El pleito laboral entre el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la trabajadora Rita López, hija del secretario municipal, Marcelino López Peraza, aún no ha concluido. Las partes estaban convocadas este jueves a una vista en el procedimiento de ejecución de la sentencia que declaró improcedente el despido de la empleada y obligó a la administración local a optar entre su readmisión o una indemnización. Los servicios jurídicos del Consistorio sureño acudieron a la cita con una solución bajo el brazo, el pago de los salarios que la trabajadora se ha negado a cobrar desde que se reincorporó al puesto, un rechazo que ha sustentado en una discrepancia con respecto al salario. López, que fue readmitida por el anterior grupo de gobierno, liderado por Marco Aurelio Pérez (AV-PP), en un proceso plagado de irregularidades, considera que debe percibir una retribución equivalente a la de la máxima categoría profesional, la A1, con jornada completa, mientras que el Ayuntamiento mantiene que sus emolumentos tienen que ser los que tenía cuando ingresó a la administración local a través de un convenio de reinserción y empleo social, con un contrato de seis meses y seis horas diarias de trabajo.
La magistrada titular del Juzgado de lo Social 3 de Las Palmas de Gran Canaria, María Rosario Arellano, decidió suspender la vista, a la que habían sido citados numerosos testigos, entre representantes sindicales, personal de la corporación, altos cargos y concejales, debido a la documentación presentada por el Ayuntamiento, que ahora estudiará la representación legal de la trabajadora, y la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, José Ramón Pérez, abogado de la demandante, ya advertía a Canarias Ahora a la salida de los juzgados de que el pago efectuado por el Consistorio sureño era “incompleto”, que presentaría alegaciones en el plazo concedido y que, por tanto, seguiría pleiteando para que se le reconociera una categoría superior a su representada, que estuvo en todo momento acompañada por su padre, funcionario habilitado nacional que ha sido protagonista de polémicos episodios en las Islas.
Según han informado a este periódico fuentes oficiales del Ayuntamiento, la transferencia realizada a la hija del secretario se corresponde con el tiempo que se negó a cobrar su salario, durante tres tramos distintos -no contempla los veinte meses que estuvo sin trabajar-, y la retribución que figuraba en su contrato, 33 euros al día, por una jornada de seis horas. Unas cantidades con las que el Consistorio considera que da cumplida cuenta de la sentencia que reconoce el vínculo laboral de la trabajadora con la administración local.
El procedimiento laboral se ha centrado en dos cuestiones: las funciones y la titulación de la trabajadora. Rita López entró en el Ayuntamiento a través de un convenio entre el Servicio Canario de Empleo (SCE) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), un programa dirigido a emplear a parados de larga duración y difícil inserción laboral en los ayuntamientos. Las tareas que debía desempeñar eran las propias de una administrativa y el vínculo finalizaba en abril de 2015, seis meses después de su inicio. Tras la rescisión del contrato, la trabajadora decidió demandar al Ayuntamiento por despido nulo o improcedente, al entender que las funciones que había realizado correspondían a las de una técnica administrativa de la Concejalía de Obras.
El Juzgado de lo Social 3 le dio la razón e instó a la administración a readmitirla y pagarle los salarios de tramitación o a abonarle una indemnización, solución esta última por la que optó, en primera instancia, el Ayuntamiento, ya que era la menos gravosa para las arcas públicas. Incluso llegó a consignar los algo más de 800 euros (más otros 1.200 de costas procesales) que tenía que pagar por esta vía. Con la solución ya encauzada, el anterior alcalde, Marco Aurelio Pérez, dio un golpe de timón y, a través de un “acuerdo transaccional” con la trabajadora en forma de decreto, decidió readmitirla y abonarle los salarios de tramitación, aduciendo para ello “el interés” de la corporación en reforzar la concejalía. Tanto la interventora municipal como los servicios jurídicos del Consistorio detectaron numerosas irregularidades en el decreto firmado por el regidor: sin informes preceptivos, sin acuerdo del pleno, sin expediente previo y, en definitiva, “saltándose absolutamente la legalidad”. La cuestión se dirime ahora en los juzgados de lo contencioso de la capital y puede acabar con el despido de la trabajadora de la corporación.
En el plano laboral, Rita López reclama que se le pague como una empleada pública A1 en cumplimiento de la categoría profesional que recoge la sentencia, la de “técnica administrativa”, una categoría inexistente para el Ayuntamiento, pero que, en opinión del abogado que representa a la empleada, encuentra acomodo en el Estatuto Básico del Empleado Público como “técnico en administración general” y permite cobrar el equivalente a las retribuciones del máximo escalafón de empleo público en virtud de la titulación y de las funciones.
A pesar de que la hija del secretario accedió al Ayuntamiento a través de un programa de empleo para parados de difícil inserción, ahora blande un doble grado universitario en Derecho y Administración y Dirección de Empresas para reclamar más dinero. Además, defiende que sus funciones corresponden a las de un funcionario A1 y, para tratar de demostrarlo, recuerda que ha sido la coordinadora de los últimos tres procesos electorales en San Bartolomé de Tirajana, las autonómicas y locales y los dos comicios generales. Se da la circunstancia de que la persona que asume las competencias de coordinar todos los medios en las elecciones en los municipios es el secretario, un cargo que en Tunte ocupa el padre de la trabajadora, López Peraza.
El comité de empresa del Ayuntamiento sureño deberá ahora elaborar un informe para cotejar que las funciones que realiza Rita López en la administración son las que realmente dice. Este procedimiento laboral está causando un profundo malestar en algunos sectores de la corporación sureña, en especial por el papel desempeñado por el secretario municipal, a quien el pasado jueves se le pudo ver en los pasillos de la quinta planta de la Ciudad de la Justicia hablando vehementemente con representantes sindicales y del propio Ayuntamiento.