El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, ha insistido en reclamar al Estado y al Gobierno canario más medios personales y materiales ante el repunte de la litigiosidad en las islas en 2022, con 181 asuntos por 1.000 habitantes, y las consecuencias de las huelgas de letrados y funcionarios de este año.
En declaraciones a los periodistas, antes de presidir el acto de apertura del Año Judicial, ha señalado que desde el TSJC se intentan implementar medidas de refuerzo y más órganos, y se ha elaborado un estudio de la litigiosidad en el que se evidencia la necesidad de que en la creación de órganos judiciales se tenga en cuenta la población extranjera que recibe Canarias.
El estudio ha constatado que el hecho de que la economía canaria se base en el sector servicios incrementa la litigiosidad, al generar más conflictos que otros sectores, ha indicado Lorenzo, que ha añadido que Canarias encabezó en 2022 la tasa de pleitos, cuya media en España es de 140 por cada 1.000 habitantes.
El Poder Judicial depende de los medios que le procuran las administraciones, ha incidido Lorenzo, quien ha insistido en que es preciso que se creen más órganos y nuevos medios organizativos que tiene que facilitar el Estado a través de las nuevas leyes de eficiencia organizativa y procesal y digital “que han quedado en dique seco al finalizar la legislatura”.
El nombramiento de funcionarios cuando se producen bajas, la cobertura de vacantes, la dotación de más plazas y medidas de refuerzos, son otras muchas demandas, ha recalcado Lorenzo, quien también ha vuelto a referirse de nuevo a la situación “insostenible” del Poder Judicial después de cinco años de demora en la renovación de su Consejo General, como ya dijo el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín, en la apertura del Año Judicial.
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, en su discurso ha incidido también en la “urgencia” de que se dote a las islas de las infraestructuras necesarias, entre ellas un nuevo Palacio de Justicia en Santa Cruz de Tenerife en condiciones similares al de Las Palmas de Gran Canaria, ya que las instalaciones actuales impiden el crecimiento de órganos judiciales y de la propia Fiscalía.
Y ha dicho que uno de los objetivos estratégico de este Año Judicial debe ser impulsar una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para poder abordar la “gran reforma del proceso penal” que requiere España y que sitúe a un juez de garantías en “el rol que le corresponde y atribuya al Ministerio Fiscal la dirección de la investigación.
Martínez ha dado cuenta también que de la Memoria de la Fiscalía de 2022, año en que se incoaron 144.999 procedimientos penales, 81.621 en la provincia de Las Palmas y 63.373 en la de Santa Cruz de Tenerife, lo que ha supuesto una disminución de 0,8 % respecto a 2021, si bien los delitos contra la vida e integridad ha aumentado en las islas orientales.
Ha hecho hincapié en que se advierte una tendencia al alza de los delitos contra la libertad sexual en todas sus variantes, sobre todo en Las Palmas, con un aumento de un 23,41% frente al 10% de incremento de Santa Cruz de Tenerife.
La fiscal superior además se ha referido a los procedimientos sobre violencia machista, con un total de 6.854 en la provincia de Las Palmas y 5.673 en la de Santa Cruz de Tenerife, y ha alertado en que es preciso reducir los tiempos en la elaboración de los informes psicológicos y de autopsia, que llegan a demorarse hasta dos años, algo “inaceptable”, y ha insistido en que es preciso ahondar en la prevención de estos delitos.
Ha aludido a los delitos de trata de seres humanos y extranjería, que en Canarias se hacen más presentes debido al fenómeno migratorio y a que los inmigrantes africanos que llegan a las costas de las islas lo hacen en condiciones precarias.
Son condiciones que los convierten en objeto de explotaciones de todo tipo y, por ello, ha apelado a que se de una respuesta a este drama de forma estable y con instalaciones en condiciones.
Los delitos de odio y discriminación constituyen otra de las preocupaciones de la Fiscalía, según ha indicado Martínez, quien también ha considerado que para poder hacer frente de forma eficaz a la delincuencia económica es preciso que las fiscalías de Canarias dispongan de personas expertas en cuestiones financieras, tributarias y contables.
Sobre los delitos de menores, la lentitud en los programas de prevención de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y de la autoridad escolar, que provoca que se cronifiquen los casos ha sido otra de las quejas de su discurso.