Ramírez insiste en que nunca ofertó productos sanitarios al Gobierno y que la Fiscalía solo lo denuncia por delito fiscal

El empresario Miguel Ángel Ramírez ha insistido este martes en que nunca ofertó productos sanitarios al Gobierno de Canarias y ha remarcado que la Fiscalía solo lo denuncia por delito fiscal. El presidente de la UD Las Palmas ha emitido un comunicado después de que se publicara que el Juzgado de Instrucción 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias por delito fiscal contra cuatro empresarios a raíz de una querella de la Fiscalía de Las Palmas.

Uno de esos cuatro empresarios, el madrileño Noeal Jammal Fernández, vendió material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia mediante contratos por importe de 22,9 millones de euros entre 2020 y 2021, aunque entre nueve y diez millones es la cantidad que se corresponde a material que no llegó, según ha asegurado el Ministerio Público a este periódico. Los otros tres investigados (Miguel Ángel Ramírez, Lucas Bravo de Laguna y Christian Zerpa) pertenecen a una empresa que ejerció de intermediaria local para tramitar los pedidos una vez contratados por la Administración.

En su comunicado Ramírez asegura que se pronuncia ante “las distintas informaciones que han venido apareciendo en diferentes medios de comunicación, derivadas de filtraciones malintencionadas que poco tienen que ver con la realidad”. “La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha interpuesto una querella únicamente por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en materia de IRPF, en los ejercicios 2020 y 2021 contra mi persona”, especifica.

El empresario destaca que “consta en las actuaciones que la propia Fiscalía Europea, a quien se le dio traslado de los hechos objeto de la querella, decidió no investigar ningún otro delito, al no apreciar indicios de su comisión”.“Jamás vendí u oferté producto sanitario alguno al Servicio Canario de Salud, con el que nunca establecí relación comercial. Mi labor consistió únicamente en la intermediación, en un contexto de máxima dificultad y extrema urgencia, para satisfacer las necesidades de la sanidad pública”, asegura.

“Lamento profundamente que alguien pueda afirmar que no se entregaron diez millones de euros en material contratado a cualquiera de las empresas mencionadas. Esta afirmación es rotundamente falsa. Se entregó todo el material contratado en perfecto estado, condición indispensable para satisfacer los pagos”, apuntó.