La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica De León (PP), ha descartado implantar una moratoria al alquiler vacacional ante la inminente tramitación de la nueva ley regional y porque, “de facto”, deja en manos de los ayuntamientos suspender las declaraciones responsables.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista ha comentado que aunque se quisiera impulsar la medida ya no se llega “a tiempo” porque la elaboración de la ley está en su “tramo final” a la espera de pasar los filtros de los consejo de Cooperación Intermunicipal y Cooperación Insular, más el Consejo Consultivo.
Ha dicho además que los ayuntamientos tienen “mayores garantías jurídicas” aplicando su planeamiento para “suspender licencias” aparte de que el Gobierno no quiere “pasar por encima de la voluntad” de algunos, especialmente en las medianías, donde se entiende que la vivienda vacacional “ha venido a quedarse” porque permite “estimular” el desarrollo económico.
Asimismo, ha indicado que las islas verdes (La Palma, La Gomera y El Hierro) se han desmarcado del posicionamiento de las cuatro islas turísticas, que sí están a favor de fijar una moratoria. “No entendemos que tengamos que aprobar una moratoria en toda Canarias”, ha señalado.
La consejera ha insistido en que la futura ley ya incluye “parar” esta modalidad porque dice “ni una más sin planeamiento” y a partir de ahí se podrá “clasificar” a las viviendas y “distinguir lo que hoy es legal de lo que es ilegal e ilegalizable”.
Además está convencida de que la nueva ley será “eficiente y eficaz” porque da un plazo de cuatro años tanto a ayuntamientos como a cabildos “para que puedan ordenar el caos y el desorden que existe hoy en este sector”.
Patricia Hernández (PSOE) ha recordado que el Parlamento, hasta en dos ocasiones, ha rechazado la implantación de una moratoria, primero en toda Canarias y después en las islas turísticas, pese al “efecto llamada” generado con el anuncio de la nueva ley.
No obstante, la Fecai, con presidentes “de diversos colores políticos” ya ha pedido una moratoria en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, ha destacado, e incluso, la presidenta de Tenerife, Rosa Dávila, “habló de aluvión y avalancha” y también de “falta de medios” para “poner orden”.
La diputada socialista ha comentado que el alquiler vacacional “tiene un impacto” en el acceso de los residentes a las viviendas y por ello ha reclamado “consenso” con la nueva ley, con un Parlamento que tiene sus “plazos” de tramitación para que sea “eficaz y eficiente”. “Se nos va a ir de las manos”, ha advertido.
Dudas jurídicas
En la última sesión de control al Gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo (Coalición Canaria) volvió a dejar claro que no habrá moratoria al alquiler vacacional mientras continúa el procedimiento de la ley que regulará dicha actividad en las Islas, a un paso de comenzar el trámite parlamentario.
Clavijo alegó “bastantes dudas jurídicas” y el miedo a posibles indemnizaciones económicas en el caso de prohibir de manera temporal las solicitudes de pisos turísticos hasta que entre en vigor la mencionada normativa. Sin embargo, expertos consultados por este periódico han desmontado dichas “dudas”. Consideran, entre otras cosas, que hay margen suficiente para que el Gobierno canario apruebe con celeridad un decreto-ley que suspenda temporalmente la expedición de nuevas licencias de alquiler vacacional. Y ponen como ejemplo lo hecho en Baleares, que acordó en 2022 denegar durante cuatro años la creación de nuevas plazas turísticas en viviendas y no consta que haya recibido reclamaciones de indemnizaciones de particulares por ello.
La propuesta de cerrar el grifo de manera momentánea a las declaraciones responsables que sirven para explotar con fines turísticos las viviendas ha sido indicada en numerosas ocasiones por Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC). El PSOE también la ha pedido de forma “urgente”. Hasta la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) la ha solicitado.
Y mientras, en las Islas siguen disparadas las solicitudes para nuevas viviendas vacacionales, que ya superan las 61.000 (sin contar las que no tienen licencia).