Una carta de procedencia anónima recibida en el despacho del abogado tinerfeño José Pérez Ventura en enero de 2016 dio lugar a la apertura de una nueva línea de investigación en el caso Gloria, es decir, en la instrucción que revisa la gestión del anterior director general de la Radiotelevisión Canaria, Guillermo (Willy) García.
La carta no ha sido filtrada pero se sabe que en ella se ponía de manifiesto “la posible transferencia de dinero desde Videoreport [productora de televisión que tiene encomendada por concurso los contenidos informativos de la Televisión Canaria] a la excuñada del investigado Guillermo Valentín García Marchiñena…”, y de ella, al investigado.
La jueza asumió la petición de Izquierda Unida, acusación popular representada por el abogado José Pérez Ventura, y ordenó a la Policía y a la Agencia Tributaria “el volcado general de los datos que figuren en su base de datos” de la sociedad anónima de la que es titular la excuñada de Willy García, así como todos los movimientos de sus cuentas bancarias.
Se trataba de averiguar si, como decía el anónimo comunicante, la excuñada de Willy García, había ejercido de intermediaria para canalizar pagos sospechosos de Videreport Canarias al ya exdirector general de la Radiotelevisión pública. La investigada en cuestión, efectivamente, fue novia de un hermano de García hace unas dos décadas, pero el hecho de que mantuviera abierta su cuenta corriente en la entidad en la que trabajaba su expareja alimentó aún más las sospechas de los intrépidos investigadores.
El auto ordenando estas indagaciones llegó inocentemente a manos de algunos periodistas que, de inmediato, lanzaron informaciones que hablaban directamente de pagos sospechosos, de mordidas de Willy García a través de tan enigmática mujer. El escándalo crecía en intensidad.
El informante anónimo que tanto sabía de esos pagos sospechosos (30.000 euros en un año) debía saber también que la mujer que puso en el candelero judicial y mediático es maquilladora profesional, y que a tal fin constituyó en su día una sociedad limitada a través de la cual facturaba a sus clientes, entre otros Videoreport Canarias. Esos 30.000 euros correspondían al maquillaje de presentadores y presentadoras todos los días del año en los informativos de la Televisión Canaria, servicio que presta por contrato la referida productora Videoreport Canarias.
La jueza aceptó el anónimo que aportaba Izquierda Unida, ordenó las indagaciones que se proponían y, con aquellos mimbres, ordenó que citaran a declarar a la maquilladora. El resultado ha sido que con fecha 27 de septiembre de 2016, es decir, tras siete meses de indagaciones, gastos y un asesinato mediático de la mujer, se decretara el sobreseimiento de la causa respecto a ella.
Atrás quedaron atronadores titulares y afirmaciones periodísticas del tipo siguiente: “Nuevo giro en el caso Willy. El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz investiga dos transferencias bancarias sospechosas que suman unos treinta mil euros realizadas por la empresa adjudicataria de los Servicios Informativos de la Televisión Canaria, a la empresa de la ex cuñada de Willy García”. Por supuesto, ninguno de los medios que escandalizó los ojos y los oídos de sus seguidores ha publicado ni una sola línea de este sobreseimiento. Y tienen el sumario actualizado día a día.
Pero esa carta de autoría anónima no es la única pista de dudosa credibilidad que ha activado al juzgado y a la Policía para abrir indagaciones a diestro y siniestro sobre cualquier cosa que tenga que ver con la gestión de Willy García, por muy disparatada que pueda parecer. Indagaciones acompañadas todas ellas de los correspondientes titulares y boletines horarios siempre en los mismos medios informativos.
Varios testigos cuya identidad permanece oficialmente en el anonimato pero que son sobradamente conocidos en el sector audiovisual canario y en los medios informativos, han lanzado una gran cantidad de acusaciones contra Willy García y su entorno que han escandalizado a los agentes policiales que intervienen. Son acusaciones sin sustento documental alguno, a veces simples rumores o chascarrillos, comentarios escuchados aquí o allá, que obligan a la jueza, acto seguido, a ordenar que se investigue para verificar una a una esas informaciones.
Así, se ha podido leer estos días en los mismos medios que airean el sumario que “el exjefe de Producción de RTVC se adjudicó contratos por 3 millones”, según un informe policial, lo que se debía traducir en la aportación de hojas registrales que permitieran confirmar que ese exalto cargo de la televisión pública es o era en aquellos momentos poseedor de participaciones en una productora a la que contrataba. Si es que contrataba, porque a la vista de los estatutos de RTVC, tanto Willy García como su sustituto, Santiago Negrín, han sido y son los únicos con capacidad legal de contratar, adjudicar y ordenar pagos. Hasta el momento, solo se sabe que la Policía vertió esa supuesta afirmación en su informe basándose en testimonios de personas anónimas.
Otro titular de estos días relataba que Willy García “visitaba a escondidas la productora más favorecida por RTVC”, en referencia a Doble Diez Canarias, de la que es administrador Santiago Falcón. “A escondidas” vendría a significar que el director general de un ente público no podría visitar de manera formal las instalaciones de una productora a la que tiene contratados varios programas que se emiten en la parrilla de la televisión que dirige.
En la misma línea, otro medio destacó que “una trabajadora de Doble Diez declaró en la investigación que ”Willy García y Santiago Falcón eran íntimos amigos“. Una relación que se hacía patente en las ”muchas visitas que Falcón realizaba a García en la sede de la Televisión Canaria en Tenerife“ (sic).
Y una acusación bastante alejada de las previsiones del Código Penal: “Willy García y Rubén Fontes ”ayudaron a destruir“ el mercado audiovisual canario”, cuando la realidad es que desde que se cambió el procedimiento de contratación de programas y de retransmisiones, justo en 2007 con la llegada de García a la dirección del ente, empezaron a contratarse directamente productoras que, con anterioridad, debían pasar por el proveedor único, Socater, que desde el comienzo de emisiones de la cadena y hasta aquel año tenía la exclusividad para explotar informativos, programas de entretenimiento y gestión publicitaria sin someterse a concurso ni reglas de contratación públicos.
Una providencia de la jueza a la Policía ordenando la realización de una indagatoria con “todo el historial” del ex director de Producción de TVC, Rubén Fontes, ha dado como resultado un informe aportado a la causa que ya ha sido divulgado por los mismos medios informativos con afirmaciones muy llamativas. Además de esa en la que se le atribuye la auto-adjudicación de contratos por casi 3 millones de euros, se asegura que Fontes llegó a pagar con su dinero, ¡pero en metálico!, los 700 euros del alquiler de su vivienda y otra cantidad superior al concesionario donde realizó una revisión de su coche particular.
Ante los llamativos hallazgos de estas pesquisas policiales, y al igual que hiciera con la maquilladora sospechosa, la jueza ha llamado a declarar a Rubén Fontes, a Santiago Falcón (Doble Diez Canarias) y a Raúl Rivero (Siete Mares) para que se defiendan de tales acusaciones. Fontes venía solicitando sin éxito su personación en la causa desde noviembre del año pasado, cuando afloraron los primeros titulares periodísticos. Ahora tendrá ocasión de dar su versión.
Desde la llegada del nuevo director general, no ocupa ningún puesto de responsabilidad en la Televisión Pública, pero tras de sí dejó algunas decisiones que ahora se ponen en entredicho, como la de proponer la contratación de varias productoras para la realización de retransmisiones en directo de acontecimientos deportivos, culturales y sociales. Entre otras productoras, Fontes contrató a Siete Mares, que sigue siendo contratada a día de hoy, dos años después, por el mismo procedimiento y la misma modalidad de contrato que firmaba Willy García.
Santiago Falcón, director general de Doble Diez Canarias, será llamado a declarar para que explique cómo es posible que durante la etapa de Willy García lograra contratar programas de entretenimiento (los de mayor éxito de audiencia de la cadena) como venía haciendo desde que produjo La Guagua en los inicios de la televisión pública, o como continúa haciendo ahora bajo la presidencia de Santiago Negrín.
El administrador único de Siete Mares, Raúl Rivero, deberá explicar sus relaciones con Rubén Fontes y si es cierto o no que no poseía unidades móviles en el comienzo de las contrataciones aun teniendo tanto entonces como a día de hoy como socio de su empresa a Audiovisuales Canarias, la primera compañía en montar industria de ese tipo en el archipiélago.
Testigo protegido y favorecido
Mientras tanto, el anónimo denunciante más conocido por la Policía y por todo el sector audiovisual como Nacho Brea, de Brea Producciones, sigue estacionando de modo permanente sus unidades móviles en el aparcamiento público del Gran Canaria Arena, propiedad del Cabildo de Gran Canaria, sin abonar ni un solo euro por el espacio que ocupa, por la luz que consume cuando realiza tareas de mantenimiento o por la seguridad privada que le garantiza la integridad de su equipo.
Fuentes oficiales aseguran que tiene un permiso verbal para hacerlo y que no consume más que el espacio que ocupa. Justifican esa autorización en el hecho de que una vez cada quince días realiza desde el Gran Canaria Arena una retransmisión deportiva. Los catorce días restantes sus equipos técnicos permanecen ahí custodiados por vigilantes de seguridad privados que paga la Corporación insular.