La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ordenado al Ayuntamiento de Mogán la exclusión inmediata de un policía local condenado por torturas, Carlos Javier Hernández, de la lista de admitidos en la convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de oficial en el cuerpo de seguridad municipal. La letrada de la Administración de Justicia de la Sección Primera advierte al gobierno municipal liderado por Onalia Bueno (Juntos por Mogán- Coalición Canaria) de que está incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, puesto que Hernández tiene una pena de inhabilitación absoluta hasta mayo de 2032.
El pasado 23 de octubre se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Las Palmas un decreto del concejal de Recursos Humanos, el teniente de alcalde Mencey Navarro, con la lista definitiva de admitidos y excluidos de ese procedimiento selectivo, convocado en 2019 por el sistema de promoción interna. Entre los 16 candidatos admitidos para optar a esa plaza figuraba Carlos Javier Hernández, con condena firme de cárcel (cuatro años y ocho meses) e inhabilitación absoluta (nueve años) desde marzo de 2023 por los delitos de tortura, en su modalidad de atentado grave a la integridad moral, y de lesiones a un vendedor ambulante de origen senegalés, hechos que tuvieron lugar en 2011.
A esa publicación en el BOP del 23 de octubre le sucedió otra cinco días después, el 28, para corregir la fecha de las pruebas, pasándola de los días 14 y 15 de noviembre al 28 y 29 del mismo mes y “manteniéndose el resto de lo publicado en dicho Boletín Oficial de la Provincia”. Es decir, el gobierno moganero mantuvo como admitido en esa convocatoria pública al policía condenado e inhabilitado por dar una paliza a un ciudadano.
Según fuentes consultadas por este periódico, Hernández, que cumple pena de prisión en una cárcel de Madrid y que ya goza de permisos penitenciarios (se le pudo ver por esas mismas fechas en el municipio), no acudió a esas pruebas, por lo que, de facto, ya está excluido de ese proceso selectivo, según estipulan las bases del procedimiento.
Sin embargo, el gobierno de Onalia Bueno ha sido reprendido por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En concreto, por la letrada de la Administración de Justicia (antigua secretaria judicial), que es quien firma la diligencia de ordenación en respuesta a un escrito presentado a principios de diciembre. Además de advertir al gobierno municipal de “que se está incurriendo en un delito de desobediencia a la autoridad judicial”, esa diligencia ordena remitir al Ayuntamiento una copia de la liquidación de condena de la pena de inhabilitación absoluta impuesta al policía local hasta el 22 de mayo de 2032.
Este periódico ha preguntado al Ayuntamiento de Mogán por la inclusión de Hernández en la lista de admitidos en el proceso selectivo, pero no ha obtenido respuesta.
Ascendido y condecorado
El Supremo dio firmeza en marzo de 2023 a la sentencia que condenó a Carlos Javier Hernández y a Gilberto Julián Macías, los dos agentes de la Policía Local de Mogán que en enero de 2011 torturaron y lesionaron a un vendedor ambulante en el centro comercial de Puerto Rico, en el sur de Gran Canaria. La Sala de lo Penal del alto tribunal redujo a cuatro años y ocho meses la pena de prisión (la Audiencia de Las Palmas había impuesto siete años y medio a cada uno) por la excesiva duración del procedimiento.
Tanto la Audiencia como el Supremo consideraron probado que los policías locales zancadillearon al ciudadano, lo tiraron al suelo, le dieron patadas y un puñetazo, lo sacaron a rastras de un supermercado y le golpearon con unas porras u objetos contundentes. Algunos testigos, entre ellos la víctima, identificaron “al más bajo”, a Carlos Javier Hernández, como la persona que agredió “con un palo” o “barra de hierro” al senegalés.
Cuando ocurrieron los hechos, los policías estaban vestidos de paisano y el agredido estaba vendiendo collares en un restaurante. Al ver a los agentes, que días antes habían protagonizado otro incidente con uno de sus primos, el vendedor salió corriendo y se inició una persecución que quedó grabada en parte en las cámaras de videovigilancia.
Cuando se produjo la agresión de los agentes policiales (enero de 2011), gobernaba el municipio el Partido Popular (PP). En aquel momento, la misma persona que firmó el reciente decreto que admite a Hernández en el proceso selectivo, Mencey Navarro, entonces en la oposición con Ciuca (Ciudadanos por el Cambio), hizo unas declaraciones en las que instaba al alcalde, Francisco González, a abrir un expediente contra los agentes.
Sin embargo, contra los policías nunca se incoó procedimiento disciplinario alguno y, en consecuencia, nunca fueron suspendidos de empleo y sueldo. Cuando Bueno asumió la Alcaldía en 2015, con Navarro como número dos, el gobierno municipal deslizó que sólo adoptaría medidas contra ellos cuando la sentencia fuera firme.
Carlos Javier Hernández no sólo continuó en activo hasta ese momento, sino que además fue ascendido y condecorado después de que la Audiencia de Las Palmas lo condenara en primera instancia.
En enero de 2022, prácticamente un año después de que se dictara esa sentencia, el agresor fue nombrado de forma interina oficial, el mismo puesto que ahora se prevé adjudicar de manera definitiva. Diez meses después, en octubre de ese mismo año, recibió la cruz distintiva de la permanencia activa en el servicio durante veinte años, en un acto que presidió la propia alcaldesa, Onalia Bueno.
El Ayuntamiento de Mogán también fue condenado como responsable civil por la paliza que propinaron los dos agentes de la Policía Local a un ciudadano en 2011. Incluso recurrió la primera condena, de la Audiencia de Las Palmas, para intentar librarse de la obligación de asumir la indemnización de 44.000 a la víctima en caso de que los policías no pudieran afrontarla. El Supremo desestimó ese recurso porque los funcionarios cometieron esa agresión “en el ejercicio de sus funciones y con la dependencia funcional” del Ayuntamiento.