No son tres, ya van por diez investigados. Y el décimo es el partido político local de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, Ciudadanos por el Cambio (Ciuca). La trama de la compra de votos en 2015 y 2019 en el municipio turístico del sur de Gran Canaria alcanza ya a empresarios de la talla de Luis Oller, presidente de Aguas de Arguineguín S.A., considerado uno de los sostenes de la alcaldesa investigada por delito electoral y contra la administración pública; al líder de la comunidad marroquí en la urbanización turística Puerto Rico S.A., Marzouk Ghalidi, o al coordinador de áreas Salvador Álvarez, funcionario municipal, que también jugó un papel importante en la anterior etapa de presunta corrupción moganera en el marco de la operación Góndola (2003-2007).
En las diligencias previas 3549/2015 abiertas por el Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana (y reactivadas en 2019) no solo figuran investigados los tres detenidos el 17 de septiembre, la alcaldesa, Onalia Bueno, el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro (ambos del partido local Ciuca) y la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso (también de Ciuca), sino que otras seis personas también están implicadas en esta investigación de la Guardia Civil.
El nombre más relevante es el de Luis Oller Daza. Presidente de Aguas de Arguineguín S.A, una de las empresas de abastecimiento de aguas que operan en el municipio, se le ha vinculado siempre a intereses relacionados con el ayuntamiento presidido por la alcaldesa implicada, hasta el punto de que Oller, a través de una de sus sociedades, es el propietario de la vivienda donde reside el primer teniente de alcalde, Mencey Navarro, tal y como este mismo reconoció en 2016. En concreto, una de las líneas de investigación se centraría en el control que quiere seguir ejerciendo sobre el abastecimiento de agua que no está centralizado en Mogán, que ha crecido de manera desordenada por el turismo y cuenta con varios suministradores de agua de abasto.
El también propietario de la promotora Cornisa del Sureste SL pretende que el grupo de gobierno de Onalia Bueno le recalifique unos terrenos en Arguineguín, para que su uso pase de deportivo y cultural a comercial con el fin de poder construir un supermercado. Se trata de un espacio de suelo ubicado en Loma Dos de Arguineguín, cuya licencia de obra a favor del comprador del terreno, Lidl, ha quedado “suspendida” hasta que se ejecute una obra de acceso desde la rotonda de la antigua carretera general del Sur GC-500. En vez de dar por caducado el expediente, el grupo de gobierno de Onalia Bueno está “a la espera” de esa obra indispensable de acceso.
Aparte de esta serie de intereses cruzados entre el grupo de gobierno de la alcaldesa y el empresario, el presidente de Aguas de Arguineguín tendría que responder ante el juez instructor y el fiscal sobre la supuesta compra de votos de 2015. Entonces, unas grabaciones publicadas por Canarias Ahora y que fueron incorporadas a la primera de las denuncias abiertas por pucherazo apuntaban a que habría contribuido a la campaña electoral de Onalia Bueno y Ciuca con 240.000 euros. La contrapartida sería, como suele ser habitual, contratos en el ayuntamiento que pasó a gobernar, desde ese año y hasta la fecha, Onalia Bueno.
Los expedientes y documentos requisados en los registros judiciales del pasado 17 de septiembre apuntan a esa línea de investigación. La Guardia Civil estaría siguiendo el rastro del dinero no solo de grandes empresarios que pudieran haber financiado las dos últimas victorias de la alcaldesa, como también sería el caso del líder de la colonia marroquí y empresario del ocio y la restauración en la urbanización turística Puerto Rico S.A., Marzouk Ghalidi Ahaouri. Sobre este investigado, las fuentes consultadas explican que “los marroquíes censados votan lo que él les diga”.
Otro de los implicados es Salvador Álvarez León, funcionario del Ayuntamiento de Mogán al que la alcaldesa le ha otorgado el cargo de “coordinador municipal”, con un rango de mando superior al del resto de concejales aunque no sea cargo electo. De Salvador Álvarez, que ya ha declarado en sede policial ante los agentes de la Guardia Civil como la mayoría de implicados, las pesquisas apuntan desde hace años que pudiera haber financiado a Ciuca a través de un familiar con 66.000 euros, y es conocido por haber estado implicado también el caso Góndola, la anterior operación policial contra la corrupción en Mogán.
Los otros tres investigados son el conocido colaborador de Ciuca José Monzón Trujillo, Pepe El Japonés, que ya en 2016 contaba en unas grabaciones cómo el partido de la alcaldesa había manipulado las elecciones de 2015 y había conseguido financiación de los otros implicados ya citados, y otras dos seguidoras de Ciuca y de la alcaldesa, que también han sido llamadas a declarar como investigadas, Carmen Lidia Caballero Arce y Yasmina Suárez Alemán.
El juez instructor, Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas, no solo debe determinar si hay suficientes indicios de delitos cometidos por la alcaldesa de Mogán y el resto de los implicados, incluido su propio partido como entidad jurídica, sino si acepta que el Ayuntamiento de Mogán, dirigido por los propios investigados, se persone en la causa como parte perjudicada.
Así lo ha resuelto la Junta de Gobierno Local que preside la alcaldesa, el 13 de octubre pasado. Basándose en un informe de la letrada municipal y otro de la responsable de los servicios informáticos, en los que se detallan los registros y requisas de expedientes en soportes informáticos, en presencia del secretario judicial “y todo ello al amparo de la autorización judicial dictada en el marco del procedimiento de Diligencias Previas nº 3549/2011 (sic), sustanciado ante el citado juzgado”.
La actuación del 17 de septiembre, en la que el equipo judicial de la Guardia Civil, “al amparo” de la autorización del juez efectúa entrada y registros y las tres detenciones para que los registros se ejecutaran con todas las garantías legales de los detenidos, en presencia de sus abogados, fue cuestionada por la alcaldesa en su comparecencia del día siguiente, dando a entender que fue una acción policial arbitraria porque ella se ha dedicado últimamente a defender los derechos de los migrantes africanos.
Días después, medios afines publicaban que el fiscal del caso, Jorge López Tineo, se había opuesto a las detenciones de los tres políticos de Ciuca y Coalición Canaria. Lo cierto, es que el ministerio público no consideró necesaria esa medida, como tampoco lo que también pretendía la Guardia Civil: realizar más registros en domicilios particulares en busca de más pruebas y evitar la destrucción de las mismas.
El juez se decantó por la vía intermedia: autorizar el operativo del 17 de septiembre pero no en todos los términos planteados por la fuerza policial actuante. Desde entonces se está a la espera de que pasen a disposición judicial los detenidos y el resto de investigados, mientras la Guardia Civil sigue recabando información y procediendo a la apertura del material requisado en sus registros de las oficinas municipales.
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