El Gobierno de Canarias ha anunciado este viernes las reformas del anteproyecto de ley de alquiler vacacional que presentó en abril y fue sometido a un trámite de consulta pública en el que recibió más de 3.000 alegaciones, una iniciativa legislativa que ha suscitado inquietudes entre la mayoría de los agentes sociales de las Islas.
El borrador de la norma, que próximamente llegará al Consejo de Gobierno y luego tendrá que pasar el trámite parlamentario, no recoge grandes novedades con respecto a lo anunciado hace cinco meses, por lo menos en lo que respecta a las medidas estrella: una de cada diez viviendas de cada municipio podrá dedicarse al alquiler turístico y son los ayuntamientos quienes regularán esto mediante ordenanzas e instrumentos de planeamiento en un plazo de cinco años.
Sin embargo, la Consejería de Turismo del Ejecutivo regional, liderada por Jessica de León, del Partido Popular (PP), ha añadida algunos puntos a la ley que rebajan los requisitos para la obtención de los permisos y permiten que propietarios y a la vez explotadores de viviendas vacacionales continúen con su actividad de manera indefinida.
Esa es la principal novedad del nuevo texto. De acuerdo con la disposición transitoria primera, los propietarios y a la vez explotadores de pisos turísticos podrán solicitar una “declaración responsable de uso turístico consolidado” de la vivienda correspondiente en un periodo máximo de dos años a partir de la entrada en vigor de la ley. Esa declaración es sine die, no tiene plazos “siempre y cuando” se acredite el cumplimiento de toda la normativa. Turismo sugiere que esto puede beneficiar en especial a “pequeños propietarios”.
Por otro lado, la Consejería ha reducido la superficie útil mínima de las viviendas que pretenden dedicarse a esta actividad, pasando de los 39 metros cuadrados anunciados inicialmente, a los 25 de ahora. Eso sí, deberán contar con al menos uno de los requisitos exigibles: aparcamiento privado, piscina privada o comunitaria, certificaciones de sostenibilidad… Además, Turismo ha eliminado el requisito de disponer de una toma de corriente homologada para recargar vehículos eléctricos.
Al igual que en el primer borrador, la norma ofrece a la oferta actual de viviendas vacacionales un plazo de cinco años a modo de indemnización para continuar con la explotación del alojamiento en los términos en que venían haciéndolo. No obstante, ese intervalo de tiempo puede ampliarse cinco años más si los explotadores acreditan “fehacientemente” que un lustro “no compensa” con la pérdida del título, por lo que las 61.585 viviendas vacacionales que en estos momentos están registradas en Canarias podrían continuar de la misma forma hasta 2035, más o menos.
En lo que respecta a las nuevas licencias, que también tendrán una duración de cinco años, será necesario que las corporaciones locales habiliten el suelo clasificado para ello (es decir, un 10%, salvo en La Palma, La Gomera y El Hierro, donde se eleva al 20%), que el municipio no haya sido declarado zona de mercado residencial tensionado, que “no se ponga en riesgo la protección del entorno urbano” y que el alquiler vacacional sea compatible con el “desarrollo urbanístico sostenible” de la localidad. Los ayuntamientos deberán medir todo esto a través de “un sistema de indicadores relativos”.
Los requisitos que exige Turismo para mantener las licencias actuales serán comprobados por los consistorios. Según el texto, estos tendrán que elaborar planes de comprobación y control de las viviendas vacacionales, cuya duración no deberá exceder los cuatro años.
Es conveniente recordar que muchos municipios canarios superan el máximo establecido de alquileres turísticos con respecto a las viviendas existentes. En la provincia de Las Palmas, por ejemplo, las localidades de Yaiza, La Oliva, Haría, Teguise, Antigua, Tías, Pájara, San Bartolomé de Tirajana y Mogán registran porcentajes de viviendas turísticas por encima del 10% sobre el parque total de casas. La ley no explica cómo hacer para decrecer en estos casos.
En el caso de los nuevos permisos, que se obtendrán a través de una declaración responsable junto con una memoria técnica, una cédula urbanística y una certificación registral, la Consejería espera “facilitar la verificación” de los mismos mediante el intercambio de información del Registro General Turístico con el Registro de la Propiedad. Aparte de eso, los pisos turísticos no podrán autorizarse en viviendas de menos de diez años de antigüedad y en caso de que los vecinos veten la actividad.
El Gobierno de Canarias, a la espera de posibles enmiendas, culmina así la propuesta legislativa para regular el alquiler turístico en las Islas, una de las cuestiones que más ampollas ha levantado entre la población residente y que motivó la manifestación del 20 de abril exigiendo un cambio de modelo económico.
El objetivo de la ley, según señala en su primer artículo, es “regular el régimen jurídico general” del alquiler vacacional y, al mismo tiempo, “garantizar” el derecho de la ciudadanía canaria a disfrutar de una vivienda digna.
“Canarias no tiene capacidad a día de hoy para cubrir y atender la demanda residencial habitual existente y la futura, salvo que se produzca ya, entre otras medidas, el necesario cambio en el marco normativo referirlo al uso turístico de viviendas”, sostiene Turismo.
El Ejecutivo reconoce que con la oferta vigente “en algunos núcleos de población se sufren ya las consecuencias de procesos de gentrificación y turistificación”, sin embargo, abre la puerta a que a los poco más de 61.000 pisos turísticos, se sumen al menos 40.000 más, teniendo en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene registradas casi un millón de casas en las Islas y, a partir de la entrada en vigor de la ley, una de cada diez casas canarias pueda dedicarse a esta actividad económica.