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Resucita el 'caso Corredor', el intento de convertir La Laguna en una ciudad de juego y apuestas

Hace ya más de una década desde que la noche de La Laguna comenzó a empañarse. A partir de 2009, el Cuadrilátero, una popular zona de ocio nocturno de Tenerife, fue escenario de estafas, incendios y un asesinato. Todos estos episodios integran el caso Corredor, una operación en la que se investigaron delitos económicos, irregularidades administrativas y supuestos tratos de favor hacia los locales propiedad del que era entonces el “dueño” de la noche lagunera: el empresario y abogado Evaristo González. Fue otro empresario, Carlos Calderón, el que destapó esta trama, cuyo nombre proviene de la intención de crear un corredor de apuestas en la ciudad.

Su local, el Sketch, estuvo mucho tiempo en el punto de mira de González. Según las investigaciones policiales, el objetivo era despojarse de Calderón para convertir el negocio en un local de apuestas. El pasado 13 de abril, dos denuncias resucitaron el caso. 

Evaristo González, de acuerdo con uno de los atestados policiales a los que ha tenido acceso esta redacción, estaba seguro de que saldría beneficiado de un cambio legislativo que se gestaba entonces en el Parlamento de Canarias. El 15 de julio de 2010 se aprobó la Ley 8/2010 de los Juegos y Apuestas, que permitía las apuestas y la instalación de máquinas recreativas “en establecimientos cuya actividad principal no sea el juego”. Esta norma se amplió a través del Decreto 98/2014 y el Reglamento de Apuestas Externas de Canarias. Desde ese momento, las casas de apuestas se multiplicaron en la ciudad universitaria de La Laguna.  

El Sketch, propiedad entonces de Carlos Calderón, era para Evaristo González “el mejor sitio en la zona de La Laguna de toda la vida para ubicar uno de estos locales de apuestas”, tal y como se desprende de los documentos policiales. Según las diligencias de la Policía Nacional, el empresario estaría “dispuesto a cualquier cosa para desalojar al denunciante del pub Sketch”. Así lo confirmó también Alejandra Medina, una testigo esencial, en declaraciones a la Policía. Ella aseguró haber estado presente en una reunión en la que participaron Evaristo González, Fernando Clavijo (entonces concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento) y Roberto Remiro, entonces gerente de Urbanismo. Según los documentos policiales, en esa conversación, el empresario llegó a afirmar que metería “mierda” en el local de Calderón. 

El negocio de las apuestas 

La Policía Nacional destaca en sus investigaciones una conversación telefónica “del todo significativa” entre Evaristo González y uno de sus socios, Carlos Machín Quintero, asesinado a tiros en La Laguna en 2018. En ella, Evaristo cuenta que se ha entrevistado con “Ferrer”. Según el atestado, se refería a Juan Ferrer Martínez, vicesecretario de la empresa Sistemas técnicos de consumo, SA - SITECSA. González y Ferrer conversaron acerca del reglamento sobre juegos y apuestas que se discutía entonces en el Parlamento regional. Entonces, en Canarias gobernaba Coalición Canaria, con Paulino Rivero al frente. 

Los empresarios ya anticipaban que la gestión de los locales de apuestas sería asignada a una empresa vinculada a SITECSA y relacionada con el juego y las máquinas tragaperras. “Antes de la aprobación del reglamento por el Parlamento de Canarias ya tienen conocimiento de qué posible empresa será la beneficiaria de la concesión”, resalta el documento policial. Además, Evaristo González confirma que se le asignará un local de apuestas. En esta misma conversación, ambos hablaron del Sketch como el mejor sitio en la zona de La Laguna “de toda la vida” para ubicar una de las casas de apuestas. 

A los investigadores les llamó la atención la forma en la que Evaristo González hablaba del Sketch, obviando que era propiedad de otra persona. “Da la impresión de que Evaristo cuenta con la plena disponibilidad del local, pues en ningún momento se hace mención a estos hechos. Es más, de sus palabras parece como si no existiera impedimento alguno”. 

Incendios para “amedrentar” a Calderón

El Sketch se vio afectado por dos incendios. El primero de ellos tuvo lugar la madrugada del 13 de diciembre de 2009 y, el segundo, en torno a las 15.00 horas del 13 de abril de 2010. El domicilio particular del denunciante del caso Corredor también fue calcinado el 17 de abril de 2009. Para los investigadores, “no es descabellado pensar” que esta campaña de incendios fuera perpetrada por un mismo grupo de “delincuentes” con el objetivo de “amedrentar” a Carlos Calderón. 

En relación con los incendios, Calderón fue condenado en 2019 por un intento de estafa. La sentencia, emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, concluyó que el empresario había intentado cobrar 150.000 euros del seguro, atribuyendo el destrozo del local al segundo incendio y no al primero, que calcinó la discoteca y era anterior al contrato de la póliza. Además, el fallo recoge que el segundo fuego se inició en un garaje colindante y no en el propio local. 

El 13 de abril de 2023 se cumplió el trece aniversario del segundo incendio del local. Con el objetivo de que la sentencia condenatoria sea revisada, Calderón presentó dos denuncias por falsificación de documentos ante el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna, del que es titular el juez que comenzó a llevar el caso Corredor, César Romero Pamparacuatro. El denunciante apunta que la condena fue “fabricada” con el objetivo de desprestigiarle y restarle credibilidad por haber denunciado la trama que llegó a salpicar al expresidente de Canarias Fernando Clavijo en su etapa como concejal de Urbanismo y alcalde de La Laguna. 

Fraudes a la Seguridad Social 

Las investigaciones derivadas de la denuncia de Calderón dieron lugar a dos piezas separadas del caso Corredor. Por la primera, Evaristo González terminó siendo condenado a ocho años de prisión y a una multa de 5 millones de euros por fraude a la Seguridad Social entre 2006 y 2010. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife había solicitado 44 años de cárcel para el empresario por encabezar una organización criminal dedicada a defraudar las arcas públicas. 

Según la Policía Judicial, una red de 38 empresas superó el desfalco de 4,5 millones de euros. Entre ellas, el pub Kapitel del Cuadrilátero. Allí, la Inspección de Trabajo identificó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta. 

Evaristo González también ingresó en prisión acusado de ser el autor intelectual del asesinato de su socio Carlos Machín. El empresario fue asesinado a tiros en el aparcamiento de la Escuela de Idiomas de La Laguna a las 22.50 del 17 de abril de 2018. Machín recibió dos disparos. Uno en el pecho y otro en la cabeza. Aunque algunos testigos escucharon hasta ocho detonaciones. El 27 de abril de 2022, el Juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna acordó la puesta en libertad provisional bajo fianza de 50.000 euros de Evaristo González. También quedó en libertad provisional y con una fianza de 10.000 euros el autor material del crimen. 

La pieza 22 

El caso Corredor salpicó en una pieza separada al expresidente del Gobierno de Canarias y también candidato a la Presidencia de la comunidad autónoma en las próximas elecciones de mayo, Fernando Clavijo (CC). Poco antes de las elecciones autonómicas de 2015, la causa quedó archivada al anularse unas conversaciones telefónicas captadas por la Policía que le comprometían. En estas escuchas se oía a Clavijo conversar con Blanca Pérez, entonces concejala de Bienestar Social, sobre cómo gestionar los fondos públicos para ganar votantes en Las Chumberas y cómo repartir las ayudas a los vecinos más influyentes. 

El auto dictado por la jueza Matilde Rocío Flores Esquivias, en el que autorizaba la prórroga de las escuchas, desapareció incluso del sistema informático Atlante, controlado por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno canario. La desaparición de este documento fundamental hizo saltar por los aires la pieza política del caso Corredor. Este auto autorizó pinchazos telefónicos que fueron claves para imputar a Clavijo por hasta cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos. 

Esta investigación se inició gracias a una información envida a la Asociación de Periodistas de Investigación.