La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional culpa a la nueva ley de vivienda y a las casas vacías del problema habitacional

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha atribuido este martes a la nueva ley de vivienda y a las casas vacías el problema habitacional que hay en Canarias, donde el 19,41% del total de los inmuebles están sin ocupar y la vivienda vacacional representa el 4,33%. Cabe resaltar que esa cifra (4,33%) representa solo a las viviendas declaradas, con permiso, pero no a las cientos que se encuentran en situación irregular y que representan un porcentaje mucho más elevado.

El gerente de la Ascav, Javier Martín, en la presentación de los estudios en torno a la situación actual de la vivienda en las islas, así como los informes de actividad de la vivienda vacacional en Canarias (siempre las oficiales, no las irregulares), de la proyección y comportamiento de la misma para este 2024, ha señalado que la falta de seguridad jurídica que genera la nueva ley de vivienda ha hecho que muchos propietarios prefieran tener las casas vacías o ponerlas en alquiler vacacional a alquiladas por larga temporada. Ninguna mención a que resulta mucho más lucrativo para el arrendador un alquiler vacacional que uno de larga duración.

Ha admitido que en las islas, donde ha recordado que hay más de 70.000 personas están en riesgo de pobreza y exclusión, hay un problema habitacional que no se puede poner en duda, pero no reconoce ninguna responsabilidad en el alquiler vacacional. Esta misma semana, sin embargo, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana reconocía en una entrevista con elDiario.es que “el alquiler turístico incide mucho en los precios” y que esas viviendas vacacionales, que salen del mercado residencial ante la perspectiva de lograr más rentabilidad si se alquilan por días, son un problema. Una situación que tensa, sobre todo, algunos territorios, como localidades de Illes Balears y de Canarias en las que suponen más del 20% de todo el parque de pisos y casas. 

Para Ascav, sin embargo, la situación es culpa de la ley y de las viviendas vacías. Así, ha denunciado que en los últimos años, lejos de reducir la vivienda vacía, lo que se ha hecho es aumentarla y desincentivarla para que se incorpore al mercado. Cabe recordar que el nuevo decreto de vivienda preparado por el Gobierno de CC-PP no contempla ninguna medida para poner en el mercado las más de 200.000 viviendas vacías que se calcula que hay en las islas.

Según la Ascav, en las islas hay 211.000 viviendas vacías, es decir, un 19,41% de todas las casas que hay, mientras que el alquiler vacacional [de nuevo, el declarado] representa el 4,33%.

“¿Dónde está el problema? ¿El problema está en la vivienda vacacional, que representa un 4%, o en la vacía, que representa un 19%? Si toda esa vivienda se pusiera en el mercado, sobrarían viviendas en Canarias”, ha manifestado la presidenta de la Ascav, Doris Borrego, que una vez más ha obviado los alquileres vacacionales no declarados que proliferan en las islas.

Según la Ascav, en los municipios residenciales, como puede ser Santa Cruz de Tenerife, la vivienda vacacional representa tan solo el 1,52% del total, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria un 2,20% y en La Laguna, el 1,06%.

Sin embargo, Borrego no ha aportado las cifras que incluyan los alquileres no declarados pero que pueden calcularse en cientos de viviendas más que los oficiales en cada municipio. Así lo desvelaba ya en 2023 la plataforma AirDNA. Tal y como declaró entonces a este periódico Alejandro Armas, geógrafo e investigador postdoctoral en la Universidad de Leipzig, Alemania, “hay un desajuste ente las viviendas registradas por la administración y aquellas que en realidad existen. Esta situación se repite en casi todas las ciudades”. Ivan Murray, doctor en Geografía por la Universidad de las Islas Baleares (UIB), agregó en el mismo reportaje que “es un mercado negro brutal de pisos ilegales. Suele fallar la inspección”.

Por tanto, las cifras aportadas desde la Ascav no reflejan la realidad completa del sector. Pese a ello, la presidenta de la asociación insiste en que “es poco creíble, por decir que es prácticamente imposible, que se le pueda atribuir a la vivienda vacacional la responsabilidad del incremento tanto de los precios de alquiler como de la falta de vivienda, pues nuestra presencia, sobre todo en los municipios residenciales, es insignificante y testimonial”, ha insistido el gerente, que no admite que su asociación representa solo a una parte minoritaria del sector, la legal, pero que este es mucho más amplio y está mucho más extendido de lo que las cifras oficiales muestran.

Según los datos de Ascav, en Arrecife hay solo 0,97 viviendas vacacionales por cada 100 habitantes, pero hay 4,83 viviendas vacías por esos mismos 100 habitantes. En Puerto de Rosario, añade, hay 1,28 viviendas vacacionales por cada 100 habitantes y 3,33 viviendas vacías por cada 100 habitantes. En las Palmas de Gran Canaria hay 1,02 viviendas vacacionales frente a 6,61 vacías y en Santa Cruz de Tenerife es “especialmente significativo”, pues hay 0,71 viviendas vacacionales frente a 8,06 vacías por cada 100 habitantes. En San Sebastian de la Gomera hay 1,96 viviendas vacacionales frente a 10,14, en Valverde 1,96 viviendas vacacionales frente a 10,14 y en Santa Cruz de la Palma 1,21 viviendas vacacionales frente a 10,29.

Ninguna de estas cifras recoge la cantidad real de alquileres vacacionales, por lo que las conclusiones de Ascav no muestran la totalidad de la problemática.

El gerente ha negado también que los 1,6 millones de viajeros que eligen la vivienda vacacional en Canarias generen problemas de gentrificación, cuando, ha continuado, la nueva ley de vivienda ha hecho retraer prácticamente un 30% el alquiler de larga estancia, y de ese 30%, prácticamente un 20% ha ido al mercado de la vivienda vacacional.

Los motivos, ha afirmado, son la falta de certidumbre y la inseguridad jurídica que le genera esta normativa. Cabe recordar, una vez más, que el alquiler vacacional sin permiso, aparte de generar ingresos no declarados y mucho más elevados que un alquiler de larga duración, está mucho más extendido de lo que reconoce esta asociación.

Desde la Ascav han insistido en que el derecho a la vivienda digna es tan constitucional como el derecho a la propiedad o el derecho a la libertad de empresa y han resaltado que muchas familias utilizan la vivienda vacacional como un complemento de renta que permite a sus hijos estudiar fuera o recibir atención sociosanitaria (privada, pues la pública no conlleva costes). Lo que no menciona Ascav es que las viviendas declaradas y con permiso son minoritarias en el sector.

Decreto de vivienda

Ascav se ha referido también al nuevo decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda del Gobierno de Canarias para hacer frente a la emergencia habitacional que atraviesa actualmente el archipiélago.

En opinión del gerente de la asociación, es positivo que a los locales comerciales se les pueda dar un uso residencial, aunque para la presidenta de la Ascav es una medida adecuada pero “totalmente insuficiente”.

Por ello, ha pedido que se invierta más en vivienda estatal, pues el parque público en Canarias es inferior al 1%, cuando la media nacional es del 2,5% y la europea del 9,3%.

También la presidenta de la Ascav ha reflexionado sobre si la falta de vivienda por qué se siguen construyendo grandes hoteles y “nada de vivienda social”.

Además ha ofrecido datos como que los propietarios de vivienda vacacional y las empresas que lo representan han llegado a convertirse en el 36% de todas las camas turísticas en las islas.

De este 36% de camas turísticas, el 27% está en manos de pequeños propietarios, ha destacado Borrego, quien ha indicado que en el año 2023 el aumento ha sido de un 30% de vivienda vacacional y reconoce que el 20% ha sido derivado por la expulsión de las viviendas del mercado de larga temporada, eso sí, lo achaca a la nueva ley de vivienda y no a un interés lucrativo de los propietarios, pese a reconocer que los precios se han disparado.

A su juicio, el alquiler vacacional ha generado 43.000 puestos de trabajo directos, pues cada inmueble supone 0,89 puestos de trabajo, de acuerdo a la Universidad de La Laguna, y genera un impacto económico de más de 2.500 millones de euros.

Precisamente un estudio de los profesores de la Universidad de La Laguna (ULL) Juan Samuel García, María del Carmén Díaz y Alejandro Armas (Universidad de Leipzig) hizo hincapié en los procesos de desposesión y gentrificación asociados al alquiler vacacional, que tras el inicio de la crisis en 2008 se reproducen en las áreas urbanas. Entre sus conclusiones destaca que “ese proceso adquiere especial importancia en los barrios céntricos que han conocido desde hace décadas, como ocurre en El Toscal (Santa cruz de Tenerife), procesos de gentrificación y en los que el avance de esa sustitución social se ve ahora favorecido por la penetración del alquiler con fines turísticos. Así pues, el funcionamiento del mercado inmobiliario se ha convertido en un factor esencial para ampliar las posibilidades de acumulación por desposesión e incrementar, en consecuencia, la segregación socioespacial”. 

Los precios se disparan en las Islas

Ha resaltado que Canarias es la única comunidad autónoma de toda España que está sujeta al pago del IGIC y que la profesionalización y el buen hacer del sector ha tenido su reflejo en el precio, que ha aumentado sustancialmente.

En Tenerife en el año 2023 el aumento medio de precio ha sido del 28%, en La Palma un 27%, en La Gomera un 23%, en Fuerteventura un 14%, en Gran Canaria un 12% y en Lanzarote un 6%.

De El Hierro no hay datos porque el alquiler vacacional en esta isla “no está aún en fase de profesionalización y digitalización”.

Para estos primeros meses del año 2024, la proyección de aumento de precio se prevé que oscile entre el 7% y el 18%, ha agregado.

El 90% de toda la oferta de viviendas vacacionales es de casas completas y un 10% se comercializan por habitaciones, como es el Bed and Breakfast o Surf Camps, que están pendientes de regulación.

Las reservas de las viviendas vacacionales se confirman con una anticipación de 28 a 35 días a través de las principales plataformas.