Un acusado del caso Unión contrata como perito al ultra Emilio Hellín, el asesino de Yolanda González

Discreto e hierático, Luis Enrique Hellín aguardaba este jueves a las puertas de la sala 25 de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, carpeta en mano, su turno para declarar en calidad de perito en la principal pieza del denominado caso Unión, la que juzga la presunta trama de comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote) y la posible financiación ilegal del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL). Hellín fue contratado por uno de los acusados, Antonio Machín, ex concejal de, entre otras áreas, Limpieza, Barrios, Parques y Jardines, para cuestionar un informe policial que desmontaba la teoría de la conspiración blandida por varios de los procesados, según la cual algunos autos dictados durante la instrucción fueron manipulados.

Según desveló el diario El País en un reportaje de investigación publicado en 2013, Luis Enrique Hellín (o Helling) es, en realidad, Emilio Hellín Moro, un histórico militante del partido de ultraderecha Fuerza Nueva (liderado por Blas Piñar) que fue condenado a 43 años de cárcel tras secuestrar, torturar y asesinar en 1980 a Yolanda González, una joven de 19 años que pertenecía al Partido Socialista de los Trabajadores y a la que el denominado Batallón Vasco Español vinculó a la organización terrorista ETA. Hellín salió de la cárcel en 1996, siete años después de ser detenido por la Interpol en Paraguay, país al que se había fugado tras un permiso penitenciario y en el que había actuado como experto informático bajo el paraguas de la dictadura de Alfredo Stroessner.

Tras cumplir condena por el crimen de Yolanda González, uno de los más brutales de la transición española (le descerrajó dos disparos en la cabeza), Hellín ha trabajado para el Ministerio del Interior, como asesor judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en su condición de ingeniero informático. Entre otros asuntos, el ultra participó en la investigación del móvil de José Bretón, condenado por el asesinato de sus dos hijos. Hace un año fue expulsado como perito de la instrucción de la operación Taula, que investiga la financiación ilegal del PP en Valencia, donde había sido contratado por el cuñado de la fallecida Rita Barberá para tratar de anular unas grabaciones.

En la sesión de este jueves del juicio del caso Unión, la cuarta que se celebra en la capital grancanaria, Hellín ha explicado las conclusiones del informe que elaboró en marzo de 2017 a petición de la abogada de Machín, Juana María Fernández de las Heras, hija de otro acusado en otra de las piezas del caso Unión, el ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife Felipe Fernández Camero.

La tesis de esa pericial es que la realizada por la sección de informática forense de la Policía Científica a petición del Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife, la que confirma la integridad y autenticidad de más de una decena de resoluciones judiciales obrantes en la causa, adolece de ciertos defectos. El informe elaborado por Hellín alienta la teoría de la conspiración esgrimida por varios de los procesados durante la instrucción, esa que defiende que varios autos (entre ellos el de la detención del propio Machín) fueron redactados después de la fecha de las actuaciones.

El perito ha explicado que elaboró el informe sin tener acceso al disco duro del ordenador de la sala polivalente del Juzgado de Instrucción 5 de Arrecife, donde se almacenaban los autos, y a partir de los metadatos de esas resoluciones judiciales (información sobre el contenido del archivo, el autor, la fecha de creación, de modificación...) Como conclusión, Hellín manifestó que el informe policial “ni analiza, ni se pronuncia” sobre determinados aspectos que, a su juicio, podrían incidir en la integridad de las resoluciones judiciales de la causa. Según su testimonio, los autos judiciales habían sido confeccionados en tres ordenadores distintos y los que figuraban en esa terminal de la sala polivalente no eran más que copias. Ha asegurado además que hay versiones diferentes de una misma resolución y que la Policía no investigó este extremo. “No sabemos qué cambia, pero son distintos. La firma electrónica no cambia. No podemos saber cuál es el auténtico”, manifestó.

En los antecedentes de esa pericial de parte, Hellín pone de manifiesto que algunos autos no aparecen firmados por el juez instructor. César Romero Pamparacuatro se había negado a firmar determinadas resoluciones al sospechar que no eran las originales, pero también rubricó otras que no lo estaban. De hecho, en marzo de 2014, su sustituta, Silvia Muñoz, dio por subsanados los errores materiales y por válidos los autos firmados por el magistrado que le antecedió en la investigación.

A pesar de ello, algunos imputados utilizaron la causa paralela a raíz de la denuncia por la sustracción de los autos para, con el empujón del magistrado Rafael Lis, que permitió que se personaran en la causa como perjudicados, cuestionar la instrucción de Pamparacuatro y la validez y las fechas de los autos. A preguntas del fiscal Javier Ródenas, Hellín ha reconocido en su declaración de este jueves que no tenía conocimiento de que esos autos estuvieran firmados desde hace años, a pesar de que la pericial tiene fecha de marzo de 2017 y, según sus propias palabras, un trabajo de este tipo no tarda “más de cinco o seis meses” en elaborarlos“. El perito justificó este significativo olvido en el hecho de que su trabajo fue realizado a partir de la documentación que le proporcionó quien le contrató, es decir, la abogada de Antonio Machín.

El fiscal también le ha recordado, para tratar de tumbar su teoría, que, según consta en el informe policial, todas las fechas de última modificación de los documentos son anteriores o iguales a las que figuran en el texto de la propia resolución, lo que descarta la manipulación insinuada.

También ha declarado este jueves Enrique Salvador Villar, jefe técnico del área de ayuntamientos de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el órgano fiscalizador de la actividad económica de las administraciones públicas del Archipiélago. Villar ha relatado todas las irregularidades detectadas en los contratos menores del Consistorio, desde el fraccionamiento de contratos para sortear los concursos o los procedimientos negociados hasta la falta de constancia de que los servicios contratados por el grupo de gobierno a los empresarios de la trama fueran efectivamente ejecutados.

La sesión ha concluido con la escucha de varias conversaciones telefónicas intervenidas y con la reproducción del careo que mantuvieron durante la fase de instrucción el ya fallecido José Miguel Rodríguez, ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife y uno de los principales arrepentidos de la causa, y Antonio Machín, entonces edil de Limpieza y Barrios. Estas pruebas versan sobre la adjudicación de obras a la empresa Infogelan Construcciones, propiedad del empresario Jesús Manuel Martín Brito, al que los interlocutores se refieren en todo momento como “el de las cabras enanas”. En ese careo, Rodríguez admite que se lucró con el cobro de comisiones ilegales por parte, entre otros, de Brito, y, aunque matiza que nunca quiso hacer pasar “un mal trago” a quien fue su compañero y su amigo, la recuerda que también él participó de esas actividades y recibió sobres del empresario.