El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha notificado en la tarde de este jueves al exjuez corrupto Salvador Alba que dispone de un plazo de 24 horas para ingresar en prisión.
Alba fue condenado por sentencia firme a seis años y medio de cárcel y a 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial. El Supremo ratificó en noviembre de 2021 el fallo dictado por el TSJC dos años antes, en septiembre de 2019.
Según acreditó esa resolución, Alba retorció un procedimiento judicial contra un empresario por fraude fiscal con fines ajenos a los hechos de la investigación. Su propósito era perjudicar la carrera profesional y política de la actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, a quien había sustituido al frente de ese juzgado, el de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria, cuando la magistrada pidió la excedencia para presentarse a las elecciones generales celebradas a finales de 2015 en las listas de Podemos por la provincia de Las Palmas.
Los informes falsos elaborados por Alba favorecieron la querella (finalmente archivada) que contra Rosell había presentado José Manuel Soria, que en aquel momento era ministro de Industria, Energía y Turismo, presidente del PP de Canarias y rival de Rosell en los comicios.
El exmagistrado ha recibido la notificación sobre las 17.00 de este jueves en su domicilio, por lo que debe entrar en un centro penitenciario antes de esa misma hora del viernes. El alto tribunal canario ha tardado once meses en ejecutar la condena firme recaída sobre Salvador Alba.
El plazo para el ingreso voluntario en prisión del exjuez estaba paralizado desde el 15 de febrero, la fecha en la que su abogado, Nicolás González-Cuéllar, presentó un escrito en el que alegaba que su cliente padecía una enfermedad grave que le impedía viajar en avión y desplazarse hasta una de las cinco cárceles -todas en la Península- que disponen de módulos de alta seguridad para autoridades relacionadas con la persecución de delitos. Entonces restaba tan solo un día para que expirara ese plazo. Es decir, las 24 horas que ahora, ocho meses después, la Sala de lo Penal ha dado a Alba para ingresar en uno de estos centros penitenciarios, que se encuentran en Madrid (Estremera), Sevilla (Sevilla 1), Albocasser (Castellón 2), Lugo (Monterroso) y Logroño.
En este periodo hasta tres dictámenes forenses (dos de ellos anulados después de que el reo recusara a sus autoras) concluyeron que las enfermedades alegadas por Alba no eran incompatibles con su estancia en prisión y se podían tratar en estos centros, por lo que no había razón para no ejecutar la condena.
La última estratagema de la defensa del exjuez consistió en recusar al presidente del TSJC por haber contestado en una comisión del Parlamento regional a una pregunta formulada por un diputado del grupo Sí Podemos sobre la demora en la ejecución de su pena de cárcel. En esa comparecencia, Juan Luis Lorenzo Bragado defendió la “pulcritud” con la que la Sala de lo Penal del alto tribunal canario actuaba en ese “y en todos los procedimientos” de ejecución de sentencia y negó que se hubiera producido un trato diferenciado o privilegiado al caso de Salvador Alba.
La Fiscalía ya advirtió del “evidente ánimo dilatorio” de esa maniobra del exjuez, que desde febrero ha desplegado multitud de recursos para tratar de evitar o retrasar el cumplimiento de su condena.
Seis años y medio del caso Alba
El caso Alba se inició en mayo de 2016, después de que el empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, aportara en los juzgados una grabación que realizó en el despacho del entonces juez en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. En el audio de esa reunión clandestina organizada por el propio magistrado (según los hechos probados de la sentencia) se le escucha conspirar contra Victoria Rosell.
En esa cita, Alba solicitaba al empresario, al que investigaba por presunto fraude fiscal, que aportara pruebas que pudieran dañar la reputación de Rosell y, a cambio, se comprometía a archivar la causa en su contra. “Lo acreditas, lo hacemos así, lo llevamos al procedimiento y entonces, ponemos en marcha la maquinaria”, le decía a su interlocutor. “¿Y qué pasa con el fiscal?”, preguntaba Ramírez. “El fiscal se tendrá que joder”, respondía el ahora condenado.
En la grabación completa de esa conversación, aparecida en la papelera del dispositivo utilizado por el empresario para registrarla, aparece el nombre de José Manuel Soria:
Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?
Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...
Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.
Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…
Alba siguió ejerciendo hasta julio de 2018. Incluso llegó a presidir juicios como el del caso Faycán de corrupción en el municipio grancanario de Telde, que se saldó con una condena al Partido Popular (PP) como responsable civil subsidiario pese a que el exjuez, ya suspendido de funciones, lo intentó evitar a través de un voto particular en el que abogaba por absolver a esta formación. El auto de apertura de juicio oral apartó a Alba de la judicatura de forma cautelar. El juicio se celebró en julio de 2019 y dos meses después, el TSJC dictó la sentencia que lo condenaba a seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación, además de imponerle una multa de 12.150 euros y el pago de una indemnización de 60.000 euros a la víctima de sus delitos, Victoria Rosell, por los daños morales ocasionados.