Los seis sindicatos con representación en la mesa sectorial de Justicia de Canarias (Intersindical Canaria, Cobas, UGT, CCOO, CSIF y STAJ) han alertado del “colapso” que se generará en los tres juzgados de las Islas que desde este jueves se encargan de manera exclusiva de los litigios relacionados con las cláusulas suelo ante la falta de personal.
Los sindicatos señalan que es insuficiente el personal dotado para los juzgados de Primera Instancia número 1 de La Laguna (Tenerife), el número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y el número 1 de Arrecife, en Lanzarote, que se encargarán de estos asuntos, y culpan de esta situación a la Dirección General de Justicia del Gobierno canario.
Sin negociar con los sindicatos y en contra de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que estimó necesarios cinco funcionarios en los juzgados de Tenerife y otros tantos en el de Gran Canaria, el Gobierno canario se ha limitado a “un auxilio judicial y a un tramitador en cada uno de ellos y no ha dotado de refuerzo al de Arrecife”, han denunciado las fuerzas sindicales.
Según alertan los sindicatos, en Tenerife, por ejemplo, se esperan más de 2.000 demandas en el mes de junio, una “avalancha que el Gobierno de Canarias va a convertir en colapso porque con esos refuerzos es imposible hacerle frente”, cuando los afectados llevan tres meses esperando por una resolución.
Las recomendaciones del CGPJ debían permitir acomodar los medios personales y materiales, de cuya dotación son responsables las administraciones, a las necesidades que fueran surgiendo en el desarrollo del plan de urgencia, señala la nota.
Añade que “el Gobierno de Canarias ha hecho caso omiso a dichas recomendaciones, ha preferido sobrecargar a los juzgados e imposibilitar una prestación de servicio público adecuada, de calidad y de pronta respuesta a los perjudicados como consecuencia de una decisión adoptada sin negociación, simplemente para cubrir el expediente”.
Los sindicatos advierten de que “no van a ser cómplices, como sí ha sido el Gobierno de Canarias, del perjuicio que se les causa a los afectados por las prácticas abusivas” de los bancos.