El médico que falseó la historia clínica de su expareja le bloquea una deuda que la envía a la cárcel

Laura García (nombre ficticio) lleva casi una década luchando ante las diversas formas de violencia ejercida por parte de su exmarido, el médico Sergio Hernández. Fue condenado por un delito de violencia de género (por vejaciones) en  2014, año en el que se iniciaron los trámites de divorcio, y por otro delito de descubrimiento y revelación de secretos al manipular la historia clínica de su expareja durante dicho proceso de separación y mientras tenía una orden de alejamiento. Ahora, ella relata que se encuentra viviendo las consecuencias de otro tipo de violencia más invisibilizada, la económica, que consiste en mermar los recursos económicos de las víctimas, haciéndolas dependientes y dificultando su capacidad para subsistir. Hernández le debe a García 260.000 euros (reconocidos judicialmente en concepto de una vivienda), pago que lleva desde 2018 dilatando y con el que ella podría hacer frente a una indemnización que debe abonar a la Seguridad Social para evitar ingresar en prisión por otra causa en la que ella fue condenada. 

Fue en 2007 cuando Hernández reconoció adeudar a García la cantidad de 260.000 euros por valor de la mitad de una residencia que era propiedad de ella y de su primer marido y que Hernández adquirió en 2004 por debajo del precio en el que estaba tasada. Además, existe otro escrito en el que se manifiesta que, si en el futuro se divorciaban, la vivienda se repartiría entre ambos o se procedería a su venta. Pese a esos documentos, él intentó alegar que su exmujer “nunca abonó el dinero para adquirir el inmueble ni las mejoras efectuadas en el mismo”. El juzgado de primera instancia número siete de Las Palmas de Gran Canaria declaró la nulidad de dicha escritura de reconocimiento de deuda. Sin embargo, esta decisión fue recurrida y estimada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial en 2018. La Sala dictó entonces que Hernández debe cumplir con lo pactado y abonar a la demandante 260.000 euros más los intereses. Una sentencia que ya es firme al inadmitir el Supremo un recurso presentado.

El juzgado de primera instancia número 7 acordó embargar el sueldo de Sergio Hernández para el pago de esta deuda, pero no ha ordenado el embargo de la finca. El médico, por su parte, ha presentado un concurso voluntario de acreedores a fin de justificar que se encuentra en situación de insolvencia y evitar que se le embargue su salario y tratar de demostrar que no puede pagar esa deuda. En un primer escrito, la defensa de Hernández alegaba que su cliente se encuentra en estos momentos desempleado, siendo en los últimos años autónomo (aunque en realidad es médico adscrito al Servicio Canario de Salud) y que no puede afrontar las deudas porque los pasivos superan a los activos. También se recoge en ese primer escrito que la competencia en este caso la tienen los tribunales de lo mercantil de Sevilla, pese a que reside en Gran Canaria. 

Posteriormente, se rectifica y añade a su lista de acreedores la deuda contraída con Laura García, que sitúa en 340.000 euros. También incluye cinco deudas bancarias, además del dinero que debe a abogados, al Ministerio de Justicia, entre otras. Entre ellas, se encuentran dos cargas hipotecarias que solicitó en su día para abonar la vivienda. La defensa de Laura García alegó el pasado 20 de julio que la expareja de su cliente pasó de cuatro a nueve acreedores y que entre los créditos que tiene pendientes se encuentra una deuda contraída sin intereses con un familiar muy cercano. También hace alusión a que el salario percibido por Hernández, médico con más de 30 años de profesión,  es “bastante superior” al que alega él; de más de 5.000 euros mensuales. Considera la defensa que con todo ello se está tratando de perjudicar a Laura. 

Este periódico ha intentado recabar la versión de Sergio Hernández sobre esta información, pero nos ha remitido a sus abogados para cualquier aclaración, aunque después admitió que se trata de su “vida personal” y que es un ciudadano que intenta defenderse. Según el médico, la información de la que disponemos “está muy sesgada” y “no se corresponde con la realidad” tras el cuestionario enviado por escrito. Insiste en que muchas de sus deudas son por su expareja y que “violencia económica es dejarme miles y miles de euros de deuda”. También asegura que no puede pagar ese dinero para “pagar sus deudas más su condena de ahora de ciento y pico mil euros”.

Denuncia por violencia de género y largo divorcio

Durante el proceso de divorcio de 2014 se produjeron diversas denuncias por parte de Laura García hacia su ahora expareja, algunas no prosperaron, pero otras sí como el delito de vejaciones por el que se le impuso como “medida cautelar urgente” una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante seis meses. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas entendía que las manifestaciones de la víctima fueron “contundentes”, por lo que se tomaba esta medida con el fin de “preservar la integridad física y psíquica” de la víctima, e incluso “su vida”. García ha llegado a relatar que su expareja la maltrataba reiteradamente y que en una ocasión la llegó a apuntar con un arma. 

Pese a esta condena y a que el proceso de divorcio continuaba, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha considerado probado que en 2014 Hernández accedió al historial médico de su exesposa, con la que mantenía “importantes desavenencias”, y añadió sin base médica dos patologías – personalidad narcisista y trastorno esquizoide de la personalidad- con el propósito de perjudicarla en el proceso de divorcio. Por este caso, que publicó Canarias Ahora en 2016, el facultativo fue condenado a dos años de prisión en el año 2021. La Justicia lo condena además como autor de este delito de descubrimiento y revelación de secretos a indemnizar a su expareja con 10.000 euros y declara la responsabilidad civil subsidiaria del Servicio Canario de Salud en el abono de esta indemnización. Sin embargo, esta condena no supuso su inhabilitación y actualmente sigue ejerciendo como médico. 

La víctima relató en el juicio por esa causa que se percató de la manipulación de la historia clínica el 29 de junio de 2015, cuando acudió por un cuadro de ansiedad al ambulatorio de Tafira y la doctora se refirió a varios trastornos mentales que figuraban en su base de datos pero que la denunciante no padecía. “Lo ha utilizado en un procedimiento judicial (para la guardia y custodia de un menor), lo ha llevado a una psicóloga, lo ha enseñado a mis vecinos, a mi familia…”, dijo entonces. Durante la vista, un testigo sostuvo que el médico que alteró la historia clínica de su exmujer se jactó de haberlo hecho “para joderla”.

Mientras se producían estos hechos, el proceso de divorcio seguía su curso. El juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Las Palmas acordó en 2016 la disolución del matrimonio estableciendo que la hija menor quedaría bajo la guarda y custodia de ambos progenitores y que “teniendo en cuenta el interés familiar más necesitado de protección, se asigna el uso de la vivienda al padre”. Entre otras cuestiones, se fija que Laura García deberá abonar 200 euros mensuales en concepto de pensión por alimentos a Sergio Hernández. También detalla sobre los gastos extraordinarios, que cada progenitor deberá contribuir al 50%.

Esta sentencia fue recurrida y la Sección Tercera de la Audiencia de Las Palmas, si bien determinó que la custodia compartida no era contraria al interés de la menor, sí que consideró que no había razones para considerar que Hernández era el progenitor más necesitado de la vivienda familiar, en especial, teniendo en cuenta que la niña pasaría la mitad de su tiempo con ambos cambiando de domicilio. Esta sentencia de 2017 también deja sin efecto la obligación de la madre de pasar esos 200 euros de pensión alimentaria. 

La condena que Laura pudo saldar con su parte de la casa

En 2013, Laura García conformó una sociedad junto a su madre y pusieron en marcha un restaurante en una conocida calle de Las Palmas de Gran Canaria. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas consideró probado en marzo de 2022 que contrató a diversos empleados y contrajo una deuda con la Seguridad Social de 3.825,17 euros el año 2013, 90.954,37 el año 2014 y 20.117,61 el año 2015. El magistrado considera que para “aumentar el rendimiento económico de la actividad y con desprecio al paralelo perjuicio que ocasionaría a la caja de la Seguridad Social, maquinó un sistema de sucesión temporal de empresas a fin de evitar el pago de las cuotas que se fueran devengando con cada una de ellas”.

En 2014 (durante el proceso de divorcio, en el que se producen hechos como la orden de alejamiento o la manipulación de su historia clínica) se constituyó una nueva sociedad. La sentencia detalla que para que la nueva sociedad continuara con la misma actividad, Laura García traspasó a siete trabajadores de la primera a la segunda y contrató a dos nuevos trabajadores y que todo ello supuso una deuda con la Seguridad Social de 2.617,6 euros en 2014 y 4.932,24 en 2015 quedando íntegramente impagas tanto estas cantidades como las devengadas con la empresa anterior. “Todo ello ha supuesto una defraudación de 122.446,99 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social”, resume. 

El fallo dicta una pena de dos años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo así como para administrar sociedades durante el tiempo de la condena, y multa del duplo de la cuantía defraudada, que asciende a 244.893 euros. También añade que de resultar impagada, se sustituirá por nueve meses de responsabilidad personal subsidiaria, y abono de las costas. Se le impone además la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante seis años. Y deberá indemnizar a la Tesorería de la Seguridad Social con 122.446 euros. 

Amenazas por SMS

Durante la etapa en la que tenía abierto el restaurante, Laura García explica que no paró de recibir denuncias por diversos motivos y que la Policía Local se encontraba constantemente en el local. En unos mensajes de texto (Laura lo tiene bloqueado de redes como WhatsApp) Hernández la llega a amenazar: “Si me vuelves a meter en el juzgado, mal asunto, tengo una legión pretoriana que me defiende”. Y le añade que no quiere más peleas, pero que si sigue apartando a la menor de su vida “que dios te perdone”. Según él, no había mala fe y reduce esas palabras a “advertencias”.

Ella le recuerda en esos SMS que se intercambiaron que ya él perdió en los tribunales el caso de la deuda de la vivienda y la manipulación de su historial clínico, a lo que él responde: “Si, claro, ¿estoy en la cárcel, verdad? ¿Estoy sin trabajo?” Y Laura le responde que eso no lo han pedido nunca. En un mensaje, ella le señala que tiene una caja llena con todas esas denuncias al restaurante y él admite que “algunas denuncias por mi cabreo al no cumplir tu pacto conmigo. Y eso no se hace”. 

Pendiente del recurso de súplica

La defensa de García presentó el pasado 21 de julio un recurso de súplica ante la ejecutoria de sentencia por la que puede entrar en prisión esta semana. En el escrito se alega el escabroso proceso de divorcio que ha sufrido Laura. También se hace alusión al reconocimiento de deuda que tiene su exmarido de 260.000 euros, importe con el que ella podría haber saldado su deuda y eludir la prisión. Sergio Hernández, paralelamente, ha presentado ese concurso voluntario de acreedores bloqueando el pago de esa deuda.  

En el documento de súplica enviado la pasada semana por la defensa de Laura García, se recuerda que en todos estos años el juzgado no ha acordado el embargo de la finca y que el derecho de Laura a “responder sobre sus deudas con todos sus bienes, presentes y futuros, ”se ha visto frustrado“ por su expareja ”quien en un beneficio propio busca menoscabar el derecho de cobro“ de ella. La defensa de Laura también expone que se desconoce si Hernández ”ha disminuido su patrimonio o ha creado una aparente situación de insolvencia para evitar pagar su deuda“. 

También apunta que el facultativo “sí que tiene conocimiento de la situación de su expareja porque fue condenado al pago de 10.000 euros” en concepto de indemnización a Laura y sobre ese importe se acordó “el embargo a favor de la presente ejecutoria”. Así mismo, se expone en ese escrito que Sergio Hernández  conoce que si su expareja no abona la indemnización a la Tesorería de la Seguridad Social, la consecuencia es su ingreso en prisión. 

La defensa recuerda que el Ministerio Fiscal se ha opuesto a que se revoque la suspensión de la condena, pero la Tesorería interesa el ingreso en prisión “entendemos que en un puro ejercicio de insensibilidad, al constarle debidamente acreditada que la condenada tiene un derecho de crédito sobre un inmueble que salda definitivamente su condena impuesta y les consta que no es por ausencia o insuficiencia de patrimonio”. 

La complicada situación de Laura

En el escrito de súplica también se recuerda que su ingreso en prisión no beneficiará de modo alguno a la Tesorería de la Seguridad Social ya que la deuda se ejecutará “tarde o temprano” y se liquidará la condena. Por ello, la defensa insiste en que su representada viene sufriendo por parte de su exmarido “toda suerte de situaciones que impiden temporalmente que se pueda ejecutar” con el “único objetivo de seguirla perjudicando”. 

Además, se ha hecho referencia a que en la actualidad Laura se encuentra encargada de cuidar a su madre, enferma crónica avanzada y dependiente, una situación que ha ido empeorando y que acredita con informes médicos. También se encuentra a cargo de su hija menor.

El médico que firmó las bajas del juez Alba

La expareja de Laura es el médico que a su vez firmó las bajas del exjuez Alba (condenado por sentencia firme a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial) en su intento de ralentizar su entrada en prisión, donde ya se encuentra cumpliendo su condena. El facultativo no era su médico de cabecera, trabaja en un centro de salud de Las Palmas de Gran Canaria y no pasa consulta privada. Además, el juez corrupto vivía entonces en Telde.  La Audiencia Provincial de Las Palmas ya condenó a Sergio Hernández a pagar a la empresa editora de Canarias Ahora las costas judiciales por su demanda fallida de protección del honor tras publicar este periódico que falsificó la historia clínica de su exmujer para añadir patologías psiquiátricas en pleno proceso de divorcio.