La juez y el fiscal rechazan el indulto a Josefa Hernández, aunque este último no quiere prisión
El Juzgado que condenó a Josefa Hernández a seis meses de cárcel por construir su casa en un espacio protegido ha informado al Gobierno en contra de que le den el indulto y lo mismo ha hecho la Fiscalía, aunque esta última se opone a que se ejecute la condena y recomienda su suspensión.
La ley que regula el indulto en España establece que, antes conceder esta medida de gracia, el Gobierno tiene que escuchar la opinión del tribunal que dictó la condena y del Ministerio Fiscal, cuyos informes son preceptivos, pero no vinculan al Consejo de Ministros.
Josefa Hernández fue condenada el 30 de marzo de 2012 por el Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario a seis meses de cárcel, 720 euros de multa y el derribo de su vivienda por un delito contra la ordenación del territorio, una sentencia que después fue confirmada y declarada firme por la Audiencia de Las Palmas.
La conocida como Abuela de Fuerteventura solicitó personalmente el indulto el pasado 25 de marzo, con el apoyo del Ayuntamiento de Betancuria, donde reside, según consta en un informe del fiscal.
Salvo sorpresas de última hora, Hernández recibirá el indulto en el Consejo de Ministros de este mismo viernes, como adelantó este martes en los pasillos del Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que llegó a calificar de “absurda” la situación de esta mujer.
Sin embargo, su defensa ha confirmado que el informe que la juez de lo Penal Número 2 de Puerto del Rosario, María Isabel Quintero, es desfavorable a la medida de gracia
Las razones de la juez para desaconsejar el indulto no han transcendido, pero sí se conocen los motivos que le llevaron el viernes pasado a ingresar el inmediato ingreso en prisión de Hernández, con dos hijos y tres nietos a su cargo, retirándole la suspensión de la condena que hasta entonces la mantenía en libertad.
En el auto que dictó el viernes pasado, sin pedir siquiera la opinión del Ministerio Fiscal, la juez argumenta que no considera “suficientemente justificadas” las razones que esgrimía la defensa para demandar que Hernández, de 62 años, sin más condenas que esta, no ingresara en la cárcel de Tahíche (Lanzarote).
“La conducta de la condenada tras la firmeza de la sentencia obedece a una actitud desafiante frente a los requerimientos que se le han realizado para dar cumplimiento a la resolución firme”, es decir, a la orden de derribo de la vivienda que levantó ilegalmente en Aguas Verdes, dentro del Parque Rural de Betancuria, alega la juez, en un auto.
En el mismo sentido se había pronunciado ya en otro auto el 29 de julio. En esa resolución, explica que deniega a Josefa Hernández la suspensión de la pena de prisión porque esta, “lejos de reparar el daño causado, al construir en una zona protegida, no solo no ha demolido la construcción ilegal (...), sino que ha terminado de construir la edificación, además de levantar un cuarto de 12 metros cuadrados de superficie y dos metros de altura”.
Todo ello, continúa, “revela una actitud rebelde al cumplimiento de la sentencia firme y que en ningún caso le hacen merecedora del otorgamiento de beneficio alguno en cuanto a la ejecución de la pena de prisión impuesta, ya que en ningún momento ha mostrado intención alguna de cumplir lo acordado en sentencia firme”.
La Fiscalía de Las Palmas comparte en lo sustancial estos argumentos respecto a la conducta de Josefa, ha indicado Guillermo García Panasco, su fiscal jefe, y por eso se opone al indulto, pero discrepa de la juez en que esta vecina de Betancuria deba ingresar en prisión. De hecho, el Ministerio Público ha tildado de “arriesgada y precipitada” la decisión de la juez, la ha recurrido y ha pedido la puesta en libertad de Josefa.
El Ministerio Fiscal cree que Hernández no debe ser indultada porque ha seguido construyendo en el lugar que motivó su condena y porque todas sus circunstancias personales ya se tuvieron en cuenta en el momento de dictar sentencia, imponiéndole la pena mínima.
Josefa Hernández alega que siguió haciendo obras en su casa por indicación de los Servicios Sociales, ante la inminente declaración de los nietos que conviven con ella como menores “en riesgo”.
El fiscal replica que no es eso lo que dicen los hechos probados en la sentencia. En el juicio, recuerda el Ministerio Público en uno de sus últimos informes, las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Betancuria coincidieron en declarar que la vivienda de Hernández “no reunía condiciones de habilitabilidad, fundamentalmente porque los techos se encontraban en mal estado”, pero aclararon “no tuvieron intervención en nada relacionado con las obras”.
Es más, continúa el fiscal, precisaron que “no recomendaron la ampliación de la vivienda, porque no les correspondí hacerlo y, además, tenían conocimiento de que la vivienda podía ser ilegal”.
Aunque no quiere el indulto, la Fiscalía recomienda que Josefa Hernández siga libre, siempre que se comprometa a cumplir el derribo de su casa, mientras los servicios sociales le buscan otra vivienda.
