Una sentencia anula el concurso de traslados de Enfermería en Canarias y deja en el limbo más de 400 plazas

Iván Suárez

Las Palmas de Gran Canaria —

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Una sentencia ha anulado el concurso de traslados de Enfermería del Servicio Canario de Salud (SCS) tan solo dos días después de que la administración publicara en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el listado con la adjudicación de las más de 400 plazas convocadas.

En una resolución fechada el miércoles 20 de septiembre, la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha estimado el recurso presentado por un solicitante y condena al SCS a realizar una nueva convocatoria que incluya plazas que no fueron ofertadas a pesar de que debieron serlo según el procedimiento que regula este tipo de procesos de selección.

El concurso voluntario de traslados es un procedimiento que permite la movilidad del personal estatuario del SCS, el cambio de destino. El concurso anulado se convocó el 31 de agosto de 2023 y en él se ofertaban 422 plazas que ahora quedan en el limbo.  

Fue en octubre del año pasado, dos meses después de que se publicara la convocatoria, cuando cuatro aspirantes presentaron un recurso contra el concurso. Sostenían que en La Palma no se habían incluido todas las plazas que en ese momento estaban siendo cubiertas temporalmente en comisión de servicio. El SCS solo había ofertado 21 cuando había 37.

La administración no contestó a ese recurso en el plazo estipulado, por lo que uno de los recurrentes decidió acudir a la vía judicial. La respuesta del SCS no llegaría hasta el pasado 18 de septiembre, casi un año después de que se presentara la reclamación. El director de Recursos Humanos de este organismo firmó una resolución en la que admitía el recurso presentado por los cuatro solicitantes de La Palma, bloqueaba las plazas que debieron sacarse a concurso y no se convocaron y ordenaba que fueran incluidas en un próximo procedimiento de movilidad voluntaria.

Con esta solución, la administración pretendía solventar el problema y no tocar las plazas que acababan de ser adjudicadas (la resolución fue firmada por el director de Recursos Humanos del SCS el 6 de septiembre y publicada por el BOC el mismo 18).

Así lo trasladaron los servicios jurídicos del SCS al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Las Palmas de Gran Canaria, donde se sustanció el recurso de uno de los afectados. Sin embargo, la jueza rechaza la solución adoptada por la administración y declara la nulidad de la convocatoria del concurso de traslados, porque “el acto originario” (la convocatoria del 31 de agosto de 2022) “no se ajustaba a la ley, ya que no incluía la totalidad de las plazas en comisión de servicio”.

La sentencia condena al SCS a “llevar a cabo una nueva convocatoria en la que se incluya la totalidad de las plazas en comisión de servicio que no tengan reserva legal”.

La resolución, que aún no es firme (se puede recurrir en apelación), impone además a la administración el pago de las costas procesales.

“El perjudicado vuelve a ser el personal”

El sindicato Sepca, del que es afiliado el personal que ha presentado los recursos que han desembocado en esta sentencia, ha recordado que desde que se convocó el concurso de traslados denunció la ausencia “de un considerable número de plazas que debían ser ofertadas”.

Esta organización considera que la sentencia condenatoria es fruto de la “obcecación” de los dirigentes del SCS y que “quien vuelve a salir perjudicado es, como siempre, el personal, que sufre otras vez el retraso en su derecho a la movilidad”.

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