados por las fechas veraniegas que se le han venido encima al proceso, lo cual conduce a pensar que es más que probable que Salvador Alba llegará a septiembre todavía disfrutando de libertad. En septiembre se cumplirán tres años exactos desde que se dictó la sentencia del TSJC que ratificó el Supremo en 2021.
Como ha venido informando este periódico, Salvador Alba y su abogado han desplegado un incesante catálogo de obstáculos ante el tribunal para esquivar el ingreso en prisión. Tras los consabidos recursos a la sentencia del Supremo, incluido uno especial de nulidad por vulneración de derechos y otro al Constitucional en amparo, vino una solicitud de indulto al Gobierno firmada por su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, siempre con la solicitud expresa de suspensión de la condena.
En medio, Alba ha alegado dos enfermedades distintas y por separado, una de ellas con imposibilidad inicial para viajar en avión, lo que le privaría en aquellos primeros momentos de la ejecución de la sentencia presentarse voluntariamente en alguna de las cinco cárceles españolas (todas en la Península) habilitadas para acoger presos de esta categoría, es decir, delincuentes relacionados con la lucha contra la delincuencia.
Todas y cada una de las dolencias alegadas por Alba y su abogado fueron rechazadas por los médicos forenses que las han analizado, no sin antes sufrir tres de las facultativas designadas por el tribunal las correspondientes recusaciones por haber conocido en el desempeño de su profesión a la víctima de los delitos de Alba, Victoria Rosell. En ninguna de esas recusaciones se hizo constar que, por los mismos motivos, todas las profesionales recusadas conocen al autor de aquellas.
Ninguna de las enfermedades que presenta Salvador Alba le impiden en estos momentos ingresar en prisión, según los dictámenes de los forenses del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, a donde fueron a parar tras esas recusaciones.
En cuanto el tribunal resuelva la última de las recusaciones, la de su presidente, si es que no hay más y si no aparece otra carambola, al penado Salvador Alba Mesa le quedará un día para ingresar voluntariamente en prisión. Es el margen que resta del plazo de diez días que le fue concedido y que se paralizó cuando empezaron a aparecer sus enfermedades.