La Sala Segunda del Tribunal Supremo celebrará el próximo 8 de junio una vista para resolver el recurso de apelación interpuesto por el juez Salvador Alba contra la sentencia que lo condenó a seis años y medio de cárcel al encontrarlo culpable de tres delitos cometidos para perjudicar a la magistrada Victoria Rosell, en la actualidad delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. El tribunal estará presidido por el magistrado Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, al que acompañarán Pablo Llarena Conde, Susana Polo García, Carmen Lamela Díaz y Ángel Luis Hurtado Adrián.
El juez Alba (actualmente suspendido por el Consejo General del Poder Judicial) fue condenado en septiembre de 2019 a seis años y medio de cárcel y a pagar una indemnización a Rosell por daños morales por importe de 60.000 euros. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que lo juzgó lo encontró culpable de los delitos de falsedad en documento oficial, prevaricación y cohecho.
Durante los años 2015 y 2016, mientras sustituía a Victoria Rosell al frente de su juzgado, Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Alba maniobró para fabricar pruebas que pudieran avalar una querella que el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, había interpuesto en el Supremo para acabar con la carrera política de la que era su rival en las elecciones generales en la circunscripción de Las Palmas.
Para conseguir su propósito, el juez condenado se entrevistó con el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que estaba siendo investigado por delito fiscal en aquel juzgado. Con él negoció que declarara contra la magistrada en un acto que ambos pactaron y que luego se celebró como ambos acordaron. Pero el empresario había grabado la conversación que, meses después, puso en manos de la justicia para que se iniciara el proceso que acabó con la condena del juez corrupto.
Salvador Alba, representado por Nicolás González-Cuéllar, el mismo que había presentado las primeras denuncias contra la jueza Rosell en nombre de José Manuel Soria, del que ha sido abogado en numerosas ocasiones, interpuso recurso de casación ante el Supremo, que es el que se dilucidará el próximo 8 de junio.
El Ministerio Fiscal ya se ha opuesto a todas las pretensiones del condenado expuestas en su recurso, desde la nulidad de la grabación que dio pie al procedimiento penal, hasta su empeño en recusar a la magistrada que instruyó la causa, Margarita Varona, y a uno de los integrantes del tribunal que lo juzgó y condenó, Julio Wood.
Esa Sala, que completaban los magistrados José Félix Mota y Jaime Requena, concluyó que Alba había utilizado el proceso penal contra Miguel Ángel Ramírez como “coartada y vehículo” para “fines personales”, ajenos a los hechos objetos de esa investigación. Su propósito era intentar hacer aflorar una relación comercial entre ese empresario y la pareja de Rosell, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, con el objetivo de poner en tela de juicio la imparcialidad de su predecesora en el Juzgado de Instrucción 8, perjudicar su carrera política y profesional y favorecer la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, a la sazón ministro de Industria, Energía y Turismo.
La sentencia del TSJC echó por tierra todos los argumentos esgrimidos por la defensa de Alba. Destacaba la “ausencia de fundamento” y “falta de consistencia” de la tesis del juez, evidenciadas en la propia grabación que da pie al procedimiento penal en su contra. Y es que en ella se reconoce la dificultad para probar esos vínculos comerciales entre Ramírez y Sosa, ya que los negocios existentes entre empresas del primero y sociedades vinculadas con el segundo eran “anteriores al inicio de la instrucción” e, incluso, anteriores al inicio de la relación del periodista con la jueza.
La Sala condenó a Alba por tres delitos. El de prevaricación, por haber dictado una serie de resoluciones injustas “a sabiendas de que se apartaban del objeto” del procedimiento que estaba investigando. El de cohecho, en concurso con el de prevaricación, porque solicitó la colaboración de Ramírez para obtener la información y documentación que precisaba para conseguir la finalidad de perjudicar a Rosell y beneficiar a Soria a cambio de un compromiso personal con el empresario para archivarle la causa por fraude fiscal. El tercero, el de falsedad en documento oficial, por emitir al Supremo un informe que “distorsionaba la realidad de los hechos”, al ocultar el encuentro que había mantenido con el empresario. Ese escrito resultaría clave para para que el alto tribunal admitiera la querella del exministro de Industria. Alba también aportó datos “inexactos, imprecisos y sesgados” en otros informes remitidos al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía la instrucción de esa causa por parte de Rosell, recoge la resolución del TSJC.
La sentencia también destaca, entre otros aspectos, el interés de Alba por sustituir a Rosell al frente de ese juzgado cuando la magistrada pidió la excedencia, o la imposición de una elevada fianza (de 35 millones de euros) a Ramírez nada más asumir la instrucción, una decisión que “influyó en el ánimo y en la predisposición” del empresario a aceptar el acuerdo por el que finalmente el juez resultó condenado.