La primera vez que se escuchó hablar en Canarias de un ‘caso mascarillas’ fue en mayo de 2022. Entonces, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas anunció que investigaba al Servicio Canario de la Salud, que pagó cuatro millones a una empresa de compraventa de vehículos, RR7 United SL, por unas mascarillas que nunca llegaron. La querella se dirigía al que era entonces el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez (que dimitió de su cargo) por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, mientras que al adjudicatario, Rayco Rodríguez, se le imputa una estafa agravada y blanqueo de capitales. Casi dos años después, la comunidad autónoma vuelve a estar señalada por haber comprado gran parte del material sanitario de la trama Koldo, el presunto fraude por parte de un asesor del exministro José Luis Ábalos. Y en la misma semana se conocía un tercer caso relacionado con la compra de este material y que investiga a cuatro empresarios por delito contra la Hacienda Pública.
Los tres ‘casos mascarillas’ de Canarias tienen en común los contratos de material sanitario que se adjudicaron a empresas en los primeros meses de la pandemia, en un contexto marcado por la incertidumbre y la escasez de este producto, pero los tres tienen protagonistas y niveles de responsabilidad diferentes. La primera causa la ha asumido la Fiscalía Europea al emplearse fondos de la UE en la compra de productos.
En la segunda, no hay canarios investigados y las pesquisas se centran en una trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de material sanitario que habría perjudicado a varias administraciones. Y la tercera es la que mantiene bajo la lupa al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez y a un exdiputado de CC (antes dirigente del PP), Lucas Bravo de Laguna, entre otros.
Millones que fueron a parar a coches de lujo
Conrado Domínguez había sido ya director del Servicio Canario de Salud (SCS) en el anterior Gobierno de Fernando Clavijo (Coalición Canaria), entre 2015 y 2019. Con el cambio de Ejecutivo en mayo de 2019, Sanidad pasó a ser dirigida por Teresa Cruz Oval (PSOE) que procedía de un sector muy crítico con la etapa de Domínguez. Sin embargo, al estallar la pandemia, el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres lo incorporó como coordinador al Comité de Gestión de Emergencias Sanitarias. Fue con esa condición con la que negoció contratos de mascarillas.
En mayo de 2020 recibió la llamada de su amigo Osvaldo Lastras, que le presentó a su compañero de trabajo Samuel Machín, y que serían las personas intermediarias que negociaron los términos del contrato de emergencia para Rayco Rubén González. El único nexo entre las partes, destaca la Fiscalía, era “la vinculación de amistad”. Todos “carecían de la mínima solvencia técnica y profesional para acometer” esa operación que buscaba “reponer el stock de los EPI (Equipos de Protección individual) de los sanitarios de los hospitales públicos con mascarillas que tuvieran la clasificación FFP3”. 21 días después de la primera llamada se firmó el contrato con RR7 por cuatro millones de euros para un pedido de un millón de mascarillas FFP3. Anticorrupción destaca en su querella que el exdirector del Servicio Canario de Salud, a pesar de ser considerado como “un experto” en gestión, no preguntó cuál era la solvencia profesional y técnica de la empresa. De hecho, la única referencia sobre el material decía que el empresario “tenía un colaborador que podía traer las mascarillas de África”.
La querella de la Fiscalía recoge que días antes el Servicio Canario de Salud había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”. Además, el precio pagado por las mascarillas a la empresa de Rayco Rubén González era “muy superior” (cuatro euros por unidad) al precio mayor (2,94) de todos los contratos de este tipo en Canarias durante la pandemia.
La autorización de los pagos correspondía a la directora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, que abandonó ese cargo en abril de 2022, mes en el que Anticorrupción abrió diligencias. En los contratos de emergencia para el suministro de material durante la pandemia, el mecanismo habitual consistía en anticipar la mitad del importe y pagar el resto cuando se hubiera acreditado que los productos habían llegado. Así fue como se concretó el primer pago en agosto de 2020 y en el segundo, en octubre del mismo año, se consuma lo que la Fiscalía Anticorrupción define como “el timo de Rayco”.
Anticorrupción sostiene que este segundo pago fue “temerario y negligente” y ocasionó un menoscabo de dos millones de euros a las arcas públicas. Según la querella, de ese dinero obtenido de manera presuntamente ilícita, Rayco Rubén González incorporó a su patrimonio 1,35 millones de euros que destinó a la compra de coches de alta gama (Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley...) a través de un entramado societario y de préstamos entre sociedades de su propiedad, y a mantener “un elevado tren de vida”.
El fiscal expone que “tras el pago de cuatro millones de euros” el adjudicatario del contrato “solo pudo ofrecer una partida de mascarillas falsas”, importadas desde Etiopía. En febrero de 2021, un mes antes de la llegada del cargamento con mascarillas falsas desde ese país, el SCS había iniciado el expediente para resolver el contrato por incumplimiento del adjudicatario. La Dirección General de Recursos Económicos del organismo público lo dio por extinguido en mayo y requirió a RR7 United la devolución de los cuatro millones de euros que había pagado por anticipado sin recibir ni una sola mascarilla.
Sin embargo, en junio de ese año, la empresa remitió un escrito en el que solicitaba la modificación del contrato para cambiar, por el mismo precio, el suministro del millón de mascarillas comprometidas (3M Modelo 1860 N95) por 1,2 millones de unidades de FFP3 de otra marca y modelo. El Servicio Canario de Salud accedió, pero RR7 United “jamás cumplió ese nuevo contrato”, destaca el escrito del fiscal, para quien la administración autonómica no solo debió resolver el contrato, sino que, debió reclamar una indemnización por daños y perjuicios. En cambio, le concedió “una nueva oportunidad de modificar las prestaciones”, una “nueva vida jurídica” para “un incumplidor que había importado mascarillas falsas que hubieron de ser destruidas”, añade.
Las ramificaciones del caso Koldo
Dos años más tarde de que saliera a la luz ese entramado, se ha destapado el caso Koldo, en el que la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, ajena al sector, pasó de facturar cero millones en 2019 a casi 54 en 2020 tras la adjudicación de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Transporte e Interior, así como a los servicios de salud de Baleares y Canarias. El Servicio Canario de la Salud adjudicó hasta 12 millones de euros a esa empresa. Al primero, de 6,8 millones se le suma otro por 4,77 millones en el mismo mes. Hubo un tercer contrato por 5 millones, a los que se agrega un pago de 417.814 euros en concepto de fletes aéreos, transporte y seguro de transporte de las mascarillas adquiridas.
Según una resolución del Servicio Canario de Salud de diciembre de 2020, la empresa entregó en abril 837.000 unidades, pero surgió un problema, pues los servicios de prevención de riesgos laborales de los hospitales canarios detectaron que ese material era de inferior calidad al encargado y pidieron un informe al Centro Nacional de Medios de Protección, que acabó dictaminando que no eran mascarillas FFP2, sino que estaban un escalón por debajo en capacidad de filtrado del aire (FFP1).
En el Portal de Transparencia figura una resolución de noviembre de 2020 por la cual Conrado Domínguez autoriza que se acepte la contraoferta de la empresa, que propuso que las 837.300 mascarillas se valorasen al precio de mascarillas quirúrgicas (a 84,5 céntimos la unidad) y se le diese la oportunidad de entregar 555.000 unidades de otro fabricante con calidad acreditada FFP2/K95. En su resolución, el director de SCS explica que se aceptó el cambio propuesto porque en aquellos momentos (noviembre de 2020) los contagios seguían en ascenso y se necesitaban suministros constantes de material de protección.
Un informe realizado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recoge precisamente que una partida de mascarillas salió defectuosa, por lo que hubo que negociar nuevos importes más baratos. El documento destaca que “posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente”. No obstante, fuentes del anterior Gobierno de Canarias, liderado por Ángel Víctor Torres, remarcan que nunca hubo una “variación o modificación del contrato”. “Lo que hubo fue un cumplimiento estricto de lo que dice el contrato. Si tú encargas un determinado producto y el que te llega no cumple las condiciones, tú solo pagas lo que te llega bien”, apuntan. Sobre este caso el expresidente y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática insiste en que ‘’si alguien se ha lucrado, se ha corrompido, que lo pague“.
Los empresarios que se habrían lucrado con la RIC
El Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite una querella de la Fiscalía de Las Palmas contra cuatro empresarios. Esta querella gira en torno al material contratado por el Servicio Canario de Salud (SCS) a las empresas madrileñas Damco Trading Services y Tanoja Services, administradas por Noel Jammal, por valor de 22,9 millones de euros entre 2020 y 2021. Los hechos denunciados son “inicialmente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, sin perjuicio de que en el desarrollo de la instrucción pueda apreciarse serios indicios de delito de blanqueo de capitales, delito de corrupción y delito de malversación”, señala la jueza en su auto.
El auto destaca que Damco y Tanoja contrataron a la mercantil Tabaiba Capital para gestiones de compraventa de material sanitario. Esa sociedad, de la que es administrador único el presidente de la UD Las Palmas, localizaría potenciales clientes para la venta de los lotes de productos, percibiendo como consecuencia el 100% del sobreprecio que obtuviera de los eventuales compradores para cada uno de los lotes. Tabaiba a su vez contrató a B&M Sport Marketing SLU, empresa de la que era administrador único Lucas Bravo de Laguna, diputado de Unidos por Gran Canaria (en alianza electoral con Coalición Canaria) en la pasada legislatura y exdirigente del PP.
Según el auto, el presunto delito fiscal del presidente de la UD Las Palmas radica en que Tabaiba habría dotado a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) de 2,37 millones de euros en 2020 y 2,5 en 2021 y que, tras compensar las bases negativas, las cuotas a pagar del Impuesto de Sociedades al beneficiarse de este incentivo fiscal habrían quedado reducidas a 109.000 y 120.000 euros. La Fiscalía defiende que la empresa administrada por Ramírez “no ha ordenado por medios propios de producción o recursos humanos” las tareas encomendadas por Damco y Tajona, por lo que los ingresos declarados “no se consideran procedentes de una actividad económica y no serían aptos para dotar la RIC”. El auto agrega que los fondos recibidos por esta empresa tenían “únicamente como finalidad beneficiar a Ramírez para lucrarse del suministro de material”.
Por su parte, la entidad B&M, carece según el auto, de trabajadores y los “únicos servicios prestados en 2020 y 2021 son los ingresos percibidos por Tabaiba y Wewin Sport Marketing SL, cuyos únicos ingresos a su vez son los procedentes de la UD Las Palmas, donde el dirigente de Unidos por Gran Canaria ejercía de director comercial”. El auto resalta que, al carecer B&M de estructura de medios materiales o humanos, “se ha producido una simulación para interponer los ingresos recibidos por Bravo de Laguna en esos ingresos”, debiendo ser tratadas dichas actuaciones como rendimientos de trabajo sometidos al IRPF. La cuota defraudada ascendería a 272.000 euros en 2020 y 249.000 en 2021.
En cuanto al investigado Christian Cerpa, en 2020 habría recibido de B&M el importe de 311.305 euros y otras cantidades procedentes de Damco por seguimientos de envío. El auto señala que “carece de medios de producción o de recursos humanos” para realizar dicha actividad, pero que dotó la RIC por importes de 250.000 y 395.000 euros en esos años. Esto, “unido a otros ajustes establecidos por no deducibilidad de una serie de gastos en su impuesto de IRPF”, eleva el presunto fraude a 138.750 euros en 2020 y 187.258 en 2021.