Retiramos un vídeo del juez Alba por orden judicial
Un oficio del letrado de la Administración de Justicia (nueva denominación de los secretarios judiciales) adscrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria condujo a primera hora de la tarde de este martes a Canarias Ahora a retirar de la web el vídeo en el que se reproducía la declaración del magistrado Salvador Alba Mesa ante su colega Rafael Passaro en el curso de la denuncia del primero contra el empresario Miguel Ángel Ramírez, que le grabó conspirando contra la también magistrada Victoria Rosell, a la sazón diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
El abogado de Salvador Alba pidió al juez que decretara la retirada de ese vídeo, también publicado por otros medios de comunicación, y así lo hizo Rafael Passaro a través de su secretario judicial.
En el oficio, entregado a Canarias Ahora por la vía de urgencia a través de la Policía Judicial, se requiere al director del periódico a “la inmediata paralización de la divulgación de la grabación de la declaración de don Salvador Alba Mesa efectuada el 27 de junio de 2016 (…) bajo apercibimiento de desobediencia grave a la autoridad”.
La decisión judicial, instada por la defensa de Salvador Alba, no fue notificada al Ministerio Fiscal para conocer su parecer, lo que demostraría la urgencia que se tomó el juzgado para ejecutar las exigencias del magistrado denunciante.
El mismo oficio judicial fue remitido posteriormente a los demás medios de comunicación que incluyeron en sus ediciones digitales el referido vídeo.
En el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria se instruyen diligencias tras la denuncia interpuesta por Salvador Alba contra el empresario Miguel Ángel Ramírez y uno de los abogados de su empresa, Sergio Armario, después de que eldiario.es divulgara la grabación de una conversación sostenida por Alba y Ramírez en marzo pasado preparando una declaración del segundo para perjudicar claramente a la también magistrada Victoria Rosell, actualmente en Instrucción 8, pero entonces diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas.
En el vídeo se aprecia un tenso enfrentamiento entre los dos magistrados. Alba pide a través de su abogado que se declaren nulas las actuaciones por no haberles sido notificadas algunas comparecencias de testigos y se queja de que no le hubieran sido comunicados los derechos de las víctimas de delitos, derechos que finalmente termina él mismo por relatar.
El juez instructor le llega a reprochar su escasa colaboración con una instrucción que tiene como punto de partida una denuncia interpuesta por Alba en el juzgado de guardia. La denuncia incluía veladas acusaciones contra magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas que, en su versión, le habrían presionado para favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez.
De momento se desconocen los nombres de esos magistrados y los pormenores de esa denuncia porque las dos peticiones de aplazamiento reclamadas por Alba han impedido su interrogatorio. Su imputación por la misma grabación en una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia complicarán sin duda que pueda explicarse en un futuro cercano. Como testigo-denunciante está obligado a decir verdad, exigencia que no es de aplicación en la causa en la que está imputado (investigado en la nueva nomenclatura).
Alba considera que Ramírez manipuló esa grabación para perjudicarle, mientras que el empresario asegura lo contrario y sostiene que el magistrado le presionó para que declarara en contra de Rosell a cambio de archivarle una causa por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social que se sigue aún en Instrucción 8, juzgado al que se incorporó Alba como sustituto al marcharse Rosell al Congreso de los Diputados.
La declaración de Ramírez fue utilizada por Alba para emitir un informe a petición del Tribunal Supremo que, a la postre, sirvió para admitir a trámite una querella del ex ministro José Manuel Soria contra la jueza Rosell.
Previamente se había filtrado al periódico El Mundo y La Provincia-Diario de Las Palmas la grabación de aquella declaración de marzo pactada entre Alba y Ramírez. El propio Alba pidió a un funcionario del juzgado que le preparara un DVD con aquella declaración horas antes de que estuviera en las redacciones de los referidos diarios.
