El Juzgado de lo contencioso administrativo número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado el recurso del fiscal Miguel Pallarés contra la orden de demolición parcial de su vivienda en urbanización arrecifeña de La Bufona dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Con esta sentencia, ya son cuatro los recursos que distintos Juzgados no han admitido respecto a otras tantas viviendas en la misma urbanización, también con orden de derribo.
La Agencia ordenó en el año 2013 la demolición de algunos elementos construidos en suelo rústico de valor natural ecológico, como pérgolas, muros o terrazas, de 14 viviendas de ese plan parcial, que a su vez está fuera de ordenación porque fue anulado por el Tribunal Supremo. La Apmun considera que esas obras son ilegalizables, y una de esas casas pertenece al fiscal Miguel Pallarés, que hoy ejerce en Gran Canaria pero que fue fiscal coordinador de Arrecife.
Pallarés recurrió en los tribunales esa orden alegando en primer lugar que era un tercero de buena fe y basándose en tres aspectos: que el expediente estaba caducado, que también había caducado la acción de restablecimiento y que existía una falta de proporcionalidad en la orden de demolición. El Juzgado no le estima ninguno de los argumentos.
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