La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este jueves la pretensión de Salvador Alba Mesa de volver a ser juez. Lo ha hecho en respuesta a un recurso interpuesto por el condenado alegando que su expulsión debe quedar en suspenso mientras se resuelve su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, la esposa de Alba, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo, ha elevado al Gobierno una solicitud de indulto.
Salvador Alba fue condenado en septiembre de 2019 a seis años y medio de prisión, a 18 de inhabilitación, a 60.000 euros de indemnización y 12.500 de multa por los delitos de prevaricación judicial en concurso medial con cohecho y de falsedad en documento público cuando maquinó desde un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria contra la magistrada Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. La sentencia fue confirmada el pasado noviembre de 2021 por la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Desde que la sentencia fue ratificada, Alba ha desplegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), encargado de la ejecución de la condena, una amplia gama de recursos, recusaciones, certificados médicos y escritos de la más variada índole para retrasar su ingreso en prisión. Ha alegado varias dolencias que, según los médicos que le atendieron, le impedirían, en un caso, viajar en avión, y en otro, vivir en una cárcel.
De momento, Alba solo ha cumplido con una pequeña parte de la condena, la referida al pago parcial de los 12.500 euros de multa, que pidió pagar de manera fraccionada por haber perdido sus ingresos como magistrado. La indemnización de 60.000 euros a su víctima la pagó la compañía aseguradora que lo afianzó al principio del proceso, en 2016. La inhabilitación le vino impuesta por el CGPJ, y contra su expulsión, decretada el pasado 3 de marzo, acaba de recurrir sin éxito, han informado fuentes del órgano de gobierno de los jueces.
Durante este tiempo, además, ha tramitado su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, y su esposa, un indulto ante el Gobierno de España, del que precisamente es alto cargo la víctima de sus delitos.
La última escaramuza de Salvador Alba ha sido recusar a las forenses que analizaron sus certificaciones médicas y concluyeron que ninguna de sus dolencias le impiden ingresar en prisión. Alba alegó ante el tribunal que esas forenses tenían relación de amistad con Victoria Rosell por los vínculos que entre ellas pudieron surgir durante los años que la magistrada ejerció en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria, donde mantiene su plaza en estos momentos reservada por servicios especiales.
El tribunal ha aceptado esa recusación y ha ordenado que sea el Instituto de Medicina Legal en Santa Cruz de Tenerife el que emita nuevos informes. El pasado 17 de abril se cumplieron los cinco primeros meses desde que la condena de Salvador Alba es firme.