El Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado otro contrato menor de asistencia jurídica externa por importe de 14.750 euros. En esta ocasión, el elegido es el despacho de abogados Gómez Acebo y Pombo y su cometido es tratar de salvar los presupuestos municipales de 2019, que fueron prorrogados en 2020, el primer año de la pandemia. Aunque hasta ahora no había trascendido, una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en abril de 2021 anuló la aprobación de esas cuentas por falta de negociación con los representantes de los trabajadores. El recurso fue presentado por CCOO y UGT, sindicatos que denunciaron las “arbitrarias” mejoras salariales incorporadas en esos presupuestos.
De los aproximadamente 350 empleados públicos del consistorio sureño (entre funcionarios y personal laboral), fueron 30 los beneficiarios de esas subidas retributivas, concretadas a través de un incremento del complemento específico. Y entre esa treintena de agraciados se encontraban familiares de la alcaldesa, Onalia Bueno, y de cuatro concejales del grupo de gobierno, entonces formado por Ciuca y por el PSOE, además de integrantes de la lista electoral encabezada por la actual regidora en las elecciones de 2015, tal y como advirtieron los sindicatos CCOO, UGT y CSIF y los partidos de la oposición, PP y Nueva Canarias.
Las cuentas salieron definitivamente adelante en abril de 2019, un mes antes de las elecciones municipales en las que Ciuca obtendría mayoría absoluta, a pesar de que no pudieron votar en ese pleno, por incurrir en causa de abstención, tanto la alcaldesa como sus compañeros de partido Juan Carlos Ortega y Alba Medina. Sí pudieron apoyar esos presupuestos Grimanesa Pérez (Ciuca) y Artemi Artiles (PSOE), pese a que el cuñado de la primera y el suegro del segundo también iban a beneficiarse de esa decisión. ¿La razón esgrimida por el gobierno municipal? Ni la hermana de la concejala ni el edil estaban casados con sus respectivas parejas.
Ante las críticas de sindicatos y oposición, Bueno defendió que las mejoras venían a “compensar las malas condiciones laborales” de trabajadores como Francisco Javier Bueno, su primo, que veía incrementados sus emolumentos hasta los cerca de 15.000 euros anuales. “Es más que merecido”, dejó por escrito la alcaldesa al informar de la causa de abstención. Lo cierto es que no era la primera vez que su familiar directo se veía favorecido. Ya en 2015, a los pocos meses de que la actual alcaldesa asumiera por el bastón de mando, ese complemento específico se le había subido hasta los 9.000 euros con carácter retroactivo.
Ese primer incremento de pluses que beneficiaba al primo de la alcaldesa y a otros trabajadores de la corporación sureña fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dos años más tarde, en 2017. Fue la Dirección General de Función Pública del Gobierno regional quien advirtió, en el ejercicio de su labor de fiscalización de la actividad económica de las administraciones locales, de las irregularidades en las que había incurrido el Ayuntamiento de Mogán. La justicia confirmó la nulidad de pleno derecho y la arbitrariedad de esa decisión del gobierno encabezado por Onalia Bueno, que en ningún momento acreditó que concurrían los supuestos que la legislación establece para poder otorgar esas subidas salariales, esto es, la especial dificultad técnica, dedicación o responsabilidad del puesto de trabajo o la incompatibilidad para el ejercicio de otras actividades.
Complementos bajo lupa judicial
El equipo de la Guardia Civil que investiga la presunta trama de compra de votos por parte de Ciuca en las elecciones municipales de 2015 y 2019 fue un paso más allá. En un informe remitido en mayo del año pasado al juez instructor, aprecia indicios de una “conducta criminal”. La tesis de la policía judicial es que la alcaldesa utilizó esos incrementos del complemento específico, que oscilaban entre los 9.000 y los 30.000 euros al año, para “premiar” a un grupo de trabajadores públicos por su colaboración en la tarea de “captación y tramitación fraudulenta del voto” para el partido de Bueno en esos comicios, por su “simpatía” hacia la formación o por las “relaciones personales o familiares” con algunos miembros de la trama.
La finalidad de ese expediente era, según la Guardia Civil, “sustraer y desviar dinero ocultando la malversación de dinero público” para “recompensar a un número determinado de empleados públicos” por “la voluntad personal” de Onalia Bueno. Los investigadores entienden que se debe imputar a una veintena de personas, entre ellas la alcaldesa, por la presunta comisión de los delitos de prevaricación, malversación, nombramiento ilegal y tráfico de influencias. Los incrementos de complemento específico constituyen, de hecho, el objeto de una de las piezas separadas en las que el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger, titular del Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, ha desglosado la causa del pucherazo.
Durante la declaración como testigo de Isabel Santiago, portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán y una de las denunciantes de la trama de compra de votos, el juez se interesó por los pluses aprobados por el Consistorio tanto en 2015 como en 2019 y pidió a la concejala de la oposición que diera nombres y apellidos de las personas beneficiadas.
Sentencia y contrato a Gómez Acebo y Pombo
La sentencia que anula los presupuestos de 2019, sus bases de ejecución y la plantilla fue notificada en mayo de 2021. La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó el recurso de los sindicatos CCOO y UGT y recordó la exigencia legal de negociar con los representantes de los trabajadores cuando se modifican las condiciones de trabajo de los empleados públicos con ocasión de la aprobación de los presupuestos.
El fallo destaca que el Ayuntamiento de Mogán “no niega ni siquiera” la inexistencia de la negociación colectiva. Aducía la corporación que no era necesaria, puesto que se trataba de una modificación de la plantilla y no de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La Sala rechaza ese argumento: “Con independencia del instrumento que utilice la administración para llevar a cabo una modificación de retribuciones complementarias es preceptiva la negociación”.
A los dos meses de recibir la sentencia, el gobierno municipal ya se había hecho con los servicios del despacho de abogados Gómez, Acebo y Pombo para recurrirla. La responsable de los servicios jurídicos municipales se escudaba en “el insuficiente personal adscrito al departamento”, así como “la especialidad en la materia” y la “dificultad técnica” de preparar un recurso de casación, para justificar la externalización de la defensa legal del Ayuntamiento. El mismo argumento que ha utilizado en ocasiones anteriores, como cuando adjudicó otro contrato menor de 15.000 euros, el máximo fijado para este tipo de procedimientos, al bufete del penalista José Antonio Choclán, abogado de la alcaldesa en la causa de la compra de votos, para que defienda al Ayuntamiento en el Tribunal Supremo en el procedimiento judicial en el que fueron condenados dos agentes de la Policía Local por torturar y lesionar a un vendedor ambulante senegalés y en el que la corporación figura como responsable civil subsidiario.
El contrato a Gómez, Acebo y Pombo asciende a 14.750 euros. El despacho cifra sus honorarios en 10.000 euros por la preparación del recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (impuestos incluidos) y de 4.750 euros por su interposición ante el Supremo.