El ministro de Industria, José Manuel Soria, ha afirmado este viernes que ha presentado una querella en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid contra la jueza en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos por Las Palmas, por delito de injurias.
“Nadie puede injuriar gratuitamente (...) es de una gravedad extrema acusar a un miembro del Gobierno de usar la Administración de Justicia”, ha subrayado Soria en declaraciones en Onda Cero, donde ha negado todas las acusaciones de la jueza.
La jueza en excedencia Victoria Rosell, candidata de Podemos, acusó este jueves al ministro de Industria de “estar detrás” de la “denuncia anónima” que ha llevado a la Fiscalía a investigarla por presuntas faltas disciplinarias.
Rosell dirigía hasta el pasado 22 de octubre el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas, que tramita, entre otros casos, la causa abierta al presidente de la Unión Deportiva, el empresario Miguel Ángel Ramírez, por un supuesto fraude a Hacienda y la Seguridad por un montante superior a 20 millones de euros.
La fiscal Evangelina Ríos pretende vincular el contrato suscrito el pasado 28 de octubre entre la Unión Deportiva Las Palmas, club presidido por Miguel Ángel Ramírez, y Clan de Medios, empresa administrada por Carlos Sosa, pareja de Rosell, con la causa abierta por la magistrada en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria contra Ramírez por un presunto delito fiscal en una de sus sociedades, Seguridad Integral Canaria. El Ministerio Público entiende que Rosell debió abstenerse en el proceso por esta circunstancia.
Cuestionado por quién ha podido estar detrás de esa denuncia, Soria ha afirmado que no tiene “ni idea”, que le parece “irrelevante” y que él no entra en si ella “con la toga hacía negocios”.
“De lo que me acusó ayer es algo de una gravedad extrema”, ha afirmado.
“Me ha imputado”, ha añadido Soria, “un delito de obstrucción de a la Justicia, un delito electoral y otro contra derechos individuales”.
“Es todo absolutamente falso”, ha insistido el líder del PP canario, que ha negado haber hablado con el fiscal jefe de Las Palmas ni con ningún otro, ni haber solicitado copias de ese contrato.