Las Teresitas vuelve a Tenerife, tras pasar por Fuerteventura
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) se ha inhibido de tramitar la parte del sumario de caso Las Teresitas que incluye al exalcalde y exsenador por la Comunidad Autónoma, Miguel Zerolo. Por lo tanto, la causa continuará siendo tramitada en su totalidad en el Juzgado de Instrucción número uno de Santa Cruz en el que también se ha visto el resto que afecta a los trece acusados a los que la Fiscalía pide 52 años de prisión.
El sumario estuvo perdido durante un tiempo, en el período que medió entre su envío desde la sede del TSJC de Las Palmas de Gran Canaria a Santa Cruz, y de hecho no se sabe por qué motivo llegó a aparecer en los juzgados de Fuerteventura. En realidad se trata de otro percance más en el ajetreado viaje de este sumario compuesto de miles de folios que en su momento fue enviado desde el TSJC a la sede del Supremo en Madrid una vez que Zerolo fue nombrado senador. Al perder esta condición tuvo que hacer el recorrido pero en sentido contrario.
A partir de ahora se abre el plazo para que la acusación particular y la Fiscalía presenten su escrito con la petición de penas. El abogado, José Pérez Ventura, que representa a un grupo de vecinos ya ha adelantado que solicitará ocho años de prisión para el exalcalde por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Las peticiones de penas se distribuyen por niveles. En el primero estaría Zerolo junto con los demás ex cargos públicos, como son el entonces concejal de Urbanismo Manuel Parejo y y los ediles del PSOE Emilio Fresco y del PP José Emilio García Gómez. Para cada uno de ellos se solicitarán 8 años de cárcel y 18 de inhabilitación por los presuntos delitos de malversación y prevaricación.
En el segundo nivel estarían los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González junto con sus hijos, Pedro González y Carlos Plasencia, respectivamente. Para ellos se piden siete años de prisión y nueve de inhabilitación, pero además, por el supuesto delito de malversación de caudales públicos, también se solicitan diecisiete años de inhabilitación para el ejercicio de actividades empresariales relacionadas con las actuaciones urbanísticas.
En el tercer nivel estarían el exgerente de Urbanismo José Tomás Martín y el exsecretario de Urbanismo Víctor Reyes, a quienes se les piden veintitrés años y medio de inhabilitación y seis de prisión. En el último escalón aparecen el exsecretario del Ayuntamiento José Eugenio Zárate, el exinterventor municipal Antonio Messía y el exinterventor de Urbanismo José Luis Roca. Para cada uno de ellos se piden cinco años de prisión y diecinueve años y medio de inhabilitación.
Pérez Ventura defiende que a los cargos públicos se les considere autores directos, a los empresarios autores por inducción y a los funcionarios por cooperación necesaria. En el caso de Zerolo, Parejo, Fresco y García Gómez, los letrados aprecian que concurre el agravante de presunto abuso de confianza.
Después de años de investigaciones, las principales conclusiones de este caso se centran en la adquisición de suelo que ya era propiedad municipal, de terreno situado dentro del deslinde de Costas y de haber pagado por el frente de la playa una cantidad muy superior a su valor real.
