El Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella de la fiscala Evangelina Ríos contra el empresario Miguel Ángel Ramírez por delitos de insolvencia punible y contra los derechos de los trabajadores en relación con la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), de la que actualmente es administrador Héctor de Armas, también incluido en este procedimiento. El entorno del empresario se ha apresurado a declarar que Ramírez se siente acosado por la Fiscalía y que la denuncia es una “sucesión de interpretaciones maliciosas”.
La fiscala sostiene que, para no atender al pago de varias deudas contraídas con la Seguridad Social, “se han realizado una serie de acciones por parte de Miguel Ángel Ramírez y las personas que ha utilizado como meros detentadores de sus participaciones sociales en distintas empresas, por él creadas y bajo su superior supervisión, para lograr desviar los fondos y bienes de SIC a estas otras empresas, y así poder justificar una situación de insolvencia, y la presentación de declaración de proceso concursal que el Juzgado de lo Mercantil número 2 con fecha 3 de enero de 2018, acordó”.
La empresa informó el pasado junio de 2018 la presunta venta de acciones de Ramírez en Seguridad Integral Canaria a De Armas, que había sido administrador único desde 2011. En ese mismo comunicado, además, aseguraban haber llevado a cabo una “muestra de transparencia con los representantes de los trabajadores”.
El empresario dice sentirse “tranquilo” y seguro de que “en el momento procesal oportuno podrá demostrar que el contenido de la querella no se ajusta a la realidad” y, por tanto, cree que podrá “demostrar su inocencia”. No es la primera vez que la fiscala Ríos intenta procesar a Ramírez por insolvencia punible. Ya lo intentó en otra causa en Instrucción 8 del mismo partido judicial, pero la causa fue finalmente archivada por la Audiencia Provincial de Las Palmas.
La Fiscalía considera que la “venta de acciones de la que era titular SIC en la Unión Deportiva (UD) de las Palmas, de las que se acordó su embargo con fecha 9 de noviembre de 2017, no pudo llevarse a efecto, al haberse vendido las acciones por SIC a Miguel Ángel Ramírez”.
La querella relata que “tal venta se hizo en fraude, argumentándose una serie de cuestiones, así la misma se hizo por importe del valor nominal de cada acción, pese a que el valor real de las mismas era superior, teniendo en cuenta el balance de la UD, que arroja un saldo superior”.