La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón a la familia de un hombre que falleció por una cardiopatía isquémica como consecuencia de una negligencia médica en un centro de salud de Gran Canaria y ha obligado al Servicio Canario de la Salud (SCS) a indemnizarles con un total de 50.000 euros.
La sentencia ha considerado probado que el varón sufrió una mala praxis médica que le costó la vida, ya que, pese a haber sido informado a tiempo de que sufría un fuerte dolor que iba desde el cuello hasta ambos brazos, el doctor que le atendía no procedió a realizar ninguna prueba diagnóstica, ni siquiera las pruebas básicas de auscultación ni de toma de tensión.
En un comunicado, Henríquez y Carnero Abogados, que se ha hecho cargo de la demanda, ha señalado que esta decisión se ha producido ahora, cuando se cumplen seis años del fallecimiento, después de que la reclamación fuera desestimada en primera instancia por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº3 de Las Palmas de Gran Canaria en dos ocasiones.
El fallo apunta a que la falta de atención sufrida por el paciente provocó un daño indemnizable, ya que entiende que con un diagnóstico y tratamiento adecuados “se hubiese evitado muy probablemente” la muerte.
Al respecto, el abogado que ha llevado el caso, Octavio Henríquez, consideró desde el primer momento que “ante los síntomas que presentaba el paciente se le debió efectuar un electrocardiograma, así como otras pruebas diagnósticas que hubieran detectado el infarto que ya padecía el paciente cuando acudió al Centro de Salud de El Calero”.
“Al haber desatendido el médico los protocolos de actuación --continuó-- y no haber leído la historia clínica de su paciente, que tenía un riesgo cardiovascular moderado, se le privó de una asistencia médica correcta de forma intolerable”.
Finalmente, el letrado ha señalado que el médico en cuestión tiene en la actualidad otra causa abierta por un hecho similar en el que la paciente también falleció. “Sorprende cómo el SCS todavía mantiene a este facultativo en nómina y no lo ha suspendido de empleo y sueldo, a sabiendas de sus probadas imprudencias profesionales graves”, ha concluido.