Un presunto fraude de la Policía Nacional en el aeropuerto de Lanzarote pone en riesgo la entrada de turistas británicos

La Justicia investiga un posible fraude en la Policía Nacional durante la evaluación del aeropuerto de Lanzarote como frontera Schengen. El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife ha abierto diligencias a raíz de una denuncia que señala que la Policía habría inflado el número de funcionarios operativos en el Aeropuerto César Manrique solo para pasar la evaluación de la Comisión Europea.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Canarias Ahora, se ejecutó un “plan premeditado” con el único fin de hacer creer “que se habían solucionado las deficiencias” por las que en 2022 el aeródromo suspendió como frontera Schengen. Este presunto fraude podría poner en riesgo la entrada directa de los turistas extranjeros mayoritarios en la isla: los británicos.

El 11 de julio de 2023, evaluadores europeos se trasladaron al aeropuerto de Lanzarote para examinar si se ajustaba al Código de Fronteras Schengen. Este decálogo establece las normas que se deben aplicar a las personas que cruzan las fronteras exteriores de este espacio, del que forman parte 27 países europeos.

Un año antes, este aeropuerto había suspendido la evaluación. La Secretaría General del Consejo de la Unión Europea trasladó en noviembre a España una serie de recomendaciones para subsanar las deficiencias que se habían detectado. En el caso de Lanzarote, el documento ordenó aumentar de forma urgente el personal encargado de realizar inspecciones fronterizas en el aeropuerto. 

La UE también insistió en la realización de inspecciones fronterizas sistemáticas de los pasajeros de salida y en la adaptación de la infraestructura del aeropuerto para garantizar la separación física entre el flujo de pasajeros de vuelos nacionales y el de otros vuelos en la zona de salidas. 

La denuncia presentada el pasado 2 de agosto asegura que estas medidas no se llevaron a efecto “en ningún momento”. “No solo no se cumplen, sino que desde la Jefatura de la Comisaría de Arrecife parece que se organiza un plan de engaño o fraude a los evaluadores de tal manera que les sea muy difícil detectar que el aeropuerto no cumple el Acervo Schengen para ser frontera europea”, subraya el documento. 

Fuentes próximas a la Policía Nacional indican que, por turnos, hay unos seis o siete agentes en el aeropuerto, pero según los informes de otros comisarios debe haber por turno al menos 25 funcionarios para poder hacer los controles minuciosos a extranjeros de países que no pertenecen a la Unión Europea.

Este periódico ha intentado por diferentes vías obtener las versiones de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska han remitido al Gabinete de Comunicación de la Policía Nacional. Desde el cuerpo de seguridad responden que no pueden responder al tratarse de un “tema de tribunales''.

Por otro lado, y según ha podido saber esta redacción, el agente de la Policía Nacional que ha presentado la denuncia ha sido trasladado de su puesto de trabajo habitual. Después de 15 años trabajando en el control de fronteras fue reubicado dos semanas después de denunciar. Ahora se encargará del traslado y la custodia de los detenidos en los Juzgados de Arrecife. 

Un “plan de engaño”

Este “plan de engaño” se orquestó, siempre según la denuncia, desde la Comisaría de Policía Nacional de Arrecife. Esta, unos días antes de la evaluación, añadió a los siete trabajadores habituales del aeropuerto a diez funcionarios solicitados a la Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina (BRIC) y a siete policías más de la propia Comisaría. “Después de la evaluación se retiran esos funcionarios y se ordena nuevamente no sellar los pasaportes, o sea, que el control de la frontera no se ejecute según la normativa europea”. 

En los días previos a la evaluación, los funcionarios supuestamente recibieron un informe de presentación que se entregaría a los evaluadores. El objetivo era que, en caso de ser preguntados, ajustaran sus declaraciones a ese documento. “En ese informe se incluyeron como plantilla fija a los 17 funcionarios procedentes de la BRIC que se añadieron para la evaluación, siendo esto totalmente falso”. 

Cierre del puesto fronterizo

La Unión Europea contempla las posibles consecuencias de incumplir con los deberes de una frontera Schengen. El Código de fronteras Schengen establece que, “en caso de que se detecten deficiencias graves” en la realización de controles en las fronteras exteriores en un informe de evaluación, la Comisión Europea puede ejecutar diferentes actuaciones. 

Por un lado, puede recomendar que el Estado miembro adopte medidas específicas como el despliegue de equipos europeos de Guardia de Fronteras o la presentación de planes estratégicos. Como último recurso y en función de la gravedad de la situación, también se puede ordenar el cierre de un puesto fronterizo. Así se desprende del artículo 29 del Reglamento 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

El fin del Aeropuerto César Manrique como puesto fronterizo podría traer consigo importantes consecuencias para la isla. Los pasajeros de Reino Unido no podrían viajar de forma directa a Lanzarote, sino que tendrían que hacer escala previa en otro aeropuerto. 

La mayoría de turistas que recibe Lanzarote son ingleses. Solo entre enero y julio de este año se desplazaron a la isla 131.972 visitantes desde Reino Unido. Las cifras del Centro de Datos insular reflejan que las llegadas han aumentado un 9% con respecto al año anterior. 

Derechos fundamentales

En el mismo documento en el que la Unión Europea recomendaba a España aplicar medidas urgentes en el aeropuerto de Lanzarote, la Secretaría también hizo referencia a la situación de las personas migrantes en la isla.

En su punto número 27, el documento urge el cierre del Centro de Asistencia Temporal de Extranjeros (CATE) de Lanzarote y la puesta en funcionamiento de una nueva instalación “ya construida” para garantizar unas condiciones de acogida temporal adecuadas en el CATE, incluido un espacio personal “suficiente para los internos”. Además, también se exige a España que proporcione los servicios de apoyo y equipos adecuados que permitan ofrecer “actividades básicas de ocio” a los internos.