“¿Quieren la verdad o sólo quieren mancillar el nombre de Ángel Víctor Torres?” El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática pedía este lunes “lealtad” a Coalición Canaria (CC) y al Partido Popular (PP) ante las declaraciones que se han vertido desde ambas formaciones después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aludiera al expresidente canario en su último informe sobre el denominado caso Koldo de presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia de Covid-19.
CC exigía este domingo “explicaciones” a Torres, al entender que lo que había trascendido era “suficientemente grave” como para que el PSOE canario diera “un paso al frente”. Por su parte, el PP pedía también aclaraciones porque, a su juicio, ese informe evidencia que ha habido “muchas mentiras, algunas incluso en sede parlamentaria”, sobre los vínculos del dirigente socialista con algunos de los miembros investigados en la trama.
En su comparecencia de este lunes ante los medios, el dirigente socialista volvía a negar haber dado instrucciones para contratar a una empresa durante la crisis sanitaria y exigía “rigor” a la hora de informar sobre el caso. De las 233 páginas del informe de la UCO, el nombre de Torres aparece en seis con alrededor de una docena de menciones, incluidas las insertas en los pies de página a modo de aclaraciones. En total, una decena de mensajes de Whatsapp en los que aparece su nombre, aunque en la inmensa mayoría no interviene. En el informe no se le imputa al ahora ministro ninguna actuación susceptible de ser investigada.
Los ‘WhatsApp’ entre Víctor de Aldama y Koldo García
La primera alusión a Torres se produce en una conversación que mantienen por WhatsApp el 14 de agosto de 2020 el empresario Víctor de Aldama, el “elemento corruptor” según los investigadores, y Koldo García, entonces asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. En aquel momento, el Servicio Canario de la Salud (SCS) ya había suscrito los primeros contratos con la empresa de Víctor de Aldama, Soluciones de Gestión SL, a la que terminó pagando algo más de 12 millones en cuatro adjudicaciones durante la pandemia. En todo el territorio nacional, esa sociedad percibió 54 millones de euros que reportaron unos beneficios al empresario de 6,6 millones, según las pesquisas de la Guardia Civil.
En esa conversación, ambos aluden a los “pagos pendientes” de Canarias y el empresario propone al asesor de Ábalos, al margen de los contratos ya rubricados de compra de mascarillas, impulsar un proyecto para la realización de test PCR de detección del virus en el control de los pasajeros que llegaban a las Islas. “En eso está”, le responde Koldo García, “dando a entender”, según la Guardia Civil, “que una tercera persona ya lo estaría impulsando”. Ambos comentan que la decisión para contratar estas pruebas corresponden a las autonomías y, tras una referencia a La Rioja, los interlocutores introducen por primera vez el nombre de Ángel Víctor Torres.
En concreto, Koldo le cuenta al empresario que el entonces presidente canario le había dicho “que quería hablar de este mismo tema” (en relación con los test PCR), a lo que Víctor de Aldama responde: “Es muy importante y nos debe una grandísima”.
Entre las comunicaciones interceptadas en la investigación, figura otra conversación entre ambos días antes, el 22 de julio. En ella, el empresario remite al asesor de Ábalos un documento con información sobre las mascarillas suministradas al SCS. “Esto es lo que tenemos que pasar y nos han pedido. Dime qué te parece”, le escribió.
A juicio de la UCO, estas conversaciones evidencian “cómo Koldo trataría de allanar el camino, a través de su relación con funcionarios públicos, para que una sociedad vinculada con Aldama resultara adjudicataria de contratos para la realización” de los test PCR.
El audio de Koldo a Torres
La segunda referencia a Torres se incluye también en una comunicación a través de WhatsApp. Se trata de un audio que envía Koldo García al entonces presidente canario el 17 de agosto. Es decir, tres días después de su conversación con Víctor de Aldama. “Ehh, presidente, perdone que… Ángel, mira, perdona que te moleste, solamente dos cosas…”, empieza ese audio de Koldo. En la declaración que prestó el pasado 10 de junio en el Congreso, Torres dijo conocer al ahora investigado por su condición de asesor de Ábalos en el Ministerio de Transporte y precisó que su relación con él era estrictamente institucional.
“La primera es que ya han cobrado los cinco millones, ya los tienen en cuenta ahora mismo a las nueve de la mañana cargados”, dice Koldo García aludiendo al primer contrato con Soluciones de Gestión para la adquisición por ese importe de dos millones de mascarillas FFP2 (a 2,5 euros la unidad). El objetivo principal de esa comunicación era, sin embargo, presentarle a la empresa Megalab Eurofins, también involucrada en la trama, como unos laboratorios “totalmente introducidos” en Canarias.
“Se les ha ocurrido una idea de un protocolo con PCR, ¿vale? Que es muy interesante. Estuvimos hablando con ellos Transporte, también el jefe de gabinete. Tiene conocimiento el ministro (José Luis Ábalos) y me gustaría trasladártelo porque se podría hacer el primer vuelo seguro, ¿vale? Que creo que interesaría muchísimo a Canarias”, escribe Koldo García, que pide a Torres que reciba a un representante de esta empresa.
Cuatro días después (el 21 de agosto), el exasesor de Ábalos escribe a Torres: “Apreta (sic) con los PCR que lo consigues seguro. Queda nada para que los pongan”. El día 25 de ese mismo mes, el presidente canario recibe otros dos mensajes. El primero, de nuevo de Koldo García. “Llámame, por favor, tema PCR. Buenas noticias”. El segundo, de Ignacio Díaz Tapia, representante de Megalab Eurofins. “Soy Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins de la presentación de los laboratorios que vimos en su despacho de cara al control de pasajeros”.
Torres le contestó que le gustaría hablar después sobre los avances y le solicitó que le enviase “la información del otro día”, puesto que había hablado con el hoy presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, entonces ministro de Sanidad, y parecía que “había buena predisposición”. Acto seguido, el presidente canario enviaba a su interlocutor el teléfono de Blas Trujillo, a la sazón consejero de Sanidad del Gobierno regional.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha negado este lunes haber mentido en el Congreso sobre su vínculo con Díaz Tapia. “Me preguntaron en la comisión de investigación si yo conocí al señor Tapia y yo lo que dije, y quiero ser escrupuloso, es que yo creía no conocer a este señor. No le ponía cara, que no me constaba conocerlo. Y es verdad, no le pongo cara”. Torres ha señalado que ese encuentro no tuvo lugar en la sede de Presidencia, puesto que no hay ninguno registrado en las actas, pero que sí pudo producirse en el Parlamento, “seguramente en el transcurso de algún pleno”, ya que estas citas eran “habituales” y las mantuvo “con muchas personas” durante su mandato.
El informe de la UCO detalla que, tres días después del mensaje enviado por Díaz Tapia a Torres, en un grupo de WhatsApp en el que figuraba este empresario se habló de la falta de respuesta del presidente canario. Esa misma tarde, el representante de Megalab Eurofins escribía en esa misma aplicación de mensajería instantánea que había estado hablando con “K”, en referencia a Koldo, y que “estaba en marcha”, aunque llevaba “un proceso”.
En los días posteriores, Díaz Tapia volvió a contactar con el dirigente socialista para “ponerse a su disposición” y para “organizar el tema de las PCR”. En ambos mensajes, el empresario precisaba que lo hacía a instancias de Koldo García.
El Servicio Canario de Salud adjudicó tres contratos a Eurofins Megalab por un importe que sumaba 5,36 millones de euros. El primero en diciembre, el segundo en enero y el tercero en febrero. Es decir, cuatro, cinco y seis meses después del intercambio de mensajes.
Ángel Víctor Torres ha vuelto a defender este lunes que durante la pandemia nunca ordenó contratar con una empresa concreta, puesto que esa labor correspondía a los técnicos del SCS, y que esas adjudicaciones permitieron “salvar vidas”. “Se hizo lo que se tenía que hacer, defender el interés general”, ha dicho. “Si al Gobierno de Canarias y a los canarios les engañaron, quienes con estas propuestas se estaban lucrando individualmente que lo paguen con todo el peso de la ley, porque si nosotros hubiésemos tenido entonces una ligera sospecha de estos manejos, no es que hubiera salido en los medios de comunicación, es que hubiésemos ido al juzgado de guardia”, ha aseverado.
En su comparecencia del 10 de junio en el Congreso, el ministro dijo que el material contratado a Soluciones de Gestión se pagó “más barato” que en otras comunidades y que los procedimientos de control funcionaron, puesto que el servicio de prevención del Hospital Universitario de Canarias detectó que se habían entregado más de 800.000 mascarillas de inferior calidad a la contratada y que, por ello, el precio se redujo en un 66%. “Mi encomienda fue preservar vidas y salvarlas”, manifestó entonces el dirigente socialista, que presumió de que Canarias fue la comunidad que “mejor gestionó” la pandemia, con la tasa de mortalidad más baja de entre todas las regiones españolas.