La baja médica que impide en estos momentos que el Consejo General del Poder Judicial suspenda en sus funciones al juez Salvador Alba Mesa es “anormal”, según confirmó este martes a Canarias Ahora una fuente autorizada del Servicio Canario de la Salud tras comprobar que el facultativo que la firma no tiene concedida la compatibilidad para trabajar en el sector privado. La portavoz de la Gerencia de la Mutualidad General Judicial de Las Palmas, a la que está acogido el magistrado, sostiene por su parte que ninguna baja médica tiene validez si no está firmada por algún facultativo incluido en el cuadro médico de la aseguradora escogida por el funcionario en cuestión. El doctor Sergio Hernández no aparece en el cuadro médico de ninguna de las cinco aseguradoras con las que sostiene convenio en Canarias la Mutualidad General Judicial. Por lo tanto, la baja médica de Salvador Alba Mesa no es válida.
Alba mintió este lunes cuando dijo a diversos medios de comunicación que la baja se la firmó su “médico de cabecera” porque Sergio Hernández no lo puede ser ni en el sistema público de salud ni en la sanidad privada. En el primero, porque el paciente no está acogido a tal asistencia, y en el segundo porque el facultativo no tiene adscripción a la mutualidad que atiende al magistrado.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pondrá en marcha este jueves el procedimiento para suspender al juez Alba, lo que abrirá un plazo de diez días para que tanto él como el Ministerio Fiscal aleguen lo que consideren. Al término de ese periodo, la suspensión del magistrado sobre el que pesa una acusación por la comisión de cinco delitos y una petición de la Fiscalía de 10 años de prisión, quedará supeditada a que el médico que le concedió la baja médica firme su correspondiente alta. Porque la mayoría de las voces expertas en Derecho Contencioso-Administrativo consultadas por este periódico sostiene que la relación laboral que habría de quedar suspendida por la decisión disciplinaria se tropieza con una suspensión previa, la provocada por la baja médica irregular de la que goza el magistrado en estos momentos. El vocal del CGPJ José María Macías, miembro de la Comisión Permanente que este jueves analizará el asunto, opinó lo contrario este lunes en Las Palmas de Gran Canaria, adonde acudió para participar en un foro sobre esa jurisdicción.
El médico que ha firmado la baja del juez Alba podría ver complicada su situación penal actual por haber firmado una baja para la que no está formalmente capacitado: ni es el médico de cabecera del paciente en cuestión ni tiene autorización del Servicio Canario de la Salud para ejercer en la sanidad privada. Sergio Hernández Sánchez está pendiente en estos momentos de que se fije la vista oral en la que habrá de responder por dos delitos, falsificación documental e intromisión en la intimidad de su exmujer, por los que la Fiscalía le pide seis años de cárcel y 200.000 euros de indemnización. Hernández entró desde su ordenador del Centro de Salud de Schamann en el historial clínico de su antigua esposa para añadirle patologías psiquiátricas mientras peleaba contra ella en un proceso de divorcio.
El polémico juez, acusado de cohecho, prevaricación, falsedad, revelación de secretos y negociaciones prohibidas a funcionario público por haber maquinado contra la magistrada Victoria Rosell en 2015 y 2016, ha anunciado que se querellará contra este periódico por las informaciones relativas a su baja médica “por un delito penado con hasta siete años de prisión”. La noche del lunes también amenazó veladamente al periodista Francisco Pomares por calificar esta baja médica de “irregular” durante la emisión en directo del programa de TVC El Foco. Este martes será entrevistado en Cope Canarias por el periodista Mayer Trujillo.