La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) podrá ejercer la acusación popular en el llamado caso Cuarteles, en el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de obras en trece comandancias de toda España, al aceptar la juez que instruye esta causa su personación.
El Juzgado de Instrucción 3 Madrid, que investiga este caso, ha aceptado la personación de la AUGC “dado el objeto del procedimiento”, por lo que la considera “legitimada para ejercer como acusación popular en contra de lo que sostuvieron los investigados”, según ha anunciado la asociación en su perfil de Twitter.
Este martes se conocía que la juez, a petición del fiscal, ha ampliado la investigación de esta causa al ver indicios de un posible delito de cohecho en la actuación de los cuatro investigados, entre ellos el exresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila Carlos Alonso Rodríguez.
En un auto, la juez Isabel Durántez considera que la causa debe ser transformada en un procedimiento ante el tribunal del jurado y cita a los cuatro investigados el próximo día 17 para celebrar la “vistilla” prevista en el artículo 25 de la Ley del Tribunal de Jurado, en la que todas las partes son convocadas para concretar las imputaciones o bien instar al sobreseimiento, y para solicitar las diligencias que consideren necesarias.
La magistrada investiga si, como denunció Asuntos Internos del instituto armado, hubo irregularidades en la adjudicación de obras en trece comandancias de toda España, que no llegaron a realizarse o se hicieron parcialmente tras ser adjudicadas por un valor total de 3,3 millones de euros entre 2008 y 2019 al empresario Ángel Ramón Tejera de León, conocido como Mon y cuyo nombre aparece en el sumario del caso Mediador.