Una sentencia del pasado 10 de diciembre del juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife ha anulado, en primera instancia, quince licencias de autotaxi concedidas en enero de este año por el Ayuntamiento de Adeje tras un proceso cuyas bases se aprobaron en junio de 2023, pocos días después de las elecciones municipales del 28 de mayo. El fallo surge tras una denuncia de la asociación de taxistas asalariados Costa Adeje (Ataca), integrada por profesionales de este ámbito del transporte de ese municipio del Sur de Tenerife, uno de los más importantes por su peso turístico y que gobierna el PSOE con mayoría absoluta desde 1987 en la figura de José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de los socialistas canarios.
La asociación, que impugnó el proceso y se muestra muy crítica con el gobierno local desde hace años, considera que, en el fondo, se intentó “comprar votos” a cambio de estos permisos, si bien en la sentencia y denuncias no se alude a este extremo. Para Ataca, el fallo del juzgado les da la razón sobre unas “irregularidades” y formas por parte del equipo gobernante que cree impropias de una democracia asentada y fundamentada en la legalidad y el estado de derecho. La entidad se muestra especialmente dura con la gestión del alcalde, aunque también con la de la edil de Seguridad, Promoción de la Actividad Económica y el Empleo, María Mercedes Vargas, el máximo responsables de los servicios jurídicos y otros concejales. De hecho, pide la dimisión de, al menos, los tres primeros tras esta sentencia.
Además, la asociación que preside Pedro José Afonso considera que el probable recurso que presente ahora el gobierno adejero contra el fallo judicial (medida confirmada a Canarias Ahora por fuentes municipales) tiene poco recorrido y que también corren peligro otras 16 licencias fruto de esas bases de junio de 2023 y que se pretende conceder, según sostiene, en enero de 2025. Según recalcan, cada permiso nuevo costaba 400.000 euros y entre las personas a los que les concedieron algunos de los 15 ya vigentes, aunque ahora anulados por el juzgado en primera instancia, hubo dos de los antiguos integrantes de Ataca, que aceptaron la concesión y acabaron siendo expulsados de la asociación porque, entre otras cosas y siempre según este colectivo, se les conminó a desmantelar esa entidad crítica con el gobierno local.
Argumentos y decisión de la sala
El fallo del juzgado número 2 de Santa Cruz de Tenerife acepta parcialmente el recurso interpuesto por Ataca contra el decreto que permitió el proceso de estas licencias y la concesión final. Anula la base tercera 2.1 y 6 del procedimiento por considerarla contraria al artículo 14 de la Ce e impone las costas a la parte recurrida (el consistorio). Asimismo, aclara que cabe recurso de apelación “en un solo efecto” ante la sala de lo Contencioso y Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el plazo de 15 días una vez notificada su decisión, tal y como ya ha ocurrido.
En su denuncia judicial, la asociación cuestionaba la tramitación de la concesión y sostenía que había caducado la adjudicación. Además, consideraba que se había vulnerado el derecho de acceso al EA y rechazaba las bases del concurso 3ª 2ª, 5ª 1 y 2, así como la 5ª 7 y 9 “por vulnerar el derecho a la no discriminación del artículo 14 de la CE”, en este caso por dejar fuera a personas en desempleo a las que no desempeñen funciones previas en el colectivo del taxi, ya que se limita a trabajadores por cuenta ajena o autónomos, colaboradores y familiares de titulares de licencias de taxi del municipio.
Se impidió la libre concurrencia
El juzgado considera que sí resulta impugnable al tratarse de una aprobación definitiva de las bases y que el consistorio no entró en su momento en el fondo de los argumentos por los que impugnó Ataca el proceso sobre la posible caducidad y la supuesta vulneración de derechos. Eso sí, rechaza que se haya producido dicha caducidad (las 153 licencias totales para 2023 se aprueban en abril de ese año), aunque sí da la razón a Ataca en que se trató de un procedimiento abierto (que propicie la igualdad de oportunidades y libre concurrencia) por sus restricciones para poder aspirar a las licencias. La sala entiende que los taxistas previos, sus colaboradores o familiares pueden tener preferencia en estos concursos, pero no impedir que otras personas aspiren a esos permisos.
Ataca impugnó el proceso de mayo de 2023 y el acuerdo plenario que lo avaló el 8 de junio de ese año, momento en el que se aprobaron las bases del concurso de las licencias. No obstante, el ayuntamiento inadmitió ese recurso en la sesión del 1 de septiembre de ese ejercicio. Según el gobierno local, siempre siguiendo las instrucciones de los servicios jurídicos, ni la adjudicación caducó ni la impugnación no concretaba la infracción del ordenamiento jurídico que se había supuestamente cometido ni el supuesto de nulidad que podía suponer, extremo que, de momento, desmiente el fallo al dar la razón parcialmente a Ataca. Además, el consistorio dejaba claro entonces que “la solicitud de dicha asociación de creación de 150 nuevas licencias de autotaxi va en contra del interés general por querer inundar de manera interesada este subsector en el municipio”. A juicio del consistorio, el número de licencias que salieron se ajustó a derecho al fundamentarse en “informes técnicos rigurosos”.
La versión del gobierno adejero
Canarias Ahora se ha puesto en contacto con el gobierno de Adeje, que recalca que los servicios jurídicos municipales “presentarán apelación en los plazos establecidos” a esta decisión judicial y que, “por lo tanto, esta sentencia no es firme ni ejecutable, con lo que no tiene ningún efecto inmediato sobre el proceso”.
Fuentes del equipo gobernante que lidera José Miguel Rodríguez Fraga desde 1987 insisten en que “se está estudiando de manera detallada los términos de la sentencia y que, a medida que se vayan cumpliendo los tiempos de la apelación, se evaluará cómo afecta al procedimiento de concesión las decisiones que tomen los tribunales. Es pronto –matizan- para hacer más consideraciones porque el procedimiento puede ser muy largo y con muchos matices. El ayuntamiento actuará, como siempre lo hace, conforme a la ley y buscando lo mejor para la ciudadanía y para las personas que se puedan ver afectadas”, remarcan.