La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha revelado que las corporaciones insulares, salvo las de las llamadas “islas verdes” (La Palma, La Gomera y El Hierro), han solicitado al Gobierno de Canarias “una moratoria” en la concesión de licencias de viviendas vacacionales.
Todo ello a propósito de la “avalancha” de solicitudes tras el anuncio de la nueva ley que regulará la actividad de la vivienda vacacional, que en el caso de Tenerife se ha traducido en “más de 5.000”, ha detallado Dávila en una reciente entrevista en RNE en Canarias.
Ha explicado que la petición de esta “moratoria” de viviendas vacacionales se la trasladaron al ejecutivo regional los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife en el marco de la Federación Canaria de Islas (Fecai).
En la misma entrevista, Dávila ha abogado por una revisión del modelo turístico en Canarias, que ha sido “útil” en los últimos 50 años pero en estos momentos “no está aportando lo que la ciudadanía pide: calidad de vida”, y además implica “más presión sobre los recursos: territorio, agua, energía, patrimonio...”, ha anotado.
Opina que “es el momento” de acometer esta revisión, lo que no se hace “de la noche a la mañana”, por cuanto “las cifras del turismo son muy importantes, se baten récord de llegadas y de facturación”.
“La cuestión”, ha continuado, “es si ese éxito no va a matarnos: por tener cifras récord los ciudadanos no pueden acceder a la vivienda de alquiler” o los lugares protegidos están “masificados”.
A propósito de la “moratoria” solicitada por los cabildos, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha salido al paso para negar que esta actividad sea “la principal causa” del “problema grave” de oferta de vivienda de alquiler para residentes.
En un comunicado, la presidenta de Ascav, Doris Borrego, expresa su asombro por que sea la Consejería de Turismo la causante de “un efecto llamada y avalancha de inscripciones” de viviendas vacacionales con su anuncio el pasado octubre de una nueva ley, pues “muchas” de estas “no se anuncian” y “solo se inscribieron por si acaso”.
Alude a que la mitad de las altas corresponden a “grandes tenedores de promociones completas de viviendas en construcción, otras en planos sin construir o complejos turísticos que en parte o en su totalidad se inscriben también 'por si acaso' o porque ejercen” esta actividad.
Razón por la que, recuerda, Ascav propuso meses atrás a la Consejería de Turismo “una moratoria de un año para frenar y consensuar entre todos una normativa adaptada al modelo real” de las viviendas vacacionales, “aquel que permite a las familias canarias participar activamente”.
Ascav esgrime que la principal causa de la escasa oferta de alquiler residencial es una Ley de Vivienda estatal que, “desprotegiendo a los propietarios, ha expulsado el 40% de las viviendas de alquiler por la falta de seguridad jurídica: el 20% ha pasado a la vacacional y el resto se ha vendido o cerrado”, estima.
También apunta a una “falta de previsión de viviendas para la creciente demanda de trabajadores”, especialmente en los municipios turísticos.