La Fiscalía ha solicitado, por segunda vez, la recusación del juez Rafael Lis Estévez en un procedimiento relacionado con el caso Unión, el mayor caso de corrupción en la isla de Lanzarote. El Ministerio Público considera que existen “sospechas fundadas sobre la ausencia de imparcialidad objetiva del juez instructor” y que su instrucción “adolece de un sesgo claro a favor del denunciante y ha sido llevada a cabo a espaldas tanto del Ministerio Fiscal como de los propios denunciados”.
La primera vez que la Fiscalía solicitó la recusación de Lis fue en el caso abierto por la denuncia del juez César Romero Pamparacuatro sobre la sustracción o extravío de una veintena de resoluciones judiciales en el sumario del caso Unión.
La denuncia de Pamparacuatro fue a parar al Juzgado de Instrucción número 3 de Arrecife, el de Rafael Lis, que permitió que se personaran como perjudicados varios de los principales imputados del caso Unión, entre los que estaba Juan Francisco Rosa.
Pamparacuatro solicitó la recusación a principios de noviembre del año pasado, apoyada por la Fiscalía, porque la esposa de Lis, Margarita Alejo, era entonces la abogada de Rosa en el caso de la bodega Stratvs.
El pasado mes de marzo, la Audiencia Provincial ordenó que el juez Lis se apartara del caso de la denuncia de sustracción de autos del caso Unión por tener “interés directo o indirecto en la causa” ante “la posibilidad de que su resultado pueda afectar al llamado caso Stratus, al constar unidos a estos últimos autos varios testimonios de diligencias practicadas”.
El juez Lis se tenía que haber apartado del caso en ese momento pero no lo hizo. Al menos es lo que sostiene la Fiscalía, que subraya que el juez Lis “no atendió al mandato legal que le imponía el artículo 61 de La Ley de Enjuiciamiento Criminal, porque sencillamente no se apartó de la instrucción como le era obligado”.
Según destaca el Ministerio Fiscal, lo que hizo el juez fue extraer de ese procedimiento una ampliación de denuncia que había registrado Luis Lleó, que se enfrenta a una petición de pena de seis años por el intento de soborno al socialista Carlos Espino, en unas nuevas diligencias previas que, según la Fiscalía, deberían ser nulas porque nacen “de una decisión judicial prohibida por imperativo legal”.
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