El juez da por cerrada la causa por fraude contra Seguridad Integral Canaria, contaminada por el juez Alba

El juez de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, ha decidido procesar al empresario Miguel Ángel Ramírez y al que fuera administrador de Seguridad Integral Canaria, Héctor de Armas, como posibles autores de un delito de fraude tributario y contra la Seguridad Social. Se trata de las diligencias previas 644/2014 en las que intervino en 2015 y 2016 el juez Salvador Alba y que usó para tratar de incriminar a la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Por ello resultó condenado a seis años y medio de cárcel como autor de los delitos de cohecho, prevariación y falsedad documental.

En un auto facilitado este viernes por el Tribunal Superior de Justiciad de Canarias, el juez Díaz Tejera ha solicitado a la Fiscalía y a las demás partes personadas que formulen sus correspondientes escritos de acusación o de solicitud de archivo del caso.

En el auto que da por concluida la instrucción de este caso, que puede ser objeto de recurso de forma en un plazo de tres días, el magistrado pide que se inicien los trámites como procedimiento abreviado por considerar “razonable” la acusación. Se fundamenta exclusivamente en los criterios de la fiscal Evangelina Ríos, que ha participado desde los inicios en la investigación, incluida la fase en la que intervino el juez Alba.

Según la querella de la Fiscalía que dio origen a la causa, Seguridad Integral Canaria eludía “importantísimas” cantidades a la Agencia Tributaria, al disfrazar de dietas el abono de las horas extraordinarias de sus trabajadores durante los años 2009 a 2013, señala el auto en sus antecedentes de hecho.

Además de Victoria Rosell, que abrió las diligencias, y de Díaz Tejera, que las da por concluidas, por la 644/2014 han pasado otros jueces, como Salvador Alba, Carla Vallejo y varios magistrados que han actuado como sustitutos. Parte de las actuaciones fueron anuladas por la Audiencia Provincial al quedar contaminadas por la intervención de Salvador Alba, que fue condenado a seis años de porque ofreció beneficios a Ramírez a cambio de que declarara en cuestiones que perjudicaran a la primera instructora, Victoria Rosell, cuando fue candidata de Podemos al Congreso en 2015 y beneficiar a la querella que el candidato del PP por Las Palmas, José Manuel Soria.

Ramírez grabó una conversación en la que el magistrado le ofrecía beneficios en la causa a cambio de incriminar a Victoria Rosell. El empresario entregó la grabación en el mismo juzgado que ahora lo procesa, lo que dio lugar a la condena a Alba, actualmente separado de la Administración de Justicia.