CASO MEDIADOR

Ocho preguntas y respuestas sobre el caso Mediador

El caso Mediador, una presunta trama de sobornos a cargos públicos que ha motivado la detención del diputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, su sobrino el exalto cargo del Gobierno canario Taishet Fuentes y el general jubilado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, ha desatado un terremoto político y ha forzado la dimisión del parlamentario socialista. A tres meses de las municipales y autonómicas el PP trata de extender la responsabilidad de esta presunta red corrupta a todo el PSOE y algunos de sus dirigentes anticipan que supondrá la caída de Pedro Sánchez.

La ofensiva de los populares incluye la petición de una comisión de investigación en la Cámara Baja, que de momento rechazan tanto el PSOE como Unidas Podemos. “Toda España está mirando hacia la bancada de la izquierda preguntándose quién es quién en la organización criminal”, recoge ese escrito presentado el miércoles por el PP, que entretanto intenta marcar distancias con el caso Kitchen, por el que la Fiscalía Anticorrupción acaba de pedir quince años de cárcel para la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y que, según los populares, es una cosa del pasado.

En el caso Mediador hay doce personas investigadas. Dos de ellas pertenecen al PSOE y se encuentran suspendidas de militancia. Otro es el general jubilado de la Guardia Civil. El resto son empresarios y un polémico intermediario que da nombre al caso. La causa investiga una presunta trama de extorsión a empresarios para el cobro de comisiones a cambio de favores. 

¿Por qué se llama caso Mediador?

La investigación se pone en marcha cuando Marco Antonio Navarro Tacoronte entrega en un juzgado de Santa Cruz de Tenerife dos teléfonos móviles y un pendrive que contienen una gran cantidad de archivos audiovisuales (más de 120 gigabytes) con los que anuncia que puede demostrar casos de corrupción del Gobierno de Canarias, ante el cual dice haber actuado como mediador.

Navarro Tacoronte entrega esos archivos para defenderse de la denuncia por estafa que formula contra él el director general de Deportes del Cabildo de Tenerife, Ángel Pérez Peña, con el que mantenía una relación personal que les llevaba a compartir una tarjeta de crédito revolving. El Mediador pretendía demostrar con sus archivos guardados en los teléfonos que los pagos fraudulentos que se le atribuían eran conocidos por el denunciante.

¿Cómo operaba la trama?

Navarro Tacoronte se sitúa en el centro de la trama. Es la persona que pone en contacto a los empresarios con los cargos públicos para ejecutar los fines presuntamente ilícitos.

Primero captaba a empresarios “de perfil medio” dispuestos a pagar comisiones a cambio de supuestos favores, bien para la extensión de sus negocios, principalmente a Canarias, pero también a África o América del Sur; o bien para sortear inspecciones o sanciones hacia sus explotaciones ganaderas o de producción de queso, obtener licencias o lograr contratos. 

Para hacer creer a los empresarios que sus aspiraciones se verían satisfechas si pagaban esas mordidas, el mediador recurría a tres personas a quienes su posición les otorgaba influencia y notoriedad. En la rama política activaba al ya exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y a su sobrino Taishet Fuentes Gutiérrez, que fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias hasta el pasado verano. Para otros casos, contaba con el concurso del general de la Guardia Civil (ya jubilado) Francisco Javier Espinosa Navas, que durante su estancia en las islas —fue jefe de la Comandancia en Las Palmas entre 2008 y 2012— tejió una nutrida red de poderosos contactos.

Los investigadores sostienen que tanto los políticos como el militar se prestaron “a cuantas situaciones les fueron puestas en suerte” por el intermediario. En el sumario no consta vínculo directo alguno entre el exdiputado nacional y el guardia civil retirado. Se trata de dos vertientes separadas del caso a las que solo liga el hecho de que la persona que intermedia es la misma (Navarro Tacoronte) y que el modo de operar es similar. Solía comenzar con una visita bien al Congreso bien a la Dirección General la Guardia Civil y continuar con almuerzos en restaurantes. Los empresarios pagaban comidas, viajes, estancias en hoteles, regalos y fiestas.

Y Navarro Tacoronte lo grababa y lo fotografiaba todo. No solo como palanca para la extorsión o salvoconducto para una eventual imputación, sino para poder ejercer como mediador. Necesitaba demostrar en todo momento que estaba conectado con personas influyentes, aunque fuera de modo circunstancial. En los archivos guardados en sus teléfonos móviles hay miles de mensajes de WhatsApp, tanto escritos como de audio, que intercambiaba con todas las personas involucradas en la trama.

¿Por qué se investiga al exdiputado Juan Bernardo Fuentes?

Juan Bernardo Fuentes era diputado del PSOE por la provincia de Las Palmas durante el periodo investigado: 2020-2021. Antes había estado en el Gobierno de Canarias como director general de Ganadería, subsector que conocía bien, ya que tiene una explotación en Puerto del Rosario, capital de la isla de Fuerteventura.

Era también, hasta este jueves, el presidente de un club de fútbol local, la Asociación Deportiva La Vega de Tetir, a través del que habría recibido unos 15.000 euros de tres empresas vinculadas con la trama. El auto de puesta en libertad precisa que durante ese periodo el club emitió cheques por importe de 15.600 euros presuntamente para pagar a los entrenadores y monitores, si bien se ha constatado que el coste de las retribuciones de estos colaboradores era de aproximadamente 9.800 euros. La jueza apunta en esa resolución que el ya exdiputado (abandonó el cargo ocho horas después de que se conociera su imputación) se habría quedado, por tanto, con unos 5.900 euros.

En el sumario también se alude a la posibilidad de que uno de los empresarios de la trama instalara placas fotovoltaicas en la granja de la familia de Fuentes Curbelo, pero esa actuación no se llegó a producir. No consta que ninguna de las promesas que el mediador hizo a los empresarios recurriendo a la figura del diputado nacional fructificara.

¿Se ha visto perjudicado el erario público de Canarias?

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias han emitido un informe a petición del presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), indicando que, al no haber habido daño patrimonial para las arcas públicas, no es posible personarse en el procedimiento como acusación particular.

Los siete tomos que contenía el sumario antes de la detención de los investigados, el pasado 14 de febrero, no revelan perjuicio alguno para el erario público de la comunidad autónoma de Canarias, sino el incumplimiento de las promesas y el descontento de algunos empresarios al comprobar que sus pretensiones no prosperan pese a haber pagado las comisiones acordadas. Ni el archivo de un expediente de reintegro de subvenciones, ni la concesión de una licencia para legalizar una granja situada en parte en espacio protegido, ni un contrato para dotar de placas fotovoltaicas las explotaciones ganaderas de las islas, entre otras. 

Es revelador el mensaje que uno de ellos, José Antonio Suárez Estévez, dedicado al negocio de los drones y con expectativas para asentarse en la Zona Especial de Canarias (ZEC) y obtener contratos en el área de Ganadería, envía a Navarro Tacoronte en febrero de 2021: “De todo lo que me dijiste que iba a pasar: ayudas, venta de drones, etc. no ha pasado nada. No me hagas pensar mal. Los negocios son los negocios, pero jugar con el pan de mis hijos, no”. Un mes después, el empresario insiste a su interlocutor: “Respecto al negocio de Canarias, veo que no hay nada. Voy a hablar con Juan Bernardo (Fuentes Curbelo) y que cancele la sociedad, que cobre lo que ha hecho y me devuelva el resto del dinero”.

Con posterioridad, el entonces diputado envió un mensaje al mediador recomendándole la contratación de un abogado porque el empresario le había dicho que lo iba a denunciar. “Pues te voy a decir una cosa. Tú ya me conoces, sabes que soy un mentiroso y un loco. Pero yo jamás pondré en peligro, ni a usted, no voy a nombrar a nadie por teléfono, pero tú me estás entendiendo. A mi familia no me la toca nadie, ¿vale?”, comenta airado Navarro Tacoronte en una conversación posterior con Fuentes.

El mediador no cumplió con los compromisos por los que cobró mordidas a los empresarios, quizás por eso se ve acorralado y entrega todo el material, de manera que pueda beneficiarse de ser denunciante de la trama de la que era pieza decisiva.

¿Por qué destituye el Gobierno de Canarias a Taishet Fuentes Gutiérrez?

Taishet Fuentes Gutiérrez es sobrino de Juan Bernardo Fuentes Curbelo y la persona que lo sustituyó al frente de la Dirección General de Ganadería del Gobierno de Canarias cuando se marchó a Madrid. Duró poco más de dos años en el cargo, de marzo de 2020 a junio de 2022, fecha en la que fue destituido por “pérdida de la confianza” del presidente. Las fuentes consultadas por este periódico señalan que en ese momento se conocían actitudes del alto cargo, pertenecientes a su esfera privada, que no eran compatibles con el ejercicio del puesto, pero niegan que entonces se supiera que guardaba algún tipo de relación con esta trama.

En el sumario hay imágenes de Taishet Fuentes con prostitutas y consumiendo sustancias estupefacientes.

¿Por qué el general es el único que está en la cárcel?

El general retirado Francisco Javier Espinosa Navas está en la cárcel desde el 16 de febrero. Es el único de los doce investigados en la trama para quien el fiscal Anticorrupción Jaime Serrano-Jover pidió prisión provisional por riesgo de fuga y de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, dada la gravedad de los hechos que se le imputan y su capacidad de influencia en diversos ámbitos, desde el empresarial al de la administración.

La figura de Espinosa fue utilizada por el mediador para transmitir a los empresarios “altas probabilidades de gestión y éxito en sus proyectos”, a cambio de “las correspondientes e ilegítimas comisiones”. El auto de ingreso en prisión constata que los empresarios involucrados en la trama pagaron al general vuelos a Canarias, estancias en hoteles, almuerzos en restaurantes y tarjetas prepago como contraprestación a las gestiones que habría ejecutado para procurar la “ventaja o adjudicación” en diversos concursos públicos.

El día de su detención guardaba en su domicilio en Madrid 61.100 euros en metálico, repartidos entre una caja de zapatos y un bolso dentro del armario de su habitación y rollos de ropa en el cajón de una estancia contigua. En el registro se encontraron también un documento con tablas de ingresos y gastos domésticos que, a juicio de la instructora, podrían revelar la existencia de una contabilidad B, ya que incluían una columna denominada “cash” (efectivo, en inglés) que sumaba determinadas cantidades a la columna de “saldo inicial”, que contenía cantidades que coincidían con la de su saldo en la cuenta.

En esa operación también se halló una cartulina con una anotación manuscrita del mismo número de cuenta de Bélgica que había dado al mediador de la trama para que le hiciera una transferencia, aunque un día después le dijo que no lo hiciera porque le faltaban números. Contra el general hay una orden internacional en curso para buscar si tiene activos en Bélgica o en los países de África inmersos en el proyecto para la formación de gendarmes en el Sahel, del que fue nombrado director en 2017, con el Gobierno de Mariano Rajoy, y se mantuvo hasta su jubilación en junio de 2021, ya con los socialistas en el poder.

¿Qué han declarado los investigados?

En su declaración ante la jueza, el general Espinosa admitió su participación en las reuniones y comidas. También los viajes pagados y las visitas a la Dirección General de la Guardia Civil. Su objetivo, dijo, era “buscar un empleo” ante su inminente jubilación. Según su versión, el mediador le había ofrecido un sueldo de 5.000 euros al mes para mantener su elevado tren de vida (cobraba unos 14.000 euros mensuales al mes en activo y se quedó con una pensión de poco más de 2.500 tras su retiro) y una tarjeta de gastos. Dijo también que su papel era poner en contacto a empresarios para hacer negocios y negó haber recibido dinero de la trama.

También ha negado su participación en la trama Juan Bernardo Fuentes. El exdiputado ha defendido su inocencia ante la jueza y en sus comparecencias en los medios. Ha desmentido no solo haber cobrado mordidas a cambio de supuestos favores, sino también su participación en las fiestas. “No voy a clubes de alterne, no hago comilonas y no consumo sustancias estupefacientes”, dijo en declaraciones a la Televisión Canaria.

El sumario incorpora fotografías en las que se puede ver a Fuentes en una habitación de hotel, sin camiseta, en compañía de Navarro Tacoronte y una mujer que supuestamente ejerce la prostitución. También han trascendido una imagen del exdiputado junto al mediador y el empresario Antonio Bautista en un club de alterne en Madrid. En sus profusas intervenciones mediáticas de esta última semana, el intermediario de la trama habla de “fiestas con drogas, alcohol y rock and roll''.

Fuentes lo ha explicado así: “Me toca [Navarro] en la puerta de la habitación [del hotel]. Yo estaba durmiendo, y me dice: vente, que quiero presentarte a unas amigas. Llego allí y mi sorpresa es cuando veo una foto mía, que me falta la camisa. Tengo el pantalón puesto, afortunadamente”. El exdiputado dice que ha pedido perdón a su familia por “esos actos”, de los que se muestra arrepentido. 

Por su parte, el mediador ha iniciado una ronda mediática en la que ha ido dejando un reguero de acusaciones con las que se enfrenta, a su vez, a una ristra de querellas. Una senadora del PSOE por la provincia de Santa Cruz de Tenerife presentó el pasado lunes la primera acción judicial, pero ya han anunciado medidas, entre otros, el presidente del Gobierno de Canarias, el presidente del Cabildo de Tenerife o el alcalde de Arona.

El PSOE ha anunciado también el inicio de la defensa legal de todos aquellos diputados socialistas que han sido señalados y a los que se les vincula con la trama por hechos que “en absoluto se han producido”. El sumario de la causa no recoge, al menos hasta la fecha, la participación de ningún otro diputado en las operaciones por las que el mediador solicitó las comisiones a los empresarios.

¿Quién se ha personado en la causa?

De momento han anunciado su intención de personarse en la causa como acusación popular el PSOE, el PP de Canarias, Vox y la Asociación Unificada de la Guardia Civil.