Tres meses después de que fuera notificada la sentencia del Tribunal Supremo que ratificó la condena al juez Salvador Alba Mesa, ésta sigue sin ejecutarse. Condenado a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación, además de una multa de 12.150 euros y una indemnización de 60.000 a su víctima, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, el condenado sigue siendo juez, sigue cobrando más de 1.800 euros del Ministerio de Justicia, continúa disfrutando de libertad y no ha pagado ni la multa ni la indemnización, a la que ha tenido que hacer frente la aseguradora Allianz.
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que se hizo cargo de la ejecución de la sentencia por haber sido el órgano originariamente sentenciador (emitió sentencia en septiembre de 2019 en los mismos términos que ratificó el Supremo), no ha podido hacerla efectiva por los constantes recursos, alegaciones y maniobras dilatorias del condenado. Empezó desoyendo de las notificaciones sobre un primer plazo de 10 días para el ingreso voluntario en prisión, por lo que hubo de ser convocado personalmente para darle otro plazo igual que venció el pasado día 16. En medio, interpuso un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones ante el Supremo, que fue rechazado esta misma semana, pero ante el cual también pidió que se suspendiera la ejecución de su sentencia. Sin éxito.
El día antes de que venciera el segundo plazo de 10 días para ingresar en prisión, Alba presentó ante el TSJC informes médicos que acreditarían que padece una enfermedad grave que le impediría viajar en avión. La detección de esa dolencia tiene fecha 25 de noviembre de 2021, justo el día que se le notificó la sentencia del Tribunal Supremo, pero no lo puso en conocimiento del TSJC hasta el último minuto, lo que los jueces le han recriminado.
El impedimento para viajar en avión es decisivo en su caso porque para ingresar voluntariamente en prisión debió haberse desplazado a la Península ya que es allí donde se encuentran las únicas cinco cárceles españolas con módulos de seguridad especiales para funcionarios públicos cuya actividad tenga que ver con la represión, la vigilancia o la investigación de la delincuencia. Alba podía haber viajado en barco, según le recordó más tarde el tribunal, pero no lo hizo precisamente para poder alegarlo en el último momento. Ahora está pendiente de que forenses del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas estudien si esa patología que ha alegado y el tratamiento que días después volvió a alegar ante el TSJ son incompatibles con su estancia en prisión.
Salvador Alba hace vida aparentemente normal. Acude prácticamente todos los días a recoger a su hija al colegio y lo hace conduciendo su vehículo.
En la indigencia
Para evitar pagar la indemnización y la multa a las que fue condenado, Alba ha alegado ante el tribunal que ejecuta su sentencia que sus condiciones económicas han cambiado desde 2018, cuando se decretó la apertura de juicio oral en su contra, hasta la fecha. En aquel momento, el Consejo General del Poder Judicial lo suspendió para el ejercicio de sus funciones como juez pero, atendiendo al estatuto que rige para jueces y magistrados en España, el Ministerio de Justicia le ha mantenido el sueldo base, sin complementos ni extras. Es una paga de 1.850 euros mensuales que ha venido cobrando puntualmente todos estos meses y que, en teoría, habrá de devolver en cuanto pierda definitivamente la condición de juez, tal y como manda la sentencia, firme desde hace noventa días.
Tuvo que ser la compañía Allianz, que afianzó a Alba durante la instrucción de su causa con 85.000 euros, la que corrió con el pago de la indemnización a Victoria Rosell, pero el condenado ha pedido al TSJ que reduzca la multa al mínimo que contempla la ley -dos euros diarios- que multiplicados por los 27 meses de condena, supondría reducir los 12.150 euros a 1.620. Ese importe de dos euros diarios solo se aplica a las personas que acrediten estar en la indigencia.
Juez y con medalla de la Guardia Civil
Salvador Alba Mesa sigue siendo juez tres meses después de que su condena adquiriera firmeza el 25 de noviembre de 2021. Pero no fue hasta el 13 de enero de 2022 cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reactivó el expediente de expulsión que había dejado en suspenso en 2016 cuando al juez corrupto se le abrieron diligencias al descubrirse la grabación en la que conspiraba para perjudicar la carrera política y profesional de Victoria Rosell.
La Comisión Disciplinaria del CGPJ notificó en enero pasado al expedientado y a la Fiscalía esta nueva fase de su expulsión, para que ambas partes alegaran lo que estimaran pertinente. Desde entonces, cuarenta días después, la oficina de prensa del órgano de gobierno de los jueces no ha vuelto a informar de las vicisitudes de ese expediente.
Aunque la condena incluye la inhabilitación especial del condenado “para el cargo público de juez o magistrado, con pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores que le son anejos”, Salvador Alba Mesa sigue siendo juez. Además, podrá lucir en la cárcel -cuando ingrese- su flamante Cruz de la Orden de la Guardia Civil con distintivo blanco porque en el reglamento para conceder esta distinción no está previsto que quien la recibe pueda delinquir posteriormente, como es el caso.