Un juez en el banquillo de los acusados. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decretado la apertura de juicio oral contra Salvador Alba, acusado de cinco delitos por una serie de actuaciones encaminadas a perjudicar a la también magistrada Victoria Rosell y a favorecer la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, exministro de Industria, expresidente del PP canario y rival político de la jueza en las elecciones generales celebradas en diciembre de 2015.
La instructora, Margarita Varona, añade un delito, el de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, a los cuatro que figuraban en el auto de transformación en procedimiento abreviado: prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos. Además impone una fianza de 85.000 euros al juez, que deberá pagar en un plazo de 24 horas, para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que pudiera incurrir. Rosell, que ejerce de acusación particular en la causa en calidad de víctima, pide una indemnización de 80.000 euros.
Las diligencias contra Alba se abrieron en mayo de 2016 a raíz de unas grabaciones aportadas por el empresario Miguel Ángel Ramírez, al que investigaba por fraude fiscal. Esos audios desvelaron que el juez preparó en esa reunión, celebrada en su despacho de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, una declaración judicial del presidente de Seguridad Integral Canaria que nada tenía que ver con la causa que instruía contra él. El objetivo de esta conspiración era incriminar a la jueza por las supuestas relaciones comerciales entre Ramírez y la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora.
El TSJC envía a juicio a Salvador Alba sin que el magistrado haya dictado la sentencia de una de las mayores tramas de corrupción de las islas, el caso Faycán, con un total de 28 acusados (21 de ellos arrepentidos), entre los que se encuentran dos exalcaldes del municipio de Telde, Francisco Valido y María del Carmen Castellano, ambos del PP. El TSJC había eximido al juez del reparto de asuntos en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas hasta el pasado 1 de mayo para que se pudiera dedicar en exclusiva a redactar la resolución de ese procedimiento.
Fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han informado este miércoles a Canarias Ahora que el auto de apertura de juicio oral no ha llegado aún al órgano de gobierno de los jueces. El TSJC debe remitir esta resolución para que un órgano técnico del CGPJ elabore la propuesta para suspender en sus funciones al juez, una decisión que, en último término, corresponde a la Comisión Permanente. Este órgano, compuesto por el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, y por otros siete magistrados, se reúne cada jueves, pero la situación de Salvador Alba no figura en el orden del día de la sesión de esta semana.
Si Alba es suspendido antes de dictar la sentencia del caso Faycán, el TSJC, según ha explicado en una nota de prensa, “adoptará la resolución que proceda” e intentará evitar la repetición del juicio.
Como informó Canarias Ahora un día antes del inicio del juicio del caso Faycán, la designación de Alba como presidente del tribunal y ponente de la sentencia había generado numerosas incertidumbres en el procedimiento, ante la posibilidad de que fuera apartado en medio de la vista (estaba previsto que las sesiones se prolongaran hasta el 31 de mayo, aunque finalmente concluyó en marzo) o antes de que dictara la resolución.
Hasta trece años y medio de cárcel
La Fiscalía pide para el juez ya procesado una pena de diez años de cárcel y 29 de inhabilitación para el cargo, además de una multa de 40.500 euros y una indemnización, aún sin cuantificar, para Victoria Rosell por los daños morales ocasionados. La jueza, acusación particular, reclama para Alba trece años y medio de prisión, 41 de inhabilitación, 118.000 euros de multa y 80.000 de indemnización. También figuran como acción popular en la causa Podemos, partido con el que se presentó Rosell como independiente en las listas a las generales de 2015, y el periodista Carlos Sosa, pareja de la jueza, que piden penas que oscilan entre los doce años y trece años y tres meses de cárcel, 39 años y medio de inhabilitación y multas que van desde los 103.000 a los 135.000 euros.
El auto decreta el archivo provisional del delito electoral, del que le acusaba Podemos. Rosell se vio obligada a renunciar a presentarse de nuevo a las elecciones generales de junio de 2016 después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella -finalmente archivada- que contra ella había presentado José Manuel Soria. En esa decisión del alto tribunal español fue clave la remisión por parte de Alba de un informe que, según las acusaciones, contenía numerosas falsedades. Sin embargo, la instructora no aprecia ninguna conducta imputable al juez en relación a este delito.
3 de noviembre de 2015: El magistrado Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria en sustitución de Victoria Rosell, que se había presentado a las elecciones generales de diciembre en las listas de Podemos.
3 de diciembre de 2015. Los diarios El Mundo y La Provincia publican que la Fiscalía de Las Palmas investiga a Rosell por las relaciones comerciales entre su pareja y Miguel Ángel Ramírez. Según reconoce el propio Alba al empresario en la grabación realizada el 13 de marzo de 2016, en la víspera de esa primera publicación el juez almuerza en Madrid con el periodista de El Mundo Fernando Lázaro, redactor del artículo, en el restaurante El Pelotari. Lázaro ha sido propuesto como testigo en relación con el delito de revelación de secretos.
9 de diciembre de 2015: Alba remite a la Fiscalía, a petición de esta, un informe relatando supuestas irregularidades en la causa instruida por Rosell contra Ramírez. Algunos pasajes de ese informe reservado aparecen copiados literalmente en la segunda querella presentada por Soria contra la magistrada.
15 de febrero de 2016: Después de que la investigación de la Fiscalía contra Rosell fuera archivada, Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra la magistrada en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación.
16 de marzo de 2016: Alba se reúne en su despacho de la Audiencia Provincial de Las Palmas con el empresario Miguel Ángel Ramírez. Pacta una declaración judicial con el empresario sobre hechos ajenos a la investigación, sus relaciones comerciales pasadas (entre 2007 y 2009) con la pareja de la jueza. Como contrapartida, Alba le archivaría la causa penal en su contra por delitos fiscales.
23 de marzo de 2016: Se celebra la declaración pactada de Miguel Ángel Ramírez. El juez y la fiscal Evangelina Ríos le preguntan por los vínculos comerciales con el periodista Carlos Sosa, Tras esa comparecencia, Alba pide a los funcionarios del juzgado una copia del DVD. Dos días después, el periodista Fernando Lázaro reproduce en el diario El Mundo esa declaración.
3 de abril de 2016: El periódico La Provincia publica la declaración íntegra de Ramírez del 23 de marzo.
6 de abril de 2016: Alba remite al Consejo General del Poder Judicial un informe denunciando irregularidades en la instrucción de Rosell. Según las acusaciones en el procedimiento contra el juez, este informe contenía numerosas falsedades.
13 de abril de 2016: El Supremo pide un informe a Alba sobre la instrucción de Rosell en la causa contra Ramírez.
23 de abril de 2016: Alba remite el informe sobre la instrucción de Rosell al Supremo y relata en él las relaciones comerciales entre Ramírez y la pareja de la jueza.
26 de abril de 2016: El Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell.
27 de abril de 2016: Rosell dimite como integrante de la Diputación Permanente del Congreso en aplicación del código ético de Podemos.
11 de mayo de 2016: Ramírez entrega en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria una grabación con la conversación que mantuvo con Alba en el despacho del juez el 16 de marzo para fabricar la declaración contra Rosell.
12 de mayo de 2016: El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anuncia la apertura de un expediente disciplinario contra Salvador Alba.
26 de mayo de 2016: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) abre diligencias contra Salvador Alba.
22 de febrero de 2018. El TSJC concluye las diligencias contra Alba y las transforma en procedimiento abreviado, la antesala del juicio oral, imputando al magistrado la comisión de cuatro delitos (prevaricación judicial, falsedad en documento oficial, cohecho y revelación de secretos).
23 de febrero de 2018. Salvador Alba presenta un recurso contra el auto de transformación en procedimiento abreviado y pide el archivo de la causa.
Marzo de 2018. La acusación particular, ejercida por Victoria Rosell, y las acciones populares, representadas por Podemos y Carlos Sosa, presentan sus escritos de calificación, en los que reclaman penas de cárcel e inhabilitación.
5 de abril de 2018. El fiscal Vicente Garrido remite su escrito de calificación, en el que acusa a Alba de cuatro delitos por los que reclama diez años de cárcel y 29 de inhabilitación.
29 abril de 2018. La Sala de lo Penal desestima el recurso presentado por Salvador Alba contra el auto de procedimiento abreviado.
8 de mayo de 2018. El TSJC abre juicio oral contra Salvador Alba por cinco delitos.