El periodista Francisco Pomares alega prescripción para evitar ser investigado por falsificar su currículo

El periodista Francisco Pomares, candidato de Coalición Canaria a la junta de control de Radio Televisión Canaria (RTVC), ha alegado ante el juez la excepción de prescripción para evitar que se le investigue por haber aportado dos certificados falsos para hacerse con una plaza de profesor en la Universidad de La Laguna. Pomares ha sido llamado a declarar el próximo día 22 en calidad de investigado por el juez César Romero Pamparacuatro, titular del juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, tras una querella de dos productoras de televisión que niegan haberlo contratado jamás, pese a los certificados que aportó para sostener que había ocupado cargos de responsabilidad en una de ellas y haber trabajado como guionista de una superproducción cinematográfica en la otra.

En un escrito presentado el juzgado el lunes, Pomares se limita a recordar que los certificados los aportó a la Universidad de La Laguna en 2014, con lo que ya habría transcurrido el plazo que rige para este tipo de delitos, que es de cinco años. El periodista alude de pasada a la inexistencia de delito para centrarse en dos aspectos fundamentales: el de la prescripción y en la motivación de las productoras Plató del Atlántico y Report Line Producción Audiovisual al interponer la querella que ha sido admitida a trámite y que lo mantiene actualmente en calidad de investigado, antes imputado.

En su intento por desarmar la querella y evitar tener que declarar el día 22, Pomares alega que las dos productoras, propiedad de la misma empresa editora del periódico tinerfeño Diario de Avisos, conocía la existencia de esos dos certificados presuntamente falsos desde octubre de 2015, y que desde entonces hasta 2021 no emprendió acciones penales de ningún tipo. Evita el periodista hacer mención a diversos requerimientos notariales que ambas productoras giraron a los dos últimos rectores de la Universidad de La Laguna haciéndoles partícipes de sus sospechas, que se confirmaron cuando el pasado mes de abril Pomares borró esas referencias de su currículo cuando lo presentó al Parlamento de Canarias para hacerse merecedor de una plaza en la junta de control de RTVC en nombre de Coalición Canaria.

Y es en este contexto donde el periodista imputado encuadra la iniciativa de Plató del Atlántico y de Report Line: provocarle “un daño reiterado de carácter mediático y social” (...) “utilizando caprichosamente la querella para mantener la campaña de difamación orquestada por el periódico de su propiedad -Diario de Avisos- cuyo objetivo reiterado, logrado el pasado mayo de 2021, es el de abortar nuevamente la constitución de la junta de control de la Radio Televisión Canaria por el Parlamento regional”.

Para el periodista, columnista fijo del periódico El Día y analista diario de referencia de la cadena Ser en Canarias, las noticias publicadas sobre la falsificación de su currículo tuvieron una “cobertura mediática, tipográfica y fotográfica típica del más horrendo crimen sanguinario del año”.

También dispara Pomares en la defensa de su tesis contra el diputado de Unidas Podemos Francisco Déniz, al que por error llama en su escrito José Antonio García Déniz. Al parlamentario miembro de la comisión de control de RTVC, Pomares le achaca “enemistad política” derivada de su trabajo como periodista, lo que a su entender motivó que ese grupo parlamentario fuera el único que votó en contra de su idoneidad para acceder a la junta de control del ente público.

Frente a la prescripción de la causa por falsificación, las productoras querellantes ya hicieron constar en su querella que los efectos de la presunta falsificación por la que Pomares obtuvo su plaza de profesor de La Laguna se han mantenido en el tiempo hasta la actualidad. Pero, además sostienen que fue el propio querellado el que este mismo año volvió a reiterar su acción al tratar de defenderse de las acusaciones en el expediente informativo que le abrió la Universidad a instancias también de las dos productoras. No solo reiteró sus credenciales sino que además presentó un informe pericial con el que trató de demostrar la autenticidad de las firmas al pie de esas certificaciones.

De momento Pomares no ha presentado ni ante la Universidad de La Laguna, donde da clases en la Facultad de Periodismo, ni ante el juzgado ni ante la opinión pública, a la que tiene fácil acceso, ni una sola prueba de sus vínculos laborales con esas empresas: ni un contrato, ni una nómina, ni una sola factura girada para el cobro por sus servicios. Ningún empleado o directivo de las productoras dice haberlo visto una sola vez por allí y en los registros de propiedad intelectual de las obras donde dice haber intervenido como guionista o creador aparece su nombre.

El escrito del periodista al juzgado acaba reclamando al juez que proceda al sobreseimiento libre de las actuaciones por prescripción.