El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia, que funciona en el partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria como experiencia piloto nacional desde el 1 de octubre de 2021, ha registrado en su segundo año de funcionamiento 607 denuncias, un 66,3 % más.
Según ha informado este lunes en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en este segundo periodo, comprendido entre los meses de octubre de 2022 y 2023, se han incrementado en un 95 los supuestos casos de delitos contra la libertad sexual, con 235 denuncias en el partido judicial, que tiene competencia sobre los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Brígida y San Mateo.
El número de procesos abiertos por delitos contra la integridad moral y maltrato físico y psíquico interfamiliar fue en el último ejercicio de 311, lo que evidencia un aumento del 64,5 % en el volumen de entrada de este tipo de delincuencia.
Según el juzgado, el gran incremento de denuncias ha ralentizado la práctica de pruebas preconstituidas (toma de declaración previa con todas las garantías, que se graba en soporte audiovisual y que es plenamente válida para su reproducción en cualquier fase del proceso, incluida la vista oral), ya que el tiempo de espera se ha demorado a 16 días.
EL aumento en la carga de trabajo también ha obligado a ampliar la sede judicial en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, dotándola de una sala de espera amigable.
El órgano judicial ya cuenta con una unidad adscrita especializada de la Policía Autonómica de Canarias, plenamente incorporada.
Los espacios de relajación y esparcimiento están, igualmente, en proceso de ampliación.
El grupo de investigación que analiza los plazos temporales y el nivel de ansiedad y estrés de las víctimas que acuden al Juzgado ha aportado a la autoridad judicial sus primeros estudios, que concluyen que la creación del nuevo órgano causa “menor dilación” desde la denuncia hasta la práctica de la prueba preconstituida, produciendo “un impacto” positivo “de gran magnitud sobre la Justicia procesal, y, consecuentemente, sobre la victimización secundaria”.
Este grupo de estudio considera que la experiencia piloto de Las Palmas de Gran Canaria “servirá para avalar una nueva política judicial que reduzca la victimización secundaria de los menores víctimas de violencia a través de la creación y dotación de los juzgados especializados adaptados a la infancia y la adolescencia”.
El Juzgado de Violencia contra la Infancia y Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha logrado prorrogar su actividad un segundo año como experiencia piloto nacional gracias al apoyo e impulso de la Sala de Gobierno del TSJC, indica la nota.