La aparente calma que ha rodeado este último año el proyecto para la construcción en Gran Canaria del parque temático Dreamland, vinculado a la industria del cine, escondía mar de fondo. Una querella presentada por dos socios contra el accionista mayoritario de la empresa promotora, José Antonio Newport, a quien acusan de apropiarse de la idea y excluirlos de la toma de decisiones, siembra dudas sobre una iniciativa que se encuentra ahora en fase de adaptación después de que el órgano ambiental del Cabildo supeditara su evaluación favorable al cumplimiento de 45 medidas, siendo la principal la reducción de la edificabilidad, de los 51.098 a los 35.000 metros cuadrados.
En abril del año pasado, los promotores trasladaron el proyecto a Gran Canaria ante la fuerte oposición social y política que había generado la propuesta inicial, la de instalarlo en Fuerteventura, en una parcela de 160.000 metros cuadrados situada en suelo rústico y a menos de 500 metros del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. La iniciativa llegó a dinamitar el Cabildo de Fuerteventura. Se rompió el pacto de gobierno y la institución quedó de forma insólita en manos de tan solo dos consejeros.
Ante el rechazo generalizado en Fuerteventura, el promotor cambió de estrategia y planteó como alternativa Gran Canaria. Y ahí las cosas parecían ir rodadas. Hubo unanimidad en el Cabildo para declarar el proyecto de interés insular. También había consenso en el Ayuntamiento de Telde, el municipio donde prevé levantarse. El terreno ya no era rústico, sino urbano, y tampoco se encontraba en las inmediaciones de un espacio protegido.
Esa calma se ha roto esta misma semana, cuando se ha conocido que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Puerto del Rosario ha admitido a trámite la querella que dos socios han presentado contra Newport, al que acusan de tres delitos: administración desleal, apropiación indebida y delito societario. Los querellantes, Carlos Albero y Sebastián Álvarez, sostienen que este empresario se ha apropiado del proyecto del que, según dicen, son autores.
La querella
Según consta en la querella presentada en diciembre del año pasado, la primera versión del proyecto fue creada por el empresario Carlos Albero (Alquimia Venture Capital) en 2017. En los años posteriores, se incorporó Sebastián Álvarez (Volcano Internacional Productions). Ambos reclaman sus derechos como autores del proyecto. La idea inicial era crear “un complejo cinematográfico y tecnológico a la vanguardia de Europa”, compuesto por estudios de cine, oficinas y un parque temático de realidad virtual en la isla de Fuerteventura.
Para ello, comenzaron a buscar el apoyo de productores internacionales y de potentes inversores. Los querellantes citan, entre otros, a Acciona, San José, Elecnor, Porcelanosa o Microsoft. Fue en junio de 2020 cuando se incorpora al proyecto José Antonio Newport, un empresario de Fuerteventura que pretendía diversificar su negocio, hasta entonces centrado en los cursos de formación y la captación de fondos públicos. Ahora es vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios y miembro del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). A los socios les convenció la “capacidad (de José Antonio Newport) de traer contactos e inversión” a esta iniciativa empresarial.
Dreamland Studios SA se constituyó el 10 de septiembre de 2020 con un capital social de 600.000 euros. Newport se quedó con el 50% de las acciones y las otras dos empresas (Alquimia y Volcano) se repartieron la otra mitad. Dos meses después se registró la marca Dreamland Studios & VR. En la querella se aprecia una identidad total entre ese logo y el ideado por Albero en 2017.
Al principio, los socios acordaron que la empresa fuera administrada de manera mancomunada por Newport y Albero, lo que implicaba que la toma de decisiones tenía que ser conjunta. Después, en el mismo acto público en que se firmaba una ampliación de capital (hasta los cuatro millones de euros), se cambió a una administración solidaria, de manera que cualquiera de ellos podía adoptarlas de manera indistinta. Finalmente, en junio de 2021 Newport se convirtió en administrador único. Es a partir de ese momento cuando, según los denunciantes, comienza a perpetrar “todas las fechorías” para dejarles de lado.
Las discrepancias entre socios surgieron a principios de 2023 en un clima de fuerte oposición al proyecto en Fuerteventura. Newport planteó trasladar el proyecto a otra isla, a Tenerife o Gran Canaria. La querella incorpora varios correos que constatan los recelos de los socios. “No nos queremos ver en situaciones de hechos consumados”, advierte uno de ellos. El empresario querellado les contestó que la idea era constituir una nueva sociedad con otro socio y quedarse con el 66% de las participaciones. “A mí no me parece un planteamiento interesante, el de meter un socio al 34% que luego aparte nos vende el suelo y hace caja con nosotros (...) A nivel societario me deja con un 17% de este proyecto”, advierte Albero (Alquimia) en uno de los mensajes incluidos en el escrito. “Prefiero quedarme haciendo mis peliculitas internacionales”, añade a ese hilo Álvarez (Volcano).
Newport adoptó todas las decisiones posteriores a espaldas de sus socios, según denuncian. En marzo de 2023, el empresario constituyó otra sociedad de similar nombre, Dreamland Studios Canarias SL, tras aliarse con Lopesan, el gigante hotelero de las Islas, propietaria de los terrenos donde se ubicará el parque temático cinematográfico.
Según documentos a los que los querellantes tuvieron acceso con posterioridad “a través de intermediarios”, Newport es propietaria del 40% de la nueva compañía y Key Travel (vinculada a Lopesan), del 34%. El 26% de las acciones queda en manos de la mercantil original, de Dreamland Studios SA, en la que están los socios denunciantes. Su participación en la nueva empresa se reduce, por tanto, a apenas el 6% para cada una, un porcentaje “irrisorio” que les deja “sin efectiva capacidad de información y decisión”.
Los representantes de Alquimia y Volcano sostienen que Newport ha traspasado a esa segunda sociedad, Dreamland Studios Canarias SL, “los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones y diseños arquitectónicos y de ingeniería” propiedad de Albero. Y, en concreto, “un activo tan esencial como la marca Dreamland Studios & VR”.
Los querellantes mencionan varias operaciones que Newport también habría ejecutado sin informar y sin el consentimiento de sus dos socios originales. Una de ellas es la firma del contrato de patrocinio con el Club Baloncesto Gran Canaria para las próximas seis temporadas. Un acuerdo que, según sus estimaciones, ronda los cuatro millones de euros. También un contrato de opción de compra del terreno de Lopesan donde se ubicará el complejo, por importe de cinco millones de euros. “Se ha solicitado este contrato al señor Newport, así como los detalles de la operación, sin que haya sido facilitado”, exponen los denunciantes, que cifran en al menos diez millones de euros el perjuicio de estas “operaciones desleales”.
En un correo remitido a Newport el 2 de julio de 2023, Albero expresa su “hartazgo” por esas maniobras. “A nivel empresarial no tengo grandes pretensiones y puedo ser más flexible. Pero como bien sabéis a nivel creativo, artístico, cinematográfico y tecnológico, mi intención es crear una marca personal y todas mis creaciones deberían apoyar esa línea y no ser 100% eclipsadas por empresas que han llegado a sumarse a mis ideas y proyectos”.
Tanto José Antonio Newport, en calidad de investigado, como los querellantes y el representante de Key Travel (Lopesan) están citados a declarar el 28 de mayo. Este periódico se ha puesto en contacto con Newport para recabar su versión sobre los hechos denunciados, pero no ha obtenido respuesta. En la querella, sus socios aseguran que el empresario les está reclamando el pago de ciertas cantidades de dinero. En concreto, algo más de 600.000 euros a Alquimia y Volcano, y más de cinco millones de euros a la sociedad en común, Dreamland Studios SA., por discrepancias sobre determinados derechos vinculados a este proyecto empresarial, una solicitud que califican de “insólita e inverosímil”.
La evaluación ambiental
En declaraciones a los periodistas este pasado miércoles, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, expresó su deseo de que “el problema interno” entre socios se resuelva y no signifique que el proyecto “se eche atrás”. “Estamos a expensas de lo que decidan después los tribunales”, añadió el dirigente insular, quien también dijo haber escuchado al promotor principal, José Antonio Newport, decir que esa acción judicial “no iba a variar en nada” su objetivo de instalar el complejo audiovisual y tecnológico en la isla.
Al margen de las dudas y recelos que la querella ha alimentado en el seno del propio proyecto, la iniciativa empresarial continúa con su tramitación administrativa. La promotora debe adaptar su propuesta para cumplir con las decenas de requerimientos que el Cabildo de Gran Canaria ha formulado para corregir las deficiencias advertidas tanto en el proyecto básico como en el documento ambiental estratégico presentado por la empresa. Este último documento fue elaborado por Rosendo López, un biólogo que dimitió como presidente del órgano ambiental de Adeje en octubre del año pasado, semanas después de conocerse que, a la vez que ostentaba este cargo, asesoró a la promotora del polémico proyecto turístico de Cuna del Alma, ideado en el municipio del sur de Tenerife.
El órgano ambiental de Gran Canaria dictó el pasado mes de enero un informe estratégico “con condicionantes”, de manera que el proyecto de interés insular queda supeditado al cumplimiento de las 45 medidas que ese documento incorpora en relación con la ordenación e intensidad de uso, el paisaje, la movilidad, la eficiencia energética, el consumo de agua, la calidad del aire, la vulnerabilidad frente a riesgos naturales, la fauna y la flora.
La principal condición es la reducción de la edificabilidad máxima. El órgano ambiental advierte el “notable impacto paisajístico que genera la alta concentración de edificaciones de gran porte proyectadas en el reducido ámbito de 100.000 metros cuadrados”. Las construcciones proyectadas sumaban 51.098 metros cuadrados, con una ocupación máxima del 34% y una edificabilidad máxima de 0,51 m2/m2. El Cabildo de Gran Canaria compara esas cifras con las de otras parcelas similares en dimensión y situación respecto a la autovía GC-1 (en La Pardilla, La Mareta y Marpequeña) y reduce el área construible a 35.000 metros cuadrados (con una ocupación máxima del 35% y una edificabilidad sobre rasante de 0,35 m2/m2). Es decir, la rebaja en casi un tercio.
El órgano ambiental exige a la promotora que las zonas ajardinadas ocupen al menos el 20% de la parcela, una “alta densidad” de porte arbóreo y palmeras (como mínimo el 45% del número total de especie) y una edificación que mantenga “un alto grado de coherencia” en sus materiales y volumetrías, evitando “los colores estridentes”.
Con respecto a la movilidad, reclama diversos estudios sobre el impacto del complejo en el tráfico en la zona. Dreamland prevé ubicarse en la parcela donde se encuentra el campo de golf de El Cortijo, ahora en desuso. El órgano ambiental advierte de que la afluencia de visitantes puede afectar tanto a las incorporaciones en ambos sentidos en la autovía como al tronco principal. También echa en falta el diseño de un sistema de movilidad que integre el uso de coches con otros modos “más eficientes”, como el transporte colectivo o el vehículo compartido. “Se entiende que la mayor afluencia de visitantes al complejo serán turistas que se establecen principalmente en el sur”, precisa.
Además, los promotores deberán instalar estaciones de recarga de los vehículos en al menos el 20% de las plazas de aparcamiento; disponer de un sistema de depuración de aguas para su reutilización en el riego de las zonas ajardinadas dadas las necesidades hídricas del complejo (cifradas en 426 metros cúbicos de consumo diario), o plantar cultivos leñosos para absorber el dióxido de carbono del aire y mitigar el efecto “isla de calor”.
Una de las principales preocupaciones del órgano ambiental de Gran Canaria tiene que ver con el palmeral ubicado en esta parcela, con algunos ejemplares centenarios. Tras el cierre del campo de golf en 2021, estas palmeras están sometidas a un “estrés hídrico”, por lo que la promotora de la ciudad del cine debe garantizar “regulares y moderadas aportaciones” para asegurar su supervivencia antes del comienzo de las obras. La empresa debe evitar el trasplante de las palmeras más longevas “por existir una alta probabilidad de fracaso de la supervivencia”, así como las podas. Sí podrán ser trasladados los ejemplares más jóvenes.
En cuanto a la fauna, el proyecto deberá incluir refugios, mediante la ejecución de muros con piedras “que ofrezcan grietas que faciliten la introducción de los reptiles”; charcas artificiales “para propiciar la presencia de especies de avifauna en el ámbito de actuación” o refugios para aves en caso de que el estudio de ruidos lo aconseje.