La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha abierto diligencias penales contra Salvador Alba y ha designado oficialmente este jueves a la magistrada Margarita Varona para que instruya la causa. La jueza ya investiga si se cometieron los delitos de prevaricación y el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, después de que este juez fabricara con el empresario Miguel Ángel Ramírez la declaración contra la magistrada Victoria Rosell.
En esos hechos se basan en la grabación de una reunión celebrada entre este juez y Ramírez antes de que este declarara formalmente. Esta comparecencia del empresario fue incorporada al informe que resultó clave para que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que el exministro José Manuel Soria presentó contra la ex diputada de Podemos.
La Fiscalía aprecia indicios de negociaciones prohibidas a funcionarios, a los que la actual responsable del Juzgado de instrucción número 8, Carla Vallejo, añade una posible prevaricación. Esta magistrada ha elevado la exposición razonada a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que es la competente para investigar si el juez cometió algún delito en el ejercicio de sus funciones.
Las penas por prevaricación en la Administración de Justicia abarcan desde la prisión hasta la inhabilitación para empleo o cargo público de seis a veinte años, mientras que el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos está penado con una multa de seis a doce meses y una suspensión del cargo por un tiempo que varía entre los dos a los cinco años.