Caso Mascarillas Canarias

Dos responsables de Aduanas en Canarias guardan silencio sobre el caso Mascarillas

La que fuera responsable de Aduanas en Canarias durante la pandemia, María Ortega, y la jefa de la unidad de control en el aeropuerto de Gran Canaria, María José Caballero, se han acogido este lunes a su derecho a no declarar en la comisión parlamentaria de investigación del conocido como caso Mascarillas.

Ambas se han remitido a un informe de los servicios jurídicos de la administración para la que trabajan que les recuerda el carácter reservado de los datos que maneja la Agencia Tributaria y el deber de sigilo que les atañe como funcionarias.

Así pues, han eludido cualquier concreción sobre la retención en Aduanas del millón de mascarillas importado por RR7 United y por el que el Servicio Canario de la Salud (SCS) pagó 4 millones de euros.

Ni siquiera han confirmado si este material se llegó a destruir finalmente, algo que han cuestionado Fernando Enseñat, del grupo Popular, y José Alberto Díaz Estébanez, del Nacionalista.

Las responsables de Aduanas han explicado, de forma genérica, el procedimiento habitual con todo tipo de material que se pretende importar a Canarias; cuáles son los filtros a los que se someten los envíos “sospechosos” por su origen o fabricante, bien con una comprobación de la declaración aduanera o con una inspección física; y cuál es el procedimiento si se comprueba que se trata de una falsificación.

En ese caso, han detallado que se da traslado a la empresa importadora de la retención de esa partida y a la propietaria intelectual de la marca, para que compruebe si se trata de una falsificación, en cuyo caso se hará cargo de la destrucción del mismo, un proceso que vigilará Aduanas.

Ahora bien, la exresponsable regional de Aduanas en Canarias ha indicado que, de forma genérica y sin referirse en concreto al millón de mascarillas de RR7, podría autorizarse de forma excepcional que material retenido pudiera ser reexportado a otro destino fuera de la UE si así lo acuerdan las dos partes.

Y es que una cosa es que el material retenido sea falsificado y otra, que carezca de las correspondientes autorizaciones sanitarias o farmacéuticas, en cuyo caso supondría un riesgo para la salud y la seguridad de las personas, han detallado.

María Ortega ha explicado que durante la pandemia de covid hubo instrucciones para agilizar el despacho de material sanitario y también formación específica para el personal de Aduanas sobre la detección de material sanitario falsificado.

También ha contado que recibieron llamadas interesándose por la llegada de material sanitario por parte del importador, que no del SCS, porque “no es interlocutor nuestro”, aunque ve normal que la administración sanitaria, como destinataria final de esta partida en concreto, se interesase por el estado de la operación.

Por aquel entonces, ha asegurado, soportaban en Aduanas “mucha presión” para que el material sanitario llegara a tiempo, aunque más adelante en su comparecencia ha matizado que quien presionaba eran “el tiempo” y “los operadores” para sacar la mercancía de los puertos“, para evitar que se saquen sus palabras de contexto.

José Alberto Díaz Estébanez (CC) ha insinuado, en base a información obrante en el sumario del 'caso mascarillas', que pudo haber “presiones” ejercidas o instigadas desde el SCS para acabar con la retención de ese millón de mascarillas.

También ha recordado que quien fuera jefa de Aduanas en Canarias fue trasladada a la delegación regional de Andalucía, Ceuta y Melilla en 2022, el mismo año en que la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias y dimitió la exdirectora general de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez, investigada en la causa; una coincidencia que “es importante tener en cuenta”, ha deslizado.

Nira Fierro (PSOE) ha destacado que el sistema de control de Aduanas “es garantista” a pesar de que “algunos intentan hacer ver que era la casa de Tócame Roque”, y su compañero de filas Marcos Hernández ha lamentado que las dos funcionarias de Aduanas hayan tenido que comparecer en la comisión parlamentaria, lo que supone “no es una cita agradable”.