Desaparecido de la primera línea política desde 2003, el nombre de Julio Bonis, fundador de Coalición Canaria (CC) y consejero de Presidencia y Sanidad del Gobierno regional en los años noventa, ha vuelto a resurgir en el marco de una investigación por un presunto caso de corrupción, como ya lo hiciera hace unos años por sus vínculos empresariales con Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat de Catalunya Jordi Pujol e imputado por blanqueo de capitales, o en el sumario del pelotazo urbanístico de la playa de Las Teresitas, en Santa Cruz de Tenerife. Bonis aparece mencionado en un informe remitido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez instructor de la operación Lezo en la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, como precursor de la vía abierta por la constructora OHL a finales de 2006 para el pago de las comisiones a cargos públicos en el extranjero ante las dificultades para efectuar estos abonos en España.
Bonis reside en la actualidad en México, país al que llegó tras abandonar su carrera política en Canarias, la comunidad en la que este capitán de la marina mercante natural de Segovia se instaló, primero para pilotar, a principios de los ochenta, el jet foil, una embarcación rápida que unía las islas de Gran Canaria y Tenerife, y después para convertirse en referente del nacionalismo en Canarias.
La mención expresa al fundador de CC figura en una de las grabaciones intervenidas en el registro al domicilio de Paulino Hernández, el Villarejo de OHL. En la conversación intervienen, además de Hernández, Rafael Martín de Nicolás, responsable del departamento de Construcción, y Andrés Román Solorzano, quien fuera director en Canarias de SATO, la filial de puertos de la empresa. El diálogo que se reproduce a continuación se desarrolla instantes después de que este último explique a los otros dos directivos cómo se configura el mapa de poder de CC en Canarias y de que estos expresen su inquietud cuando les cuenta algunos entresijos del caso de Las Teresitas, en una de cuyas piezas -finalmente archivada- también figuraba Bonis por sus conversaciones con personas allegadas al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, con quien compartió gobierno en los noventa y que fue finalmente condenado por esta causa.
Rafael Martín de Nicolás (RMN): Aquí en Canarias hemos hecho una cosa a través de Domingo Berriel (ex consejero de Obras Públicas del Gobierno regional, también de CC). ¿Tú conoces a Domingo Berriel?
Andrés Román Solorzano (ARM): Lo voy a ver mañana. Pero mucho, mucho...
RMN: No, no. Berriel no. Me he equivocado yo. Bonis.
ARM: Julio Bonis.
RMN: Bonis. Estamos soltándoselo en México.
ARS: ¿En Nueva California? ¿Baja California? Tiene allí unos tinglados...
RMN. Y a través de facturas. Yo no sé, no sabe decir que no.
ARS: Es que Bonis ya es a título... ¿Porque Bonis tú crees que representa a otros intereses?
RMN: Sí. Ahí está (ininteligible) con el Fernández de...
ARS: ¿De Coalición Canaria?
RMN: Del Ayuntamiento.
ARS: Sí, el que lo sabe muy bien es Juan Madrigal, el de FCC (Fomento de Contrata y Construcciones), muy amigo suyo. Hombre, eso sería..., sería fantástico, lo que pasa es que Antonio Castro...
Al salir el nombre de Antonio Castro, ex consejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, ex presidente del Parlamento regional y uno de los políticos investigados en esta pieza de la operación Lezo por el presunto cobro de comisiones ilegales, interrumpe Paulino Hernández, el ex director general de Obra Civil de OHL.
PH: No le mezcles, no le mezcles con otros. Son muy reacios, ¿eh?
RMN: Pero es que esto es cada día más complicado. Más complicado. Y en general aquí en España, mucho.
ARS: ¿Y en el exterior no es más sencillo?
RMN: Sí, lo estamos intentando hacer todo por el exterior, pero tiene sus tiempos. Es mucho más lento.
ARS: Sí.
RMN: Además tienes que tener el nicho, se tiene que producir el nicho para...
La UCO señala en su informe a Bonis como uno de los cargos políticos que presuntamente habría recibido las comisiones de la constructora vía México por trabajos que no especifica. Del informe se desprende que OHL impulsó a finales de 2006 esta fórmula para el pago de mordidas de importante cuantía ante las dificultades encontradas en España para hacerlo sin levantar sospechas. Una tercera vía que se sumaría a los otros dos mecanismos que habría utilizado la trama: la confección de facturas falsas por parte de “proveedores de confianza” para generar una bolsa de dinero negro con la que abonar las mordidas a cargos a cambio de adjudicaciones de obra pública y la entrega directa de las comisiones a “los conseguidores”, en maletín, cuando se trataba de cifras altas.
“Lo estamos intentando hacer todo por el exterior”, remarca en esa grabación de finales de 2006 uno de los directivos de OHL, que pone a un político y cargo público de Canarias -Julio Bonis, según los investigadores- como ejemplo. La UCO relata en su informe una operativa de pagos a través de sociedades mexicanas del grupo OHL con destino a cuentas corrientes en Suiza, un mecanismo descubierto no solo a raíz de las mencionadas grabaciones, sino también a través de la información extraída del disco duro del director del área económica y financiera, Ignacio Martínez Esteban.
En concreto, la Guardia Civil hace referencia a dos pagos “carentes de lógica comercial” por un total de 2,5 millones de dólares desde una filial de OHL en el país centroamericano, denominada CPVM (Constructora de Proyectos Viales de México), a una cuenta de la sociedad panameña Lauryn Group en el banco Anglo Irish de Ginebra (Suiza). La fecha de estas transferencias (noviembre de 2007) coincide con la época en la que se produjo la adjudicación a OHL de un contrato para la construcción y explotación de la nueva línea del tren de cercanías entre Móstoles y Navalcarnero, en Madrid. Las pesquisas de la UCO permitieron descubrir que el beneficiario real de esa cuenta en Suiza y de la sociedad panameña era el empresario Adrián de la Joya, vinculado a José Manuel Villarejo y detenido el pasado mes de mayo en el marco de la causa que se instruye contra el excomisario por su proyecto para frustrar una extradición recurriendo a contactos con la judicatura.
La Guardia Civil asegura tener indicios de otra operación de características similares ejecutada durante el último trimestre de 2010, aunque no especifica de cuál se trata. Tampoco consta en el informe referencia alguna que permita concluir las actuaciones o conceptos por las que cobró Julio Bonis en Mexico las comisiones que le atribuyen, de las cuales se desconoce también su cuantía.
México, Las Teresitas y el hijo de Pujol
La conversación en la que se menciona a Julio Bonis fue grabada en diciembre de 2006, apenas un mes después de que un diario local se hiciera eco del proyecto turístico promovido por Juandro Consultores, sociedad del histórico dirigente de CC, para la construcción de dos hoteles, apartamentos de lujo y un campo de golf en una parcela de unos 750 metros cuadrados en La Paz, capital del estado mexicano de Baja California. Con una inversión inicial prevista de 300 millones de dólares y la promesa de creación de 1.500 empleos directos, el propio Bonis llegó a presentar la iniciativa en sociedad, ante el alcalde de La Paz, a principios de marzo de 2017, según recoge una nota del Ayuntamiento de esta localidad ubicada en el Golfo de California.
Este proyecto de Bonis en México, denominado Azul de Cortés, aparece referenciado en, al menos, dos sumarios de relevantes casos de corrupción en los últimos años: Las Teresitas y el caso Pujol. El ex consejero de Sanidad y Presidencia del Gobierno de Canarias declaró el 7 de abril de 2009 como testigo durante la instrucción abierta a raíz de la compraventa corrupta del frente de la playa tinerfeña. Lo hizo acompañado por su abogado, a la postre Rafael Lis, el polémico juez que acaba de jubilarse después de haber cumplido una sanción disciplinaria de seis meses de suspensión por una falta muy grave consistente en no apartarse de una causa en la que su pareja era parte.
El interés de las acusaciones en el testimonio de Bonis estaba motivado por su relación con el alcalde que promovió esa operación, el también nacionalista Miguel Zerolo, y por las conversaciones interceptadas en el curso de la investigación de una pieza finalmente archivada. La Fiscalía sospechaba que Zerolo pretendía invertir el supuesto cobro de comisiones ilegales procedente de Las Teresitas -la causa por cohecho fue finalmente archivada- en el proyecto turístico de Bonis en México a través de un testaferro.
En esa comparecencia, el fundador de CC explicó que su actividad empresarial en el país centroamericano comenzó en abril de 2006, tres años después de abandonar su carrera política en Canarias, y que Azul de Cortés había sido el objeto de su trabajo durante esos tres años. Bonis redujo su relación con Zerolo al periodo en el que ambos coincidieron en el Gobierno regional (de 1993 a 1995, él como consejero de Sanidad, y el exalcalde y senador, como titular del área de Turismo) y a alguna conversación aislada con posterioridad y dijo desconocer si el exalcalde había mostrado algún tipo de interés en realizar inversiones en México.
Años después, Bonis también apareció vinculado a un investigado en una causa judicial, en este caso a Jordi Pujol Ferrusola, de quien fue socio precisamente en el proyecto Azul de Cortés de México. Según la investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, el hijo del expresidente de la Generalitat pagó 1,3 millones de euros para adquirir el 21% de las participaciones de Juandro Consultores, la empresa de la que era gerente Bonis. Dos años después, vendió sus derechos en la operación a la constructora Isolux Corsán por 15,2 millones de euros, obteniendo un beneficio de 14 millones “sin justificación racional comercial”, según recogió en un auto el magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata.
El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción sitúa la figura de Julio Bonis como “esencial en la operación”, trascendiendo “ampliamente de la de mero testaferro, incluso la de fiduciario, dado que intervino en actos ejecutivos de forma volitiva y consciente”.