El empresario Juan Francisco Rosa ayudó al fundador del PIL, Dimas Martín, a conseguir el tercer grado que le permitió salir de prisión, contratándolo como empleado de una de sus sociedades, con el propósito de que este mediara a su favor de la legalización del hotel Princesa Yaiza.
En el extenso escrito de acusación que ha presentado en una de las piezas principales del caso Unión, la Fiscalía Anticorrupción describe a Juan Francisco Rosa como “un empresario que generosamente contribuía fuera de los cauces legales a la financiación del PIL”.
En esa causa, el fiscal demanda que Rosa sea condenado a dos años y tres meses de cárcel por falsedad en documento público, porque considera que el contrato por el que ofreció un empleo a Dimas Martín en una de sus empresas, Galerías Rosa, mientras tramitaba su tercer grado penitenciario era ficticio “desde el inicio”.
En 2007, el fundador del PIL cumplía en la cárcel de Tahíche (Lanzarote) una condena de seis años de cárcel por malversación de fondos públicos, que intentó atenuar solicitando el tercer grado.
Para lograrlo, resalta el fiscal, necesitaba acreditar ante la junta de tratamiento de la prisión, entre otras cosas, que “contaba con hábitos laborales y posibilidades de empleo”.
En ese contexto, surgió la oferta de trabajo de Galerías Rosa, que la Fiscalía tacha de ficticia, pues tanto el empresario como el fundador del PIL “eran plenamente conscientes de que Dimas Martín no iba a desempeñar ni desempeñó actividad alguna para Juan Francisco Rosa”, sino que solo se buscaba engañar a la junta de tratamiento.
La acusación pública sostiene que Rosa se avino a “contratar” al fundador del PIL pensando en su hotel Princesa Yaiza, en Playa Blanca, sobre el que pesan sentencias que lo declaran ilegal, y en las influencias que Martín todavía podía ejercer en la isla (de hecho, en su escrito, el fiscal se esfuerza en demostrar que, a pesar de estar preso, el expresidente del Cabildo seguía moviendo los hilos de buena parte de la política de Lanzarote).
“El empresario Juan Francisco Rosa Marrero accedió a formalizar la ficción de contrato laboral como medio de procurarse una ventaja negociadora en los procesos que tenía en el intento de legalizar sus complejos hoteleros, Princesa Yaiza, pues con este 'favor' realmente pagaba algo más que la nómina: enmascaraba un trato de privilegio y favor en las relaciones entre Dimas y el citado empresario”, defiende el fiscal Javier Ródenas en su escrito de cargos.