El lanzaroteño Ángel Ramón Tejera de León, conocido en su círculo como Mon, es uno de los investigados en el caso Cuarteles (las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras de unos acuartelamientos de la Guardia Civil). Esos trabajos fueron licitados por valor de más de 3,3 millones de euros, y pese a constar como terminados algunos de ellos no fueron ejecutados o fueron realizados parcialmente. Mon además aparece (no como investigado) en el sumario del caso Mediador vinculado al general Francisco Espinosa Navas, único de los encausados en esta segunda causa que se encuentra en prisión y cabecilla de la rama militar de la trama que investiga presuntos sobornos a empresarios a cambio de beneficios. El empresario es calificado por diferentes fuentes como una persona que no llama la atención, al menos en público, excepto porque conduce un Porsche Cayenne. Un coche de alta gama que diversas fuentes afirman que prestaba al general Espinosa cuando iba a la isla.
Habría sido este general quien puso en contacto a este empresario residente en Tahíche y muy conocido en los cuarteles con el teniente general Pedro Vázquez Jarava (principal encausado en el caso Cuarteles), que se jubiló en 2018 pero que estuvo al frente de la Subdirección General de Apoyo, la unidad responsable de “la dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros y del desarrollo de la política de recursos materiales”.
La actividad empresarial de Mon comenzó en Lanzarote en la pintura, sector por el que ha sido siempre más conocido y no como constructor. Se le califica como “un empresario hecho a sí mismo”, que no es heredero de grandes patrimonios, y a quien le afectó la crisis de la construcción de 2008. Su familia no es muy conocida a excepción de sus primas.
Tejera de León (Mon) es primo de Isabel Déniz, que fue alcaldesa de Arrecife entre los años 2000 y 2007, primero con el Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y después con Coalición Canaria (CC). Y también es primo de Carolina Déniz, jueza titular del Juzgado de Instrucción número tres de Santa Cruz de Tenerife y que fue viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias cuando saltó el caso Unión, una trama de comisiones ilegales que es considerada una de las mayores de Canarias. El caso mediador se instruye en el número cuatro, del que es titular la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres Farizo.
Isabel Déniz será juzgada el próximo mes en la última pieza de dicha causa, acusada de recibir dádivas a cambio de adjudicaciones. El general Espinosa fue investigado en 2010 como sospechoso de haber filtrado a la exalcaldesa que iba a ser detenida, aunque finalmente el caso acabó archivado porque no se pudo demostrar que diera esa información.
En Lanzarote era palpable la relación de Mon con miembros del cuerpo de la Guardia Civil, con quienes algunas fuentes afirman que se relacionaba a menudo. Le califican como una persona que en público pasaba desapercibida, excepto por su coche de alta gama y porque en alguna ocasión sí que presumió de sus contactos con la Guardia Civil o se le vio en una despedida de soltero con miembros de este cuerpo. Sí son sonados en algunos sectores las fiestas privadas que organizaba y que coleccionaba vinos en su bodega.
Su implicación en el caso Cuarteles
Desde el año 2013, está al frente de Angrasurcor, empresa de reformas e impermeabilización “especializada en materiales derivados del corcho”. Es esa la empresa a la que hace alusión en su perfil de LinkedIn como CEO de la misma, y que ha sido adjudicataria de numerosos contratos con el sector público en los últimos años, con obras para el Ministerio de Interior o Defensa. Pero hay otras de las que es o ha sido administrador único y mencionadas en la causa como Solocorcho (entre 2016 y 2018), con la que hay hasta seis contratos. También figura como propietario de Canarycork (con sede social en Lanzarote desde 2012) o Inversiones Andelmar.
Según los Servicios Internos de la Guardia Civil, entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017 empresas de Ramón Tejera de León “habrían conseguido la adjudicación de contratos para la realización de trabajos de pintura y de impermeabilización de edificios de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila, pese a que lo habitual era que ese tipo de obras venían siendo realizadas por empresas locales”. También precisa la Benemérita que durante el tiempo en el que Jarava estuvo al frente de esa Subdirección General de Apoyo, se produjo “un incremento exponencial y aparentemente inusual” en la adjudicación de obras a Mon.
Vázquez Jarava habría presentado a Mon como un constructor que tenía “un producto único” y “novedoso” para impermeabilizar cubiertas. Un atestado de la Guardia Civil recogido en el sumario del caso y desglosado por la agencia Europa Press señala que “este producto, registrado con el nombre de 'corcho proyectado' por su fabricante (Decoproyect), comenzó a comercializarse a mediados de 2011”, y que se encontraron referencias de su aplicación en cuarteles desde principios de 2014, “más concretamente en acuartelamientos pertenecientes a la Comandancia de Huelva”, por el propio Mon. Angrasurcor se registró como empresa aplicadora de dicho corcho pero “ninguna de las obras de impermeabilización de fachadas y cubiertas mediante la aplicación de corcho proyectado ejecutadas en acuartelamientos de la Guardia Civil por Tejera de León cuenta con la garantía de 10 años ofrecida por el fabricante”.
Además, pese a que sus empresas están especializadas en la impermeabilización de fachadas, también consta que se le adjudicó el derribo del acuartelamiento de Garachico, en Tenerife mediante un contrato de emergencia que asciende a más de 160.000 euros. Por dicho trabajo se estima que emitió facturas a la contrata principal “por el precio conjunto de 62.000 euros, impuestos incluidos, cuando el importe del contrato adjudicado a Angrasurcor totaliza 168.523,93 euros”. Es decir, subcontrató por “un precio considerablemente inferior”, recoge este atestado.
¿Pero qué se llevaría a cambio Jarava? La misma agencia recogía este martes que Mon le habría pagado con viajes, hoteles y partidos de fútbol. En un informe de abril de 2021, se detalla que Asuntos Internos analiza los viajes a cargo del empresario de los que supuestamente se habría beneficiado el teniente general para ir a las finales de Champions League en Milán (Italia) en mayo de 2016 y en Cardiff (Reino Unido) en junio de 2017. También recoge un alojamiento en el Hotel Barrosa Palace (Cádiz) en septiembre de 2016 o un fin de año en Lanzarote cuyo hospedaje de toda la familia del teniente general corrió a cargo de la empresa Angrasurcor.
El empresario reconoció ante el juez “la existencia de importes en facturas que no se correspondían con lo realmente ejecutado” en las obras realizadas en diferentes acuartelamientos de la provincia abulense e investigadas en el juzgado de instrucción número 3 de Madrid.
Se enfrenta a tres años de prisión
Ángel Ramón Tejera de León se enfrenta a tres años de prisión acusado de defraudar más de 160.000 euros en la declaración del Impuesto de Sociedades de 2016, cuando percibió cerca de 900.000 euros de adjudicaciones de la Guardia Civil. En concreto, la Fiscalía lo acusa de ocultar ingresos e incluir gastos no deducibles en la declaración del Impuesto de Sociedades de Angrasurcor de ese año, pues la entidad pagó 68.017,52 euros y debió abonar, según el Ministerio Público, más del doble: 162.171,68 euros.
En el escrito de acusación se precisa que el apartado “más importante” del presunto delito contra Hacienda, por su cuantía, es el que se refiere a los gastos que Tejera de León incluyó como deducibles en la declaración y que “en modo alguno pueden tener tal consideración”. Por ejemplo, hace alusión a los gastos de “aprovisionamientos”, referidos a la compra de mercancía. Angrasurcor contabilizó por este concepto 728.254,48 euros. La Fiscalía precisa que, de esa cantidad, la empresa no justificó más de la mitad.
Este periódico ha intentado contactar por distintas vías con Ángel Ramón Tejera de León para conocer su versión de estos presuntos hechos y su vinculación con cuerpos de la Guardia Civil sin que haya obtenido respuesta.